23 de septiembre de 2015
El pronunciamiento de la ONU fortalece la posición argentina frente a los fondos buitre y la Justicia estadounidense. Informes internacionales sobre sistemas jubilatorios y desigualdad.
Votación. El canciller Héctor Timerman, el ministro Axel Kicillof y la embajadora María Cristina Perceval celebran la aprobación de la propuesta argentina. La iniciativa contó con 135 votos a favor, 6 en contra y 42 abstenciones. (Fotografia Mecon)
La pelea de la Argentina contra los fondos buitre acumula varios rounds. En uno de los definitorios, el gobierno argentino logró un valioso triunfo diplomático el pasado 10 de setiembre cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó 9 principios básicos sobre reestructuraciones de deuda soberana. La votación terminó con 135 votos a favor, 6 negativos y 42 abstenciones. Los votos positivos provinieron del bloque G-77 más China y la mayoría de las abstenciones de las naciones europeas. Los representantes argentinos celebraron que apenas 6 naciones votaran en contra de la propuesta (Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Israel y Canadá).
Los 9 principios aprobados apuntan básicamente a limitar el accionar de los fondos buitre. Uno de los puntos más relevantes determina que la propuesta de reestructuración será aplicable a todos los acreedores si resultara aprobada por una mayoría calificada.
Además, la resolución señala que las reestructuraciones de deuda deben promover «el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos». Ese principio de la sustentabilidad no deja de ser una traducción a lenguaje diplomático del planteo que hizo el expresidente Néstor Kirchner antes de la renegociación de la deuda argentina: «Los muertos no pagan».
La declaración de la ONU no es vinculante ni tiene efectos retroactivos. Por eso, el expresidente del Banco Central, Martín Redrado, sostuvo que «esa resolución es absolutamente irrelevante». Sin embargo, el fabuloso lobby que desplegó el poder financiero, previo a la votación, contradice esa idea. Por ejemplo, las autoridades alemanas presionaron a sus pares europeas para que no apoyen la propuesta argentina. Eso llevó a la paradoja de que la representación griega actuara en contra de sus propios intereses. Los belgas también se abstuvieron a pesar de que recientemente su Parlamento aprobó una legislación antibuitre.
Lo cierto es que la votación en la ONU resultó un triunfo simbólico para la Argentina. La aseveración de que no tiene efectos prácticos para la disputa con los buitres es relativa porque le otorga al gobierno una carta más de negociación e introduce esta problemática en la agenda internacional. La resolución de la ONU sienta las bases para avanzar en la discusión de un marco jurídico global. El paso intermedio sería que los diferentes países incorporen esos lineamientos a su derecho interno. Las autoridades argentinas y bolivianas ya manifestaron su decisión de avanzar en ese sentido.
La definición de reglas claras para resolver los problemas derivados del endeudamiento soberano no es solamente una preocupación argentina. Los defaults no son acontecimientos «raros» o excepcionales en el mundo. Esos eventos son mucho más comunes de lo que se piensa. Los economistas Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, de la Universidad de Harvard, contabilizaron 250 defaults desde 1800 a la primera década de 2000 en su libro Ocho siglos de crisis financieras. Historia mundial de los defaults.
El ranking de cesación de pagos es encabezado por España con 14 defaults. En América Latina, la tabla es liderada por Venezuela y Ecuador (con 11), escoltadas por Brasil (10), Costa Rica, México, Perú y Chile (9). La Argentina recién aparece detrás con 7. Rogoff y Reinhart sostienen que «el fenómeno de los defaults más bien parece un rito de pasaje universal para casi todos los países mientras transitan el camino desde la condición de emergente a la de Estados desarrollados». La conclusión de los investigadores de Harvard es que los defaults son inherentes a las economías.
Días después del pronunciamiento de la ONU, los buitres recibieron otra mala noticia. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtió una decisión del juez Thomas Griesa a pedido del gobierno argentino. En este caso, la Corte rechaza la intención de Griesa de aceptar una demanda colectiva de bonistas no identificados y por un monto indeterminado y le exige que determine identidad y monto de la demanda mediante una «audiencia de pruebas».
Nos vamos poniendo viejos
El descenso de las tasas de fecundidad e incremento de la esperanza de vida provoca un envejecimiento de la pirámide poblacional. La buena noticia (que la gente viva más tiempo) implica serios desafíos en materia económica como, por ejemplo, el financiamiento de la asistencia sanitaria y de jubilaciones y pensiones.
En la actualidad, el 12,3% de la población mundial (unos 900 millones de personas) tiene más de 60 años. La organización no gubernamental HelpAge estima que ese porcentaje ascenderá a un 16,5% para 2030 (1.400 millones) y a 21,5% (2.000 millones) en 2050.
Según HelpAge, los tres mejores países del mundo para envejecer (teniendo en cuenta tres aspectos: ingresos, sistema sanitario, entorno social favorable) son Suiza, Suecia y Noruega. En ese marco, los responsables de esa ONg hicieron un llamamiento a respetar los derechos de los adultos mayores. El documento denuncia que los ajustes económicos, implementados en varios países europeos, están deteriorando el bienestar de esa franja etaria. En América Latina, la CEPAL estima que el porcentaje de personas mayores de 60 años crecerá del 8% (año 2000) al 23,4% (año 2050) de la población.
En 2050. La CEPAL estima que el número de mayores de 60 años
alcanzará el 23,4%. (Jorge Aloy)
En esa línea, el Estudio Económico y Social Mundial 2007 de la ONU señalaba que «en los próximos decenios se registrará un envejecimiento más rápido de la población en los países en desarrollo que el que se registró en los países desarrollados y en los países con economía en transición. Como consecuencia de ello, la población envejeciente en el mundo se irá concentrando cada vez más en los países en desarrollo. Para 2050 se prevé que el 79% de las personas mayores de 60 vivirá en países en desarrollo».
La disminución de la población en edad laboral y el aumento del sector pasivo desafían la viabilidad financiera del sistema de pensiones. Sin embargo, el informe de la ONU destaca que «la sostenibilidad financiera es un principio rector importante en el diseño de un sistema de pensiones, pero no es el único: el fundamento debe ser un sistema universal de pensiones que proporcione un mínimo de seguridad a los ingresos y ponga a las personas de edad a salvo de la pobreza».
Distribución del ingreso
El patrón de crecimiento posconvertibilidad alteró significativamente la dinámica laboral. La creación de millones de empleos, acompañada por una sostenida recomposición salarial, incrementó la participación de los trabajadores en la distribución funcional del ingreso.
Las mejoras en el mercado de trabajo fueron complementadas con una activa política de transferencia de ingresos a los sectores más vulnerables (ampliación de la cobertura de beneficios jubilatorios, Asignación Universal por Hijo, Plan Progresar, etcétera). Esas políticas públicas atenuaron la fuerte desigualdad social heredada de la etapa neoliberal.
Ese logro acaba de ser resaltado por el propio Fondo Monetario Internacional (FMI). Un reciente informe, elaborado por la economista Nora Lustig, señala que «mientras que la desigualdad aumentó en casi todas las regiones del mundo, en la mayoría de países latinoamericanos disminuyó desde 2000».
El estudio ubica a la Argentina entre los 5 países que más redujeron la desigualdad. Los países que encabezan la tabla son: Nicaragua, Bolivia, Ecuador y El Salvador. «La distribución más equitativa del ingreso laboral entre los asalariados y los trabajadores autónomos es el factor más importante, que explica el 60% de la corrección de la desigualdad en la región. El segundo factor en importancia que contribuyó a corregir la desigualdad fueron las transferencias gubernamentales, que en promedio explican alrededor del 20% de la reducción», destacó el Fondo.
El organismo subrayó que «además de mejorar los niveles de vida de los pobres, las transferencias monetarias han contribuido a la salud, la educación y la nutrición de los niños que viven en condiciones de pobreza y, por ende, encierran la promesa de mejores oportunidades de empleo en el futuro. Muchos países de América Latina también han instituido pensiones no contributivas para brindar un mínimo de ingresos a la población de la tercera edad que no forma parte del sistema formal de seguridad social».
—Diego Rubinzal
