22 de junio de 2025
El nuevo esquema incorpora patrullaje en las redes sociales y mayor intervención en las calles sin autorización judicial. Rechazo de constitucionalistas y organismos de derechos humanos.
Policía empoderada. Agentes autorizados a requisas callejeras y patrullar en las redes sin control de la Justicia.
Foto: Jorge Aloy
La gestión paleolibertaria se caracterizó desde el primer momento por copiar la iconografía estadounidense. Se recordará el mensaje inaugural de Javier Milei, delante de un pupitre y con el telón de fondo del Congreso Nacional. La escenografía para los discursos oficiales, del vocero presidencial y hasta de las agencias lanzadas hace un año en el marco del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) está plagada de simbología tradicional del país norteamericano. La última novedad es la firma de un decreto para una profunda reforma de la Policía Federal, que crea además como su rama más importante el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), un calco del Federal Bureau of Investigation (el FBI) o, como alguno bromeó en redes sociales, un FBI segunda marca. Con un logo, el del DFI, que también recibió críticas en las plataformas digitales porque presenta un águila, ave más común y habitual en otras heráldicas que en las de esta parte del continente, y remeda el estilo de modo hasta obsecuente.
No fueron esos los únicos cuestionamientos al ornato con que el Gobierno lanzó la DFI, que incluye uniformes, distintivos y vehículos oficiales del organismo. Pero ni siquiera esos serían los principales reproches que la iniciativa despertó en grandes sectores de la sociedad. Por empezar, el decreto 383/25 presentado el lunes pasado como la más profunda reforma a la Policía Federal Argentina (PFA) desde 1944, en un acto en el edificio de la Policía Montada, fue tildado de anticonstitucional por especialistas consultados por diarios porteños de todo el espectro, una coincidencia poco común.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/326993/20250617
Andrés Gil Domínguez, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra y Daniel Sabsay señalan, en líneas generales y en el centenario diario de los Mitre, que la iniciativa viola la Constitución, porque un cambio de esas características tiene que hacerse por ley. Y que, además, excede las facultades del Decreto 70/23 y de la Ley 27.742, con el contenido ya de reforma constitucional inconsulta que tiene el famoso DNU Bases y las restricciones que contempla la norma respectiva.
Además, algunas de las prerrogativas que le blanquea a la PFA –y a esta crítica también se suman la abogada María del Carmen Verdú e instituciones defensoras de los derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)– representan un peligroso avance sobre las garantías individuales, ya que autoriza a que los agentes puedan hacer requisas o patrullar en las redes y los medios digitales sin autorización judicial, y que incluso se establezcan registros, algo que implica consolidar un sistema de vigilancia interna que ya con la creación del SIN amenazaba los derechos civiles de la población. Para la diputada de Unión por la Patria, Lorena Pokoik, se «está configurando lo que podría considerarse un estado de sitio encubierto».
Habría que aceptar, sin embargo, alguno de los fundamentos del decreto 383/25. Por ejemplo, que desde la creación de la Policía de la Ciudad, en 2016, las funciones de la PFA quedaron un tanto diluidas. Y también es bueno mencionar que deroga el Decreto Ley N° 333 de enero de 1958 y la Ley N° 18.711, que es de 1970. O sea, dos legislaciones que fueron instituidas por sendas dictaduras militares. Por otro lado, no fue el primer proyecto de convertir a la fuerza de seguridad nacional en un organismo de investigación federal desligado de los delitos menores que atiende normalmente una policía local. Pero en este caso se le agregaron facultades que elevan los resquemores ante un Gobierno que ya demostró su poco apego al respeto por el disenso, sobre todo cuando es masivo.
En tal sentido, el hecho de que la presentación se hiciera a pocas horas de la marcha del miércoles en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que como se preveía resultó de las más grandes de los últimos años, sonó a otra amenaza de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que junto a Milei, hizo el anuncio, con toda la pompa y circunstancia del caso. De hecho, fueron ostensibles las maniobras intimidatorias hacia quienes querían asistir a la convocatoria en Plaza de Mayo. Fuerzas federales paraban micros en los accesos a la ciudad, revisaban bolsos y pidieron documentación hasta en un micro que llevaba escolares al Planetario porteño.
En la presentación, el presidente leyó un discurso en el que resaltó que no se trataba de un día cualquiera, «se cumplen 204 años del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que cumplió un rol fundamental en nuestra independencia y a quien hoy recordamos como uno de los mayores héroes de nuestra patria». Caso curioso: ese feriado fue instituido en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri y significó un merecido homenaje al caudillo que defendió la frontera norte con sus «Infernales», milicias irregulares que utilizaban estrategias de guerrilla contra las tropas realistas. Y que murió, a los 36 años, tras diez días de agonía «producto de un complot; una emboscada organizada por sectores de poder disconformes con el poderío de Güemes, (que) lo hirieron de muerte un 7 de junio de 1821», como recuerda una página web de Presidencia de la Nación.
https://www.argentina.gob.ar/noticias/martin-miguel-de-guemes-y-su-ejercito-de-infernales
La otra frase destacable de Milei en su discurso es la que usó para justificar el nacimiento y los fundamentos del DFI: «Vamos a aprender de los mejores; vamos a aprender de Estados Unidos; vamos a aprender de Israel. Así pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los Gobiernos del mundo».
Si los estándares de los que habla Milei son los de Estados Unidos, habría que recordar los incidentes de hace unos días en Los Ángeles y la represión a manifestaciones de inmigrantes contra la expulsión ordenada por Donald Trump. Si fueran los del FBI, convendría ver J. Edgar, la película dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Leonardo DiCaprio, en la que se repasa historia de J. Edgard Hoover, el hombre que dirigió ese «prestigioso» organismo desde 1924 hasta su muerte, en 1972. El secreto de su permanencia fue que recopilaba información privilegiada de todos los políticos y sus familiares y con mostrar la punta de las barajas le bastaba para que le prorrogaran el mandato. O sea, sobrevivió a punta de carpetazos, en tiempos de la Guerra Fría y anticomunismo visceral.
