Reconocida como uno de los motores de la economía, la actividad lleva ocho meses seguidos de caída y no encuentra piso, como consecuencia de la contracción de la obra pública y de la ralentización de la privada. Pérdida de puestos de trabajo.
26 de junio de 2019
Parate. El ajuste llegó a los proyectos de infraestructura nacional, como autopistas, rutas y caminos. Las provincias son las más afectadas. (Carlos Brigo/TÉLAM)
La construcción, uno de los pilares en los que se basó la frágil primavera del repunte de la economía en 2017 (año de elecciones legislativas), 24 meses después no muestra señales de revertir su caída, que comenzó en septiembre del año pasado. Así, en abril y por octavo mes consecutivo, el sector registró una caída interanual del 7,5%, de acuerdo con el último Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el desagregado, el relevamiento mostró que las caídas más importantes entre los insumos del sector fueron en pisos y revestimientos cerámicos (27,2%); artículos sanitarios de cerámica (22,5%); cales (16,8%); mosaicos graníticos y calcáreos (16,3%); y tres materiales esenciales: -15,2% ladrillos huecos, -8,4% asfalto y -6% cemento. Este último acumula en el primer cuatrimestre del año una caída del 9,5%, descenso que viene desde hace 11 meses.
Según el Informe de Coyuntura de la Construcción de marzo/abril 2019 del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), «los ladrillos huecos, relativamente más ligados a las obras residenciales, culminaron el primer trimestre del año en un nivel históricamente bajo, superado por toda la serie desde 2012. Y el asfalto, unívocamente vinculado con las obras de infraestructura, fue tan solo superado por el nivel de 2018, producto de un derrumbe de más del 22% interanual».
Sin embargo, y a pesar de las sucesivas caídas del sector, el Gobierno encontró en abril, un dato para festejar. El Indec comunicó que la superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en una nómina representativa de 60 municipios, registró una suba del 36,5% con relación al mes anterior y 16,2% en comparación con 2018. Dicha algarabía de Cambiemos no hace más que poner en evidencia la orden del comando de campaña macrista: celebrar los –escasos– índices positivos y desentenderse de los negativos.
PPP
Desde su primer año de gestión, el Gobierno nacional presentó los proyectos de Participación Público Privada (PPP) como uno de los motores que reactivarían la economía y crearían miles de empleos. En el esquema –que permite la asociación entre Gobierno y empresas privadas para realizar las obras– las compañías que ganan la licitación quedan a cargo de la gestión del proyecto: subcontratan servicios, compran insumos y toman préstamos en el exterior. Sin embargo, a poco de finalizar su mandato, el macrismo no puede presentar ni un solo avance de los PPP. Porque en el medio, se colaron el acuerdo con el FMI –que no ve con buenos ojos esta modalidad contractual–, la corrida cambiaria y un riesgo país por las nubes. Pese a que hasta marzo, algunos funcionarios del Ejecutivo seguían afirmando que los PPP permitirían amortiguar el efecto recesivo, el Gobierno suspendió todos los proyectos de infraestructura vial, energética, educativa y ferroviaria que pretendía financiar a través de este régimen debido a que infraestructura es el rubro del gasto más castigado por el programa de austeridad aprobado por el Fondo. De acuerdo con el Informe de Coyuntura de mayo del Instituto de Economía y Trabajo (ITE), «en los meses de enero y febrero la construcción había morigerado su caída debido a los desembolsos del sector público. Sin embargo, durante marzo y abril la obra pública volvió nuevamente a presentar una profunda contracción. En abril los gastos de capital del sector público se redujeron 32,4% anual, en gran parte por una baja de la obra vial, seguida por un atraso en la cadena de pago de los contratistas públicos. Si se observa a nivel desagregado, los gastos de capital a nivel nacional se incrementaron 4,3% en términos anuales, pero las transferencias a provincias y municipios de desplomaron un 55,5%».
A fines de mayo, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) emitió una declaración en la que advierte sobre el derrumbe de la actividad ante la falta de crédito y el ajuste en la obra pública. Al mismo tiempo, alertó sobre «una abrupta caída del empleo en pocas semanas», debido a la finalización de proyectos de infraestructura de magnitud. En lo referido a la obra pública, los constructores se quejaron por las demoras en los pagos de certificados y del desfasaje de costos ante la elevada inflación. En BAE Negocios, el periodista Ignacio Ostera publicó que «en el sector comentan que la Dirección de Vialidad llamó a los contratistas para avisarles que hay órdenes de parar las obras en los llamados “contratos crema”, que son a cinco años: dos de carpeta asfáltica y tres de mantenimiento. Es que la Rosada pidió un recorte adicional sobre esas partidas ante la necesidad de llegar al déficit cero, mientras que el aumento de costos por encima de la inflación proyectada en el Presupuesto vuelve insuficientes las sumas aprobadas por el Congreso». Pasaron cosas.
