19 de septiembre de 2021

Diego Rubinzal

A las rispideces en la cumbre de presidentes, al conmemorarse el 30 aniversario de su creación, se suman nuevas embestidas de Uruguay.

La firma del Tratado de Asunción en 1991 marcó el nacimiento del Mercosur que, si bien fue un avance significativo en el terreno comercial, estuvo moldeado por una lógica neoliberal, donde la conducción del proceso integrador fue delegada a las fuerzas del mercado. Por caso, la implementación de un acelerado cronograma de reducción arancelaria fue una de las primeras medidas del bloque, cuyo resultado inmediato fue el crecimiento del comercio interregional asentado en la especialización productiva previa de cada país. Los intentos de ampliar la integración regional (política, social, productiva, científica) que excediera el aspecto comercial a principios de este siglo por los Gobiernos de centroizquierda regionales, a pesar de la voluntad política, obtuvieron logros modestos. Con el cambio de época, la dupla Macri-Temer fomentó una estrategia liberalizadora comercial basada en la firma de tratados de libre comercio con otros países y bloques regionales. Sin embargo, el triunfo electoral del Frente de Todos en Argentina supuso un obstáculo para esa hoja de ruta. Por el contrario, la derrota del Frente Amplio uruguayo fortaleció al eje liberalizador auspiciado por Bolsonaro.
En ese marco, el primer cortocircuito entre ambos Gobiernos se produjo el 26 de marzo de este año. En una cumbre virtual del Mercosur, Luis Lacalle Pou afirmó que el bloque regional constituía «un lastre» para los uruguayos. «Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento. No queríamos ser una carga para nadie. Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. No somos lastre de nadie, es un honor ser parte del Mercosur», respondió Alberto Fernández. La cosa no terminó allí. En julio, el Gobierno uruguayo anunció que buscaría acuerdos comerciales bilaterales por fuera del Mercosur, decisión que supone una violación a las reglas del bloque debido a que la cláusula 32 del estatuto constitutivo define que los acuerdos requieren la aprobación de los cuatro países socios plenos. Por otro lado, el artículo primero de la Decisión 32/00 del Consejo del Mercado Común reafirma «el compromiso de los Estados Parte del Mercosur de negociar en forma conjunta acuerdos de negociación comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona en los cuales se otorguen preferencias paraarancelarias». En otras palabras, el consenso unánime es condición necesaria para la suscripción de este tipo de convenios.
Sin embargo, la «amenaza» uruguaya se concretó el 7 de septiembre. En conferencia de prensa, Lacalle Pou informó que «hemos recibido una respuesta del Gobierno chino, formal, por carta, aceptando (la propuesta uruguaya de) avanzar en un tratado de libre comercio, avanzar en un estudio de prefactibilidad y posteriormente, si hay acuerdo, avanzar en el TLC propiamente dicho». Según el diario El Observador, la firma del tratado comercial binacional había sido ofrecida por el presidente chino (Xi Jinping) al entonces mandatario uruguayo (Tabaré Vázquez) en una visita que realizara a Beijing en octubre de 2016. La iniciativa de Lacalle Pou deberá ser aprobada por el resto de las fuerzas políticas uruguayas. Por lo pronto, el Frente Amplio manifestó que «considera positivo el interés de la República Popular China de avanzar en el relacionamiento comercial con Uruguay», pero aclaró que «analizará en profundidad la propuesta y establecerá su posición una vez que se comunique la información completa por parte del Gobierno». Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, Matías Kulfas, declaró que «Uruguay es un país soberano y puede tomar la decisión que le parezca más conveniente. Puede hacer un acuerdo bilateral con China por fuera del Mercosur o puede seguir en el Mercosur, pero la normativa del Mercosur es muy clara. Los acuerdos se hacen en bloque, no se hacen de manera bilateral». Lo que está claro es que el bloque atraviesa uno de sus períodos más críticos en 30 años de historia.

Fondos buitre × 2
Los fondos buitre vuelven a escena en los tribunales de Nueva York por partida doble: por la expropiación de acciones de Repsol y por una demanda del grupo Marsans (Teinver, Transportes de Cercanías, Autobuses Urbanos del Sur).
El Gobierno nacional impulsó, en 2012, la expropiación del 51% de las acciones del grupo Repsol. El conflicto con la compañía española finalizó con un acuerdo indemnizatorio consistente en la entrega de bonos a 20 años por 5.000 millones de dólares. Sin embargo, la disputa continuó con otros actores en los tribunales neoyorkinos. Allí, Argentina fue demandada por un estudio jurídico «buitre» que reclama una indemnización por daños económicos.
Haciendo un poco de historia, el Grupo Petersen (GP) de la familia Ezkenazi tenía una participación accionaria minoritaria en la petrolera a través de dos empresas (Petersen Energía Inversora y Petersen Energía). En ese marco, los Ezkenazi poco tiempo después se declararon en quiebra ante los tribunales españoles. En la actualidad, el demandante ante la Justicia de Nueva York es el estudio jurídico Burford Capital Limited, especializado en comprar casos conflictivos a bajo precio. Burford adquirió los derechos al litigio en la quiebra del GP. «Para este fondo (Burford), el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios. Cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York, el 19 de octubre de 2020, tuvo que presentar informes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí quedó expuesto que el juicio aún no resuelto contra YPF es el principal activo en su cartera: si llega a perderlo, su situación financiera se complicaría, hecho que puede impactar en su cotización en la bolsa y el valor de la empresa», explica la periodista Natalí Risso.
Por su parte, el fondo de inversión Titan Consortium entabló otra demanda contra el Estado argentino ante la Justicia de Nueva York. Este litigio tiene también una historia previa.
A fines de 2008, las tres empresas españolas que componían el Grupo Marsans demandaron al país ante el CIADI por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Las compañías reclamaron una indemnización de 1.590 millones de dólares de capital y pago de intereses desde 2008. En 2017, el CIADI laudó parcialmente a favor de los demandantes: condenó a Argentina a pagar 320 millones de dólares más intereses corridos desde 2017. El Gobierno argentino estiró el proceso reclamando la anulación del laudo, aunque finalmente el Centro Internacional rechazó esa pretensión en 2019. Ahora, Titan Consortium reclama los 320 millones de dólares en la Justicia de Nueva York. La respuesta argentina es que no cancela esa deuda porque las tres compañías españolas no se ponen de acuerdo sobre cuánto le corresponde cobrar a cada una. Más allá de eso, los funcionarios argentinos apuntan a lograr un acuerdo para cancelar el juicio con entrega de bonos a varios años con una quita respecto del monto del laudo.

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