Economía

Sin protección

Fuertes críticas de un informe oficial a los programas habitacionales porteños para personas en situación de calle. Irregularidades, discriminación y hacinamiento.

 

Desalojos. Cuando las familias no tienen a dónde ir quedan a merced de las precarias soluciones del Gobierno de la Ciudad. (Télam)

El distrito más populoso y denso del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es también el de mayores contrastes. Esa característica se aprecia a simple vista en el tema habitacional, con un importante crecimiento de construcciones privadas destinadas a capas medias y altas de la población, y la flagrante ausencia de una política de vivienda social. Un déficit que implica la persistencia de la mala calidad de vida de los habitantes de villas de emergencia y de los barrios del sur de la Capital Federal. A ese cuadro se añade un costado menos conocido, el de los hoteles de baja categoría que alojan a personas en situación de calle, recientemente relevado por un informe judicial.
El estudio aporta conclusiones más que inquietantes y confirma la profundización de la tendencia a desalentar, o directamente expulsar del territorio, a los habitantes de menores ingresos. Se detectó, por ejemplo, una serie de irregularidades en la mitad de los hoteles de los programas porteños para «familias en situación de calle» (implementado desde 2006) y de «apoyo habitacional» (creado en 2009). A su vez, 13% de los establecimientos relevados ni siquiera está habilitado; 2 de cada 5 no aloja a niños y jóvenes (de 0 a 18 años); y solo 8% admite a grupos familiares de 5 o 6 personas.
Otro dato destacado: el subsidio máximo de 1.800 pesos mensuales otorgado por el Gobierno de la Ciudad, con un máximo de 10 meses, es insuficiente en comparación con los costos reales del mercado y no llega a cubrir el alojamiento familiar en el 80% de los hoteles de baja categoría.

 

Relevamiento
El informe fue realizado en los meses de febrero y marzo pasados por la Asesoría Tutelar N° 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA. El Ministerio Público Tutelar, como órgano del Poder Judicial, se encarga de promover el acceso a la Justicia y el respeto, la protección, promoción y satisfacción de los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes y personas con padecimiento en su salud mental.
Las conclusiones del relevamiento realizado fueron elevadas a la ministra porteña de Desarrollo Social, Carolina Stanley, para transmitirle la «preocupación por la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes y personas con padecimientos mentales». El asesor tutelar, Gustavo Daniel Moreno, atribuye responsabilidades en el trabajo a «la política pública de emergencia habitacional llevada adelante por el poder ejecutivo local, juntamente con el mercado privado hotelero de esta ciudad». Moreno explicó que el informe se viene realizando desde 2011 y sus conclusiones son presentadas cada año a las autoridades responsables de la Ciudad, incluida la Agencia Gubernamental de Control, que tiene poder de policía sobre los hoteles, y el Instituto de Viviendas de la Ciudad (IVC), «que históricamente no ayuda, aunque tiene la obligación de brindar vivienda definitiva y adecuada para las familias carenciadas sobre todo».
La radiografía judicial se llevó adelante sobre una muestra de 125 hoteles en los barrios de Almagro, Balvanera, Barracas, Constitución, Flores, Monserrat, Nueva Pompeya, Recoleta, San Cristóbal, San Nicolás, San Telmo y Villa Crespo. Además de la recolección de datos a través de una encuesta, se libraron oficios a las direcciones generales de Habilitaciones y Permisos, y de Fiscalización y Control. Estas reparticiones, sin embargo, no respondieron a los requerimientos formulados por la Asesoría en el 44% y el 36% de los casos, respectivamente. Del mismo modo se constató la «falta de colaboración» de los hoteleros, ya que 39% se negó a contestar. Aun así, la Asesoría Tutelar comprobó que el 39% de los hoteles que brindaron datos se negó a emitir presupuestos por escrito. Lo que pone de manifiesto que además de los requisitos que los beneficiarios o grupos familiares deben sortear para acceder al subsidio habitacional, se agrega la arbitrariedad de los criterios de admisibilidad que imponen los propios hoteleros.
La discriminación a familias numerosas –de acuerdo con el informe– es evidente para los grupos compuestos por 4 personas, que solo tienen posibilidad de acceder a una habitación en el 5,3% de los hoteles; mientras que para los de cinco personas no se encontraron vacantes en ningún hotel. «El derecho de admisión no puede ejercerse de forma arbitraria e irrazonable, de modo que implique la lesión de derechos a terceros, como las personas menores de edad que se ven privadas de acceder a una vivienda por pertenecer a familias pobres», advierte Moreno.
El informe destaca, por otra parte, que las familias subsidiadas no reciben visitas del Ministerio de Desarrollo Social, lo que revela la falta de seguimiento y colaboración de los funcionarios de la Ciudad. A esto se suma que una elevada proporción de las inspecciones realizadas en los hoteles por Fiscalización y Control (el 29%) fue realizada solo después de que esa Dirección fuera intimada por oficios judiciales.

 

Inhabitables
Con relación a las condiciones de habitabilidad (o hacinamiento), el 92% de las habitaciones en hoteles de baja categoría no posee cocina privada –que se sustituye con anafes–, ni privacidad en la conservación de alimentos para consumo familiar. El 84% de los hoteles porteños para indigentes carece de áreas de uso común (destinadas a actividades recreativas o de esparcimiento familiar) y en apenas 8% existen baños privados. Lo cual se traduce en la ausencia de condiciones mínimas de vida digna y adecuada, resalta el informe.

Contrastes. Construcciones lujosas
y total ausencia de vivienda
sociales. (Jorge Aloy)

De la observación realizada en las visitas a los hoteles surge además que se presentan como «lavaderos» a espacios generalmente ubicados en terrazas, con dos o tres piletas destinadas a lavar ropa a mano y tenderla en el lugar, lo cual suele provocar conflictos entre inquilinos por el robo de pertenencias. En solo 5 hoteles se comprobó que tienen adaptada su infraestructura para facilitar la circulación de personas con dificultades en su movilidad y traslado.
El informe de la Asesoría Tutelar porteña resalta que los titulares de hoteles privados poseen una relación jurídica «de dudoso sustento contractual» con el Gobierno porteño, en el marco del programa de Apoyo Habitacional. Lo cierto es que a mayo del año pasado recibían 36,5 pesos diarios por persona, es decir, 1.095 mensuales y 4.380 pesos mensuales en el caso de una familia tipo de 4 personas. Esto es, un 243% más de lo que recibe cada familia como subsidio.
Moreno agregó que a pesar del requerimiento oficial efectuado en diciembre de 2014 y reiterado en marzo y abril de este año, «el Ministerio de Desarrollo Social no ha informado cuánto paga por día y por persona a los hoteleros en la actualidad».
La respuesta gubernamental, según el funcionario judicial, es «evidentemente desigual y discriminatoria» en desmedro de las familias y «los únicos que ganan siempre en ambos programas son los hoteleros, quienes previamente al “operativo frío” de cada año aumentan sus precios». El monto de dinero transferido desde Desarrollo Social a la familia, y recibida por el propietario del hotel, dice el análisis, se presenta como una política social que satisface las necesidades de una familia con niños, a un costo distinto y menor que cuando se paga directamente a los hoteleros. La realidad es que el valor de una habitación supera la cotización de mercado cuando paga el Estado.
El informe observa que, a pesar de la abundante legislación que existe en materia habitacional, el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado «no queda garantizado a través de ese tipo de programas habitacionales, que lejos están de abordar la problemática de forma integral». Para el asesor tutelar Moreno es evidente «una relación hasta política del Gobierno de la Ciudad con el mercado hotelero y un aprovechamiento de la pobreza, que es un negocio para los hoteles».
«Surgen interrogantes –concluyó el funcionario judicial– con respecto a los criterios de selección del universo hotelero, a la discrecionalidad del aumento progresivo de los montos transferidos, su operatoria y control, y fundamentalmente, el enigma de por qué una operatoria supera a otra en tan altas cifras».

Daniel Víctor Sosa