13 de mayo de 2016
Una de las primeras medidas del gobierno actual ha sido dictar el Decreto pen N°134/2015 y resoluciones del Ministerio de Energía y Minería y del enre, por las cuales se suprime el régimen de subsidio al consumo de energía eléctrica y se fija un nuevo cuadro tarifario. Estas medidas van en detrimento de los/as trabajadores/as y se suman a tantas otras, deteriorando la calidad de vida de las familias.
Queremos poner especial atención en el impacto que estas medidas tienen en las empresas recuperadas y cooperativas de trabajo. A modo informativo, según datos provistos por 13 cooperativas de trabajo y empresas recuperadas de caba y gba, que desarrollan distintos tipos de actividades, los aumentos de la facturación de energía eléctrica oscilan entre 200% y 900%, de acuerdo con el volumen de producción, espacio físico y la actividad que desarrollan. Como vemos, esta medida afecta directamente el derecho al trabajo consagrado por la Constitución Nacional, peligrando en muchos casos la continuidad de las cooperativas, que se traduce a futuro en el aumento de la desocupación. Adicionalmente, de las 13 organizaciones, 9 sufrieron una caída en los niveles de la producción, y si bien disminuyeron el consumo de energía, están sufriendo una reducción en los ingresos que perciben los/as trabajadores/as y sus familias.
La energía eléctrica es un servicio público y como tal, debe ser garantizado su acceso, tanto para la producción como el uso domiciliario. Por ello, se hace fundamental profundizar en los mecanismos normativos que resguarden el desarrollo de organizaciones autogestionadas. En este sentido, creemos fundamental el desarrollo de audiencias públicas donde los/as trabajadores/as autogestionados/as puedan expresar esta situación a fin de hacer valer sus derechos.
