Economía | REPRESAS PRIVATIZADAS

Turbinas bajo la lupa

Una veintena de hidroeléctricas concesionadas en los 90, hoy a cargo de holdings locales y extranjeros, podrían volver a la gestión estatal en 2023.

Central hidroeléctrica Arroyito. Sobre el rio Limay, aporta junto con El Chocón, el 5% de la generación del Sistema Argentino de Interconexión.

ARGENTINA.GOB.AR

Un equipo de trabajo conformado por el Gobierno nacional relevará el estado de situación en los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales de las hidroeléctricas privatizadas tres decenios atrás. Una de las opciones más firmes, según analistas públicos y privados, es la reestatización de esos complejos, ubicados en ocho provincias y cuyas concesiones empiezan a vencer a partir de agosto de 2023. Se trata de emprendimientos planificados, construidos y operados desde la década de 1960 por el Estado nacional a través de las empresas Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado (AyEE S.E.) e Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima (Hidronor S.A.). En la actualidad, su producción llega a representar, junto con otras represas binacionales, aproximadamente el 20% de la generación total del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), con una potencia instalada superior a 10.800 Megavatios.
El Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (ETAHC) tiene un año de plazo para entregar su informe final sobre las cinco concesiones que vencen entre agosto y diciembre del año próximo. El listado incluye a las centrales de El Chocón y Arroyito, ubicadas sobre el río Limay, entre Neuquén y Río Negro, que aportan el 5% de la generación del Sistema Argentino de Interconexión. Su concesionaria es ENEL Generación El Chocón S.A., una de las ramas del grupo italiano presente también en actividades de transporte, comercialización y distribución eléctrica (a través de Edesur). Otro caso es el de Piedra del Águila, sobre el mismo río y entre ambas provincias, que explica el 4,5% de la potencia instalada nacional. La empresa es propiedad del grupo energético Sadesa, que tiene entre sus principales accionistas a los empresarios Carlos Miguens Bemberg, Nicolás Caputo, Guillermo Reca, la familia Escasany y los hermanos Ruete Aguirre. Las restantes hidroeléctricas con vencimientos cercanos de sus concesiones son: Alicurá (misma ubicación, a cargo del grupo estadounidense AES); y Planicie Banderita (sobre el río Neuquén, en la provincia homónima, de Orazul Energy, perteneciente a su vez a la multinacional con sede en Perú, Inkia Energy).
La Secretaría de Energía fijó, por otra parte, un plazo de dos años para completar las auditorías de otras 15 hidroeléctricas, con vencimientos de sus respectivas concesiones entre junio de 2024 y julio de 2026. En esta situación se encuentran los complejos mendocinos sobre los ríos Atuel (Los Nihuiles I, II y III) y Diamante (Los Reyunos, Agua del Toro y El Tigre), todos ellos de Pampa Energía, del grupo Mindlin.
El grupo nacional Hidroeléctrica Río Hondo e Hidroeléctrica Tucumán, a su vez, opera las centrales Río Hondo y Los Quiroga (en Santiago del Estero); El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo (en Tucumán).
Completan la lista las represas de Futaleufú, de Aluar (en Río Negro); Cabra Corral y El Tunal (en Salta); y Ullum (en San Juan), de AES. Bajo el análisis de Energía quedaron también dos represas cuya concesión vencerá entre 2029 y 2044: Pichi Picún Leufú (sobre el río Limay), hoy en poder de Pampa Energía; y Ameghino (sobre el río Chubut), del grupo Vila-Manzano. En esos casos «se establecerá oportunamente el esquema de los trabajos a realizar», según se indicó.

Revisión
El equipo auditor incluye representantes de la empresa estatal Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), la Subsecretaría de Energía Eléctrica, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Se prevé además el aporte de profesionales independientes, universidades nacionales y provinciales, organismos descentralizados de la administración pública y empresas del sector público o privado. La evaluación de la situación presente de cada aprovechamiento hidroeléctrico «constituirá un insumo fundamental para definir los pasos a seguir», explicaron en Energía.
Tras los informes del equipo de trabajo «pareciera que el Gobierno no tiene muchas alternativas», evaluó Juan Carlos Donces Jones, exdirectivo de IEASA. «La primera podría ser la extensión de la concesión por un plazo menor o similar, asumiendo que en los últimos 20 años se le ocasionó una pérdida a los concesionarios por el cambio de las reglas de juego; opción poco probable teniendo en cuenta el funcionamiento de la administración». Sería factible asimismo, evaluó el experto, repetir el proceso licitatorio realizado en la década del 90, algo «poco probable», ya sea porque se descree de la eficiencia privada en esta materia, o por desinterés de los inversores. «Eso nos lleva a la tercera alternativa y casi con seguridad la que prosperará en el corto plazo: la reestatización y administración, ya sea por el Estado Nacional o en conjunto con los Estados provinciales», proyecta Donces.
Jorge Lapeña, experto en energía de la UCR y exsecretario del área, coincide en que «la experiencia de los 30 años de explotación privada ha demostrado que la misma no ha mejorado la performance de la explotación por parte del Estado nacional con Hidronor y Agua y Energía». Descarta, sin embargo, la reestatización y propone en cambio nuevos contratos de servicios de operación y mantenimiento mediante licitaciones públicas por plazos de 10 años. La decisión definitiva, en todo caso, dependerá del debate sobre los riesgos del continuismo privatista versus la posibilidad de recuperar una herramienta estratégica para el desarrollo.


Daniel Víctor Sosa