21 de octubre de 2014
El litigio entre la Argentina y los fondos buitre acaparó la agenda de la Asamblea Anual del FMI y el BM. Los organismos reconocieron la necesidad de nuevos mecanismos de reestructuración de deuda.
La delegación argentina estuvo en el centro de todas las miradas durante la asamblea anual conjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) celebrada en Washington. La disputa contra los fondos buitre fue tema obligado de las distintas reuniones en las que participaron el ministro de Economía Axel Kicillof y el nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Alejandro Vanoli. La tarea desarrollada por los funcionarios incluyó una cena en la Embajada Argentina con representantes de think tanks, Banco Mundial y reconocidos economistas. En ese marco, el titular de la cartera económica informó que le solicitaron al juez Thomas Griesa negociar en conjunto con la totalidad de los bonistas. Kicillof reclamó una convocatoria a «una reunión con todos los acreedores que no entraron al canje: buitres y holdouts. No puedo negociar solo con el más malo de todos».
A su vez, Alejandro Vanoli se reunió con el director gerente del Banco Internacional de Pagos (BIS), Jaime Caruana, para conversar acerca de las potenciales líneas de créditos que podría otorgar ese «banco de bancos». Esas gestiones, sumadas a la reglamentación de los swaps con el Banco Popular de China, se inscriben en la estrategia del gobierno nacional de reforzar la tenencia de reservas.
Las maratónicas jornadas en la capital estadounidense culminaron con un sabor agridulce para la delegación argentina. La mala noticia fueron las pésimas proyecciones económicas difundidas por el organismo.
La buena fue que el FMI reconoció la necesidad de establecer nuevos mecanismos de reestructuración de deudas soberanas. En ese sentido, el organismo reconoció que «el litigio en curso contra la Argentina podría tener implicaciones generalizadas para futuras reestructuraciones de deuda soberana». El cuestionamiento del FMI a la forzada interpretación de las cláusulas pari passu realizada por el juez neoyorkino, fue festejada como un triunfo por Kicillof y Vanoli. Ese reconocimiento se sumó a los éxitos diplomáticos cosechados en diferentes foros internacionales (G77 + China, OEA, ONU, entre otros).
La importancia del pronunciamiento del Fondo radica en que, meses atrás, había declinado presentarse como amicus curiae ante la Corte Suprema. En esa ocasión, la oposición norteamericana frustró la participación del organismo en el litigio judicial.
En la asamblea anual, el eje del debate estuvo centrado en la propuesta realizada por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés). El 29 de agosto pasado, la ICMA anunció su decisión de modificar las reglas aplicadas en las reestructuraciones de deuda soberana. El consejero general de la Asociación, Lelan Gross, sostuvo que «las consecuencias adversas potenciales a nivel global de la deuda en default y reestructurada de Argentina demuestran la importancia de tener términos de contratos claros e inequívocos para bonos soberanos».
La ICMA nuclea a grandes holdings bancarios y financieros y cuenta con 450 miembros distribuidos por 52 países. La sede de la entidad está en Suiza pero tiene oficinas en Londres, París y Hong Kong. Esa Asociación propuso dos cuestiones independientes y complementarias: reforzar las condiciones previstas en las denominadas «Cláusulas de Acción Colectivas» (CAC); y precisar el alcance de la cláusula pari passu ya que la interpretación realizada por el juez neoyorquino Griesa conlleva «una considerable incertidumbre para futuras reestructuraciones».
Las CAC permiten a una mayoría de bonistas aprobar una propuesta de reestructuración de deuda. Las condiciones aceptadas por esa mayoría de acreedores se extienden a la totalidad de los bonistas, de idéntica manera a lo que ocurre en el caso de un concurso o quiebra privado.
Las propuestas debatidas en la Asamblea Conjunta FMI-BM fueron en idéntico sentido. Así, la declaración final «celebró» la amplia recepción de las recomendaciones realizadas para corregir futuros contratos de deuda.
La apertura al debate resulta muy saludable a pesar de que algunos especialistas adviertan que las CAC no impiden el accionar de los «fondos buitre». En declaraciones al diario Página/12, el economista argentino Martín Guzmán (integrante del equipo de la escuela de negocios de la Universidad de Columbia dirigido por Joseph Stiglitz) sostuvo que «las CAC son deseables, pero no resuelven de forma absoluta los problemas que se enfrentan en una reestructuración de deuda. Si los tenedores del 75% de una serie de bonos aceptan una propuesta de reestructuración sobre ese bono, el resto está obligado a aceptar la misma propuesta. Pero en principio podría suceder que los buitres compren el 26% de un solo tipo de bono de los varios que emite un país, y así puedan impedir finalizar la reestructuración».
La ICMA también propone que se incorpore una cláusula que agregue los distintos bonos. De esa manera, si los tenedores del 75% de la deuda total aceptan la propuesta, el resto también debe aceptarla, aun si posee más del 25% de una única clase de bono y no está de acuerdo con la misma. Esa cláusula de la supermayoría reduce, aunque no elimina, las posibilidades de actuación de los «buitres».
Pronósticos errantes
La última estimación del FMI, difundida en abril, había proyectado un crecimiento de la economía argentina del 0,5% para este año. La sorpresa fue que ahora se estima una caída del producto del 1,7% para el año en curso y del 1,4% para 2015. Para que se verifique ese nivel de contracción, sería necesario un desplome de la economía superior al 3% durante los últimos dos trimestres del año. Ese escenario resulta impensable aun en el actual contexto de estancamiento económico. El director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, reconoció que «nuestra estimación se hizo antes de la publicación de los datos oficiales del segundo trimestre, que fue mejor de lo esperado». Sin embargo, Werner agregó que «el pronóstico cualitativo de incertidumbre y desbalances macroeconómicos se mantiene. La discusión sobre las décimas es irrelevante y debe estar dentro del rango de error de nuestras estimaciones. El contexto recesivo es muy claro». Los funcionarios argentinos rechazan esta lectura. El ministro Kicillof reclamó la revisión de los números sugiriendo que las estimaciones eran una «respuesta» a la aplicación de «políticas heterodoxas y exitosas».
Los cambiantes y erráticos pronósticos del FMI están muy lejos de ser una novedad. La última crisis económica internacional detonó la realización de un estudio sobre esta cuestión por parte de la Government Accountability Office (agencia independiente del gobierno estadounidense). El trabajo relevó los vaticinios efectuados para 87 países emergentes en el período 1991-2001. Durante esa etapa, las naciones atravesaron por 134 recesiones. De ese total, el FMI apenas predijo 15. Un escaso 11%.
—Diego Rubinzal