23 de mayo de 2018
Los aumentos tarifarios de los servicios públicos han sido un tema recurrente desde la asunción de Mauricio Macri. Los impactos de las tarifas atraviesan a los hogares y a la producción nacional, con fuerte impacto en las pymes y las empresas autogestionadas por sus trabajadorxs. Al punto que en Diputados se presentaron distintas iniciativas que dieron cuenta de esta problemática del sector, y que conjugaron en un proyecto de ley que logró media sanción, abriendo la puerta para pensar estrategias que reviertan los impactos. Compartimos algunos datos preocupantes de fines de 2015 y principios de 2018. La Cooperativa Gráfica Chilavert pasó de pagar $3.000 a $41.000 de luz, la Cooperativa Textiles Pigüe, de $29.200 a $549.000, y la Cooperativa Hotel BAUEN pasó de $25.000 a $220.000 de luz, de $11.000 a $70.000 de gas y de $65.000 a $250.000 de agua.
Estos aumentos se dan en un contexto de caída de la producción por el achicamiento del mercado interno y la apertura de importaciones, que tiende a la baja el consumo de energía, gas y agua, impactando en la facturación y, por ende, en los ingresos de lxs trabajadorxs y en la calidad de vida de las familias. Sin embargo, en este escenario tan complejo, en las cooperativas de trabajo autogestionado, la reducción de la cantidad de trabajadorxs no es una opción. A modo de respuesta del sector siguen apostando a la producción nacional y la generación de trabajo, y se están llevando adelante distintas acciones para visibilizar la problemática y dar a conocer su trabajo, que se centra en la satisfacción de las necesidades, no en la acumulación de la ganancia, basado en la distribución de la riqueza, la propiedad colectiva, la democracia participativa, la cooperación y el respeto entre las personas.
