27 de diciembre de 2021
El Gobierno nacional reabrió tres delegaciones oficiales clave para el monitoreo del transporte fluvial que habían sido cerradas en 2018 y 2019.
Soberanía. La medida revierte, en parte, la privatización del control del Paraná y Uruguay.
MARCELO MANERA
«La ausencia del Estado en esta actividad implica su exclusión en materia de control y monitoreo sobre lo que acontece en las obras de márgenes del litoral fluvio-marítimo argentino, así como la pérdida de patrimonios territoriales en beneficio de especulaciones inmobiliarias», señala la evaluación que realizaron los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ante la decisión del entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en 2018 y 2019, de cerrar tres áreas clave de la Dirección Nacional de Vías Navegables.
En aquel momento, con una mirada que las actuales autoridades definen hoy como «sesgada y privatista», el gobierno de Cambiemos desactivó dos delegaciones en la provincia de Entre Ríos (Paraná Medio y Río Uruguay) y una en Corrientes (Paraná Superior). Los dirigentes gremiales advirtieron entonces que no solo se producían cientos de despidos, sino que además se avanzaba hacia la tercerización de servicios «privatizando el control de nuestros ríos». Dicho riesgo parece empezar a sortearse con recientes resoluciones de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante que revirtieron aquella operación de desguace. Hoy se interpreta que las medidas del Gobierno anterior se orientaron «al desmembramiento y desmantelamiento de la estructura estatal necesaria para asegurar la adecuada prestación de las funciones que se encuentran a cargo de estas reparticiones».
Descontrol planificado
Las tres resoluciones de la Subsecretaría, de principios de diciembre, resaltan la necesidad de «recuperación de la soberanía en materia de navegación fluvial» con «la presencia del Estado como actor insustituible e indelegable para la articulación, protección y promoción de los intereses nacionales». Lo cierto es que el diseño de la última experiencia neoliberal buscó favorecer tanto a exportadores como a los administradores del curso conocido como Hidrovía, al reducir el monitoreo de sus actividades. En el caso del distrito del Paraná Superior, cabe recordar que atiende el control del dragado y balizamiento en la región fluvial del Noreste, desde Goya (Corrientes) a Iguazú (Misiones) y del área de Confluencia con el río Pilcomayo, en el límite de Argentina con Paraguay.
El delegado de ATE en Vías Navegables, Oscar Verón, denunció entonces que suprimir esa delegación estatal favorecía «aún más a la empresa belga administradora de la Hidrovía que tiene bajo su órbita el balizamiento y dragado de los ríos. Ahora nadie va a controlar que cumpla con sus obligaciones», señalaba. El descontrol planificado incluía otros negocios: estaba previsto que los predios desafectados se traspasaran al denominado Plan Costero, que contemplaba un importante proyecto inmobiliario con construcción de torres y otros emprendimientos para su urbanización.
La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables justificó la reapertura de la delegación correntina para recuperar «el mantenimiento y control de los ríos, y en particular del río Paraná, que se constituye como una de las vías troncales de navegación interior más importante del Cono Sur y de Argentina». Además de los dirigentes de ATE, las reaperturas habían sido reclamadas por el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, encuadrado en la CGT. La Dirección de Operaciones de la Subsecretaría, en tanto, destacó que en la etapa actual «la navegación de bandera nacional y todo el proceso de prestación de servicios en materia de dragado fluvial se encuentran en pleno proceso de rediseño, ampliación y profundización», mediante «el protagonismo estatal en la definición de lineamientos y, eventualmente, en la propia prestación de servicios». La nueva mirada política y estratégica, afirman en el ministerio de Transporte, tiene como eje central la reconfiguración en el manejo del sistema de la Vía Navegable Troncal. Ese proceso fue encargado al exintendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien ya adelantó que en breve se asumirán definiciones sobre canales, inspecciones, traza del dragado y otras cuestiones que hacen al mantenimiento y al desarrollo de las vías navegables.
