15 de septiembre de 2023

Mirta Quiles

Adoptar el dólar como moneda oficial, según propone el candidato a presidente Milei, implicaría un nuevo ciclo de toma de deuda, pérdida de soberanía económica y un fuerte deterioro de los ingresos.

Para que la salida del régimen de Convertibilidad de los años 90 fuera factible, debieron madurar una serie de condiciones, como el propio agotamiento del régimen en su lógica intrínseca −toma de deuda, ingreso de capitales y valorización garantizada por el Estado−, una constante reducción del gasto público y en paralelo, de los ingresos de la población. Pero no solo económicas, sino que, «simbólicamente», como lo llaman los cientistas sociales, tuvo que deshacerse −lenta y trabajosamente− el denominado consenso de la Convertibilidad en amplios y transversales sectores sociales desilusionados tras no haber sido «salpicados» por el derrame tantas veces anunciado. El progresivo empobrecimiento que afectaba a la mayoría de la sociedad, con niveles de desempleo de dos dígitos, estalló en diciembre de 2001. Hoy, a poco más de dos décadas, ese consenso parece haber virado hacia la fase suprema de la Convertibilidad: la dolarización.
¿Qué es dolarizar una economía? Simple en su definición, compleja en su implementación y trágica en sus consecuencias. Dolarizar implica reemplazar los pesos existentes por dólares. Que no circulen más pesos. Esta «alternativa requiere tomar deuda por la suma de dólares equivalente a todo el circulante, las reservas de los bancos y los depósitos existentes en pesos. ¿Cuál es ese valor? Se calcula entre 40.000 y 60.000 millones de dólares, tan solo para comenzar, es decir el equivalente (o más) al préstamo del FMI a Mauricio Macri en 2018», señala el último documento de debate del Departamento de Economía Política (ECOPOL) del Centro Cultural de la Cooperación. «En el escenario presente (y recurrente en la economía argentina) de escasez de dólares, la dolarización implicaría, por lo menos, una mega devaluación para reemplazar los pesos existentes con los dólares disponibles en el Banco Central, sumado a un mayor nivel de endeudamiento externo», concuerda el Centro de Economía Política (CEPA). Pero no solo de deuda en el primer momento requiere la dolarización. «Para sostener ese modelo, no solo se necesita un financiamiento al inicio del proceso, sino que se necesita un endeudamiento continuo o en su defecto superávit comercial para sostener los pagos de deuda, de remisión de utilidades, pero además para sostener el ahorro y el consumo que requiere la economía cuando crece», afirma ECOPOL. «Si se realiza un análisis integral de la propuesta de dolarización, los escenarios deben incluir la colocación de deuda como variable clave, para garantizar el ingreso de dólares que financien el nuevo esquema y respalden la totalidad de los pasivos a cubrir. Esto es lo que denominan “liquidar el Banco Central”, es decir, cancelar todos los pasivos del BCRA y poder prescindir del mismo», agrega el CEPA.

Instrumentos y salarios
Pero no solo toma de deuda continua, sino también, enajenar las «joyas de la abuela»: las carteras de títulos públicos del Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), la participación accionaria en YPF, la cartera de acciones y depósitos a plazo fijo del FGS y cualquier otro activo o flujo de ingresos monetizable. «La convertibilidad, que fue una dolarización amortiguada porque tenía salida, ¿cómo funcionó?», se pregunta el diputado nacional Carlos Heller en una entrevista radial. «Tiramos a la hoguera, lo que ahora dice Ocampo, “las joyas de la abuela”, toda la colección de joyas que tenía la abuela para sostener un tipo de cambio insostenible, porque el tipo de cambio refleja la productividad de un país. La moneda refleja la relación de las fuerzas productivas de una economía. Entonces, cuando vos la querés hacer de manera artificial, le tenés que estar haciendo transfusiones de sangre permanentemente para cubrir esa diferencia. Por lo tanto, como bien dice Ocampo, para llevar adelante la dolarización hay que volver a hipotecar las “joyas de abuela”. Es decir, retroceder en todo lo que se ha recuperado en estos tiempos trabajosamente», agrega.
Como si esto ya no fuera suficiente, la dolarización implica además la pérdida de la caja de herramientas de política económica (cambiaria, fiscal y monetaria) ante cualquier crisis internacional y/o nacional. Así, la capacidad de intervención en momentos de crisis para amortiguar shocks externos, y atenuar el impacto recesivo ante una caída de los precios internacionales, quedando el país expuesto y sin reacción.
El argumento político más utilizado por los partidarios de la dolarización tiene como eje el retorno de la certidumbre y el fin de la inestabilidad de los ingresos, producto del contexto inflacionario que vive el país hace casi una década. Sin embargo, lo que no explicitan es que «la conversión de pesos por dólares supone un gran ajuste en el valor del tipo de cambio. Se trataría de una gran devaluación con impacto en salarios e ingresos de la población», señala el informe del CEPA. De acuerdo al valor de tipo de cambio que se establezca, «la pérdida de poder adquisitivo en dólares se ubicaría entre 65% y el 91%. La perspectiva es de lisa y llana licuación salarial», agrega el Centro. En consecuencia, «la dolarización no resuelve la raíz estructural de los desequilibrios macroeconómicos en Argentina, sino que elimina la moneda propia, ajusta drásticamente el déficit fiscal (con lógico impacto en partidas sociales), licúa salarios e incrementa el endeudamiento, abandonando la opción productiva. Es un cambio de ordenamiento profundo para virar hacia una economía para unos pocos», concluye el CEPA.
En un trabajo de Ana Castellani y Mariano Szkolnik de 2011, donde analizan «La construcción social de las alternativas propuestas por los sectores dominantes ante la crisis de la Convertibilidad. Argentina 1999‒2001, Devaluacionistas y dolarizadores», los autores sostienen en sus conclusiones: «Lo más importante para destacar es el hecho de que las alternativas en torno a la salida de la convertibilidad que se instalaron y discutieron públicamente fueron las diseñadas por las fracciones sociales más beneficiadas por los cambios generados en el funcionamiento económico de la Argentina de los 90. Una vez más, al igual que en la crisis hiperinflacionaria de 1989, la lectura e interpretación de los procesos económico-sociales quedó en manos de los sectores dominantes, imposibilitando la construcción de una alternativa viable que permitiera mejorar las condiciones materiales de vida de la mayor parte de la población».

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