28 de enero de 2015
Tras décadas de lucha de los pequeños productores agrarios, el Congreso aprobó la norma que le otorga al heterogéneo sector el desafío de consolidar su presencia en el ámbito rural.
En agenda. Este segmento representa 200.000 explotaciones, 50% del empleo y 19% del valor agregado de la actividad agrícola. (Guido Piotrkowski)
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) designó a 2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar, «para profundizar la comprensión del papel que juegan los integrantes de este sector económico en el logro de la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, la sostenibilidad del medio ambiente, la erradicación del hambre y la conservación de los recursos naturales». Para coronar tan significativo año, en una de sus últimas sesiones, el Congreso argentino aprobó por unanimidad la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad, que declara –en línea con la FAO– de «interés público la Agricultura Familiar Campesina e Indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva», define a la tierra como «un bien social», establece pautas para que el Ejecutivo permita el acceso a este recurso, crea un banco de tierras para ser adjudicadas en forma progresiva y suspende los desalojos por tres años. El tratamiento en el recinto llegó tras un articulado trabajo entre distintas organizaciones sociales campesinas e indígenas. Si bien a la cabeza estuvo la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf), participaron además el Foro de Universidades para la Agricultura Familiar, el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Frente Nacional Campesino, las organizaciones de la Mesa de Agricultura Familiar e incluso algunos sectores de la Federación Agraria.
A principios de enero cerca de una docena de organizaciones campesino-indígenas –integrantes del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, rubricado por la nueva ley– se reunieron con el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos Casamiquela, en el marco de otro Consejo –también contemplado en la nueva legislación–, el de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar, que funciona en la Casa Rosada y tiene como objetivo establecer integralidad (entre varios ministerios con programas del sector) en el abordaje de políticas públicas. En el encuentro, los funcionarios rubricaron también el compromiso de destinar 1.500 millones de pesos para financiar los instrumentos de la norma, tras ser eliminado en Diputados el texto que establecía dicho monto.
«Tenemos la ley de Agricultura Familiar, hemos llegado a la Casa Rosada y eso significa que se acabó la etapa de la visibilización. Ahora siguen las concreciones. Por ejemplo, llevar el agua y facilitar el acceso a los títulos de las tierras. Claro que en un año no vamos a poder hacer todo. Pero ahí vamos», señaló el ministro tras la reunión.
Definiciones
De acuerdo con datos de la FAO, en América Latina y el Caribe «el 80% de las explotaciones pertenecen a la agricultura familiar, incluyendo a más de 60 millones de personas, convirtiéndose en la principal fuente de empleo agrícola y rural. No solo producen la mayor parte de los alimentos para el consumo interno de los países de la región, sino que habitualmente desarrollan actividades agrícolas diversificadas, que les otorgan un papel fundamental a la hora de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad». Mientras que en nuestro país, la actividad –de acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca– representa el 20% del Producto Interno Bruto del sector agropecuario nacional, el 20% de tierras productivas y el 27% del valor de la producción. Comprende cerca de 31 millones de hectáreas totales y el 65% del total de productores. Además, genera el 53% del empleo rural. Números que denotan por sí solos la importancia del sector y que imponen la pregunta acerca de la convivencia –no sin enfrentamientos, en ocasiones violentos– con el modelo agropecuario hegemónico.
«Frente a un modelo agrario que se sostiene básicamente en la exportación de commodities, el rol de la agricultura familiar en nuestro país se presenta como un verdadero desafío. En este punto, y aún con las tensiones que genera compatibilizar este modo de producción con el vigente, el Estado, con sus vaivenes se convierte en “un dispositivo heterogéneo de intermediación” de las inevitables lógicas diferenciales que en la definición de la categoría se juegan», sostiene la investigadora del Conicet María Elena Nogueira en su trabajo Agricultura familiar y políticas públicas en la Argentina de los últimos años. Algunas reflexiones en torno a una relación compleja. En los meses previos a la aprobación de la ley, y en el marco de las jornadas sobre agricultura familiar de la Cátedra Libre Horacio Giberti, organizada por el Centro Cultural de la Cooperación (CCC) y el Instituto Argentino de Desarrollo Económico (Iade), varios especialistas y funcionarios intentaban buscar respuestas a estos interrogantes. Mario Lattuada, investigador de políticas agrarias, organizaciones y desarrollo rural del Conicet, señalaba que «la presentación del Proyecto de ley agraria es un elemento más dentro de un proceso de institucionalización de la problemática de la agricultura familiar y su incorporación en la agenda pública. Si bien es un universo heterogéneo, es un sector importante para el país. 200.000 explotaciones, 50% de la generación de trabajo, 19% del valor agregado del sector agrícola, muestran que ya no es una parte secundaria desde el punto de vista de la economía».
Mientras en el mismo encuentro, Osvaldo Chiaramonte, subsecretario de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, hacía hincapié en un tema prioritario para el sector: la incidencia superlativa de los estados provinciales en la implementación de las principales políticas. «La tenencia, la posesión de la tierra es a arbitrio de los estados provinciales, no del nacional. Los mercados locales hacia los que queremos incursionar también tienen una fuerte raigambre territorial y una fuerte incidencia municipal y social», señaló el funcionario. «Con esto quiero decir –sostuvo– que este proceso de institucionalización en el territorio también es disímil. 20 provincias no tienen ni tan siquiera una Dirección de Agricultura Familiar, en consecuencia, el desarrollo en el territorio también va a ser disímil. De manera que este proceso que es bueno, de avance pleno en esta década, también demuestra lo lejos que estamos del modelo ideal que pretendemos para este sector social, porque además de un sector social pretendemos que sea un sector económico y político fuerte». También los dirigentes sociales reconocieron que el trabajo que les espera tras la aprobación de la ley es un gran desafío. «Hay cosas que se van a sostener por mucho tiempo, una ley por sí sola no garantiza nada, pero está clara la voluntad política de intervenir», dijo Miguel Gómez, del Frente Agrario Evita, a la prensa tras la primera reunión con el jefe de Gabinete. «Uno de los puntos que plantea Capitanich como síntesis –remarcó– es generar una política de tierras medio urgente en cuanto a la posesión, la tenencia y los títulos. Eso se tiene que hacer carne en los territorios. Estamos en una situación favorable, con muchas expectativas por cómo va a avanzar. Y nosotros tenemos que ser muy efectivos en el trabajo». En el mismo rumbo, la Secretaría de Agricultura Familiar está organizando talleres para avanzar con la instrumentación la nueva ley, con el objetivo de, según el titular de la Secretaría, Emilio Pérsico, «obtener insumos y opiniones para que la reglamentación sea lo más acorde con el pensamiento de las organizaciones. Y como manifestó el ministro Casamiquela, hemos culminado una etapa y estamos iniciando una nueva, de transformación y ejecución de políticas públicas tendientes a regenerar (porque existía y fue destruido) un sector campesino, un sector indígena, un sector productivo de pequeños productores con mucho desarrollo y mucha inserción y mucha productividad, ese es el proceso que estamos iniciando».
—Mirta Quiles
