13 de marzo de 2014
El impacto y alcance de esta herramienta de política económica están bajo análisis y se prevén cambios en su aplicación. Incidencia social y fiscal de los aportes estatales. Tarifas y competitividad.
Energía eléctrica. El costo del servicio en el área metropolitana es menor para los usuarios por el aporte de fondos oficiales. (Javier Castillo)
Los fondos destinados a subsidiar los servicios públicos (gas, electricidad, transporte) ascendieron a 134.000 millones de pesos en 2013. La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera resaltó que eso implica un aumento del 34% en términos interanuales. Ese incremento se explica por el fuerte impulso de las asignaciones destinadas al sector energético ($ 81.400 millones), seguidas por las del transporte ($ 19.750 millones). La cifra total asignada representa alrededor de 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y un 21% del Presupuesto nacional. Durante las gestiones kirchneristas, los subsidios fueron visualizados como un instrumento de fortalecimiento de la demanda doméstica. La presidenta Cristina Fernández sostuvo que «en aquel momento (refiriéndose a 2003) si no se hubiera subsidiado la energía, no habría sido posible apuntalar el consumo. Recién empezaba a moverse la rueda para construir industrias y abrir fábricas, mientras comenzaban las primeras convenciones de trabajo».
Declaraciones oficiales demuestran la intención de realizar algunas modificaciones a estos mecanismos. El ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró que están trabajando en la eliminación de subsidios a los servicios públicos «para los que más tienen». A su vez, la Presidenta deslizó que «no es justo que haya trabajadores que compren dólares y tengan subsidios de gas y luz». La mención presidencial estuvo en línea con manifestaciones previas del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
Por su parte, dirigentes de distintos partidos opositores denuncian que esa andanada de declaraciones sería la antesala de un fuerte «tarifazo», una vez finalizadas las negociaciones paritarias. Por el contrario, el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, advirtió: «No esperen un tarifazo ni una quita indiscriminada de subsidios porque no es nuestra política».
En realidad, la revisión del esquema de subsidios no implica ninguna novedad. La «sintonía fina» en esa materia incluyó medidas tales como:
• Eliminación de beneficios tarifarios a determinadas actividades (bancos, aeropuertos, financieras, compañías de seguro, casinos, telefonía móvil, actividades extractivas, refinamiento de combustibles, procesamiento de gas natural, biocombustibles y aceites de exportación, agroquímicos) y a usuarios residenciales de zonas de alto poder adquisitivo (countries, barrios cerrados).
• Habilitación de un registro de renuncia voluntaria.
• Suspensión de los beneficios fiscales a compañías petroleras y refinerías en el marco de los programas Petróleo Plus y Refino Plus
• Reducción de subsidios a la generación eléctrica a las provincias que incrementaron sus tarifas (Córdoba, Santa Fe, San Luis, Buenos Aires)
• Congelamiento del fondo destinado a subsidiar el transporte de pasajeros.
Lo cierto es que ese conjunto de medidas tuvo un impacto muy acotado en términos financieros.
Alto consumo
La política de subsidios es calificada como «distorsiva» por representantes de la ortodoxia económica. La idea sería que su presencia obstaculiza el normal funcionamiento de los mercados. Esas opiniones suelen adquirir un marcado sesgo en contra de los aportes destinados a la población más vulnerable. En cambio, las transferencias de recursos públicos a sectores de mayor poder adquisitivo (por ejemplo, vía financiamiento a la educación privada) gozan de mejor prensa. Otro de los motivos aducidos para eliminarlos es la necesidad de recomponer las cuentas públicas (ver Inconsistencias).
Si se decidiera implementar reformulaciones, deberían abordarse en toda su complejidad. Un recorte indiscriminado de subsidios reduciría el ingreso disponible de las familias e incrementaría el costo empresario, con una alta probabilidad de reducción del consumo, de la actividad económica y del empleo.
Además, vale recordar que el mantenimiento de reducidas tarifas de los servicios públicos fue una de las herramientas utilizadas para apuntalar el proyecto económico-social instaurado en 2003. La idea básica fue contribuir a la recuperación de los ingresos populares e incrementar la competitividad empresaria.
En ese contexto, los montos destinados al pago de los servicios de luz y gas domiciliario disminuyeron del 20% a menos del 3% del salario promedio mensual, en términos comparativos con la década de los 90. Eso determinó, entre otras cuestiones, que el consumo energético domiciliario per cápita se duplicara en los últimos años.
Así, el consumo energético hogareño argentino es un 329% superior al brasileño, un 184% más elevado que el chileno y un 174% mayor al uruguayo. Esos países también cuentan con subsidios domiciliarios aunque con criterios muy restrictivos (ver infografía).
El descenso del costo tarifario argentino se produjo a pesar de que, en el período analizado, el barril de petróleo aumentó un 374%. A su vez, el costo de la energía eléctrica consumida por las industrias argentinas es de 22 dólares (Edenor/Edesur) y 31 dólares (interior del país) por megavatio-hora (mwh). Los reducidos niveles tarifarios contrastan fuertemente con los valores vigentes en Uruguay, Brasil y Chile (254, 165 y 143 dólares, respectivamente), de modo tal que el cuadro tarifario energético argentino es un vector de competitividad para el entramado industrial doméstico.
La definición de criterios destinados a eliminar (o reducir) transferencias estatales innecesarias no resulta una tarea fácil. El esquema actual diferencia el porcentaje de subsidios de acuerdo con el nivel de consumo domiciliario. Ese criterio está avalado por diferentes estudios que demuestran la existencia de una relación positiva entre ingresos familiares y energía consumida. «Sin embargo, se observa que los umbrales en los cuales los subsidios comienzan a ser menores son muy altos y que, por ende, los subsidios máximos alcanzan a alrededor del 90% de los hogares. Por otro lado, se desprende que la demanda eléctrica depende de forma determinante de otras variables asociadas con los hogares, siendo de mayor relevancia las que tienen que ver con el tipo de vivienda (casa o departamento) y la utilización de equipos de aire acondicionado», sostiene el economista Diego Margulis en su trabajo Análisis de los determinantes de la demanda eléctrica residencial en Argentina. Implicancias en el mecanismo de asignación de subsidios.
Por otro lado, la relación entre el nivel de ingresos y la energía consumida es importante pero no definitoria. El uso de la energía suele ser menos eficiente, y por ende generar un mayor consumo relativo, en los hogares de bajos recursos. Por caso, una investigación realizada por la Empresa Provincial de la Energía santafesina reveló que el único medio de calefacción utilizado por el 70% de los hogares vulnerables son las estufas eléctricas comunes. Analistas señalan que la variable del consumo debería ser complementada con otros aspectos tales como la zona residencial y/o calidad constructiva del inmueble. La factibilidad de alcanzar este objetivo dependería del tipo de información disponible en los respectivos departamentos catastrales. En resumen, la discriminación de precios debería implementarse teniendo en cuenta el consumo y las características socioeconómicas de los usuarios domiciliarios.
La idea central sería «rearmar el esquema de subsidios, con un mayor nivel de focalización, de forma tal que los sectores más postergados de la sociedad puedan acceder al consumo de este bien energético, de modo tal que mejoren su calidad de vida, pero que las clases más favorecidas abonen un mayor precio por la energía eléctrica», concluye Margulis en su estudio.
—Diego Rubinzal
