El gobierno pretende solucionar la crisis del sector desregulando el mercado. Los pequeños productores y los cooperativistas adelantaron su rechazo. Este año solo lograron un aumento de 10% en el precio de venta de la hoja seca.
13 de junio de 2018
Tareferos. Los gremios denunciaron que los trabajadores no fueron consultados. (Natalia Guerrero Zabrodiec)
Como solución a la crisis que atraviesa la industria yerbatera, el gobierno propone la desregulación de la actividad, la misma receta que aplica sin éxito con todas las economías regionales. Los pequeños productores y las cooperativas adelantaron que no están dispuestos a que se desregule la actividad y deje de haber un precio sostén para el productor. En tanto, el Ministerio de Agroindustria publicó en el Boletín Oficial la resolución que fija los precios para la producción primaria de yerba mate correspondientes al período 1° de abril – 30 de septiembre de 2018. La tonelada de hoja verde tiene un precio de 7.020 pesos, mientras que la tonelada de yerba canchada llega a 26.040. En ambos casos se considera el producto puesto ya en secadero.
El de la yerba mate es el único sector primario cuyos precios están regulados desde la crisis yerbatera de 2002. La Ley 25564 define que en primera instancia los valores obligatorios deben surgir de un acuerdo de consenso entre los distintos sectores que integran el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Por lo cual, se requiere del laudo oficial a la negociación entre las partes. Los precios contenidos en la Resolución, firmada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo Bernaudo, implican un aumento para el productor de poco más del 10% –frente a una inflación para 2018 de más del doble–, ya que los últimos valores vigentes para el período octubre de 2017 a marzo de 2018 eran de 6.300 pesos por kilo de hoja verde y de 23.300 de yerba canchada.
Negociación
A principios de año se inició una instancia de negociación mediante una Mesa Yerbatera en la que los gremios denunciaron que se habían quedado fuera de la discusión, por más que esas decisiones afecten a la masa laboral, de la cual se estima que unos 17.000 jornaleros (más de la mitad) realizan su actividad de manera informal. La diputada María Cristina Britez (FpV-PJ) denunció a fines del año pasado que en algunas localidades de la provincia de Misiones, los productores de yerba les pagan a los tareferos con «vales de supermercado» que cambian por mercadería, producto de la crisis que sufre la industria.
La desregulación del sector implica que el gobierno deja de controlar los precios a través del INYM y, además, se propone desmantelarlo. Mauricio Macri le adelantó a principios de abril al gobernador misionero, Hugo Passalacqua, su intención de desregular la actividad yerbatera, posición que el mandatario provincial rechazó por «inviable y no ser la solución». Mientras que el secretario de Agricultura Familiar, Santiago Hardie, quien también estuvo en Misiones, ratificó que la liberación de precios será debatida en la Mesa de Competitividad de la Yerba Mate y afirmó que el tema «se definirá por consenso».
Las entidades de la producción ya anticiparon que no negociarán ese tema. Son prácticamente 15.000 productores yerbateros, sumados a cooperativas y a pequeños y medianos secaderos. «Nosotros tenemos varios puntos que consideramos importantes, como la finalización del censo yerbatero, la puesta en marcha de un mercado electrónico para que los productores cobren directamente por cajero o en el banco, que se disponga una limitación de las plantaciones y también que haya un plan de moratorias», enumeró Julio Peterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte. Pero aclaró que la desregulación de los precios «no se negocia». El sector considera al INYM como una herramienta a defender. «No queremos volver a la década del 90, cuando cambiábamos 1.000 kilos yerba por una bolsa de harina, un bidón de aceite, carne y un par de alpargatas», graficó el dirigente.
