23 de junio de 2020
Vicentin es una empresa que, fuera de todo análisis lógico, entró en concurso de acreedores. Uno de los principales exportadores, con ingresos en divisas, no pagó sus deudas en dólares ni tampoco en pesos. No es fácil entenderlo.
¿Cómo es posible que no se les haya pagado a los productores agrícolas que le vendieron sus granos? Con esa producción Vicentin exportó 5 millones de toneladas de soja el año pasado (tercero en el ranking), y cerca de 3 millones de toneladas de maíz. Más difícil de entenderlo aún.
El objetivo de cualquier concurso de acreedores es reducir las deudas al máximo. Y dado que unos 2.600 proveedores tienen más de un cuarto de la deuda total, dejaría un tendal de damnificados.
De allí que la mejor solución es recuperarla y ponerla nuevamente en funcionamiento, ya sea a través de la intervención judicial o la expropiación u otra medida. Los dueños que la llevaron al concurso no son idóneos, ya lo demostraron. Hay que proteger a los miles de productores/as y trabajadoras/es.
Es una gran oportunidad para aplicar la idea de gestión tripartita que históricamente ha mantenido nuestro movimiento cooperativo, y que se explicita en las distintas propuestas del IMFC para enfrentar la emergencia.
En este caso, el Estado Nacional, que es también uno de los grandes deudores por gravámenes impagos, sería uno de los gestores (la primera pata), junto con los representantes de los proveedores, en su mayoría agrupados en cooperativas (la segunda pata), más los representantes de los trabajadores (la tercera pata). Tres patas indispensables de un trípode que seguramente garantizará eficiencia, transparencia, interés por la comunidad, prácticas ecológicamente sustentables, distribución equitativa del valor agregado generado en el proceso productivo, y además podría ser empresa testigo, entre otros beneficios. Un modelo superador de gestión de lo público.
