16 de octubre de 2025

Daniel Vilá

Las políticas laborales que Perón propició desde la Secretaría de Trabajo fueron el detonante para que los sectores dominantes presionaran por su detención. La reacción popular y las centrales obreras.

El 9 de octubre de 1945 el coronel Juan Domingo Perón fue despojado de los cargos de vicepresidente de la Nación y secretario de Trabajo y Previsión que ocupaba desde hacía más de dos años en el Gobierno militar instaurado por el golpe de junio de 1943.

Desde la Secretaría dio solución a numerosos reclamos de los trabajadores argentinos y su caída obedeció fundamentalmente al temor de sus camaradas de armas de que estas políticas le otorgaran un mayor poder y favorecieran una eventual candidatura presidencial, lo cual generaba gran preocupación en los sectores económicos dominantes. Así lo demostraba la reacción de la Sociedad Rural ante la sanción del Estatuto del Peón, legislación que, argumentaba en un comunicado, «habrá de sembrar el desorden social, al inculcar en gentes de limitada cultura aspiraciones irrealizables y colocar al jornalero por encima del mismo patrón en materia de comodidades y remuneraciones».

En el mismo sentido se expresaba la dirigencia de la Unión Industrial Argentina que achacaba a las nuevas normas «la indisciplina que engendra en las empresas el uso generalizado de un lenguaje que presenta a los patrones en posición de prepotencia y a todo acuerdo, no como un acto de justicia, sino como una “conquista” que de ser necesario los trabajadores deberán defender por la fuerza».

La dirigencia sindical, fragmentada e ideológicamente diversa, que fue favorecida por las medidas adoptadas, afrontaba un dilema entre la colaboración y la necesidad de salvaguardar su independencia.

El mismo 9 por la noche se llevó a cabo en el campo de deportes de los Cerveceros en Quilmes una reunión a la que asistieron unos 60 dirigentes y militantes y se resolvió designar una comisión para entrevistar al exsecretario de Trabajo y manifestarle su solidaridad.

La delegación estaba integrada por dirigentes cegetistas y autónomos, pero no participó ningún integrante del secretariado. El general Eduardo Ávalos que, presionado por las circunstancias, había puesto fin a las actividades del naciente líder –detenido el 12 de octubre–, se proponía conformar un nuevo ministerio con figuras civiles que fueran aceptables para la oposición. Obligada a reaccionar, la CGT denunció: «Los patrones han empezado a hacer una ostentación abusiva de su poder proclamando a todos los vientos que la obra de justicia social iniciada desde la Secretaría de Trabajo sería arrasada ante la nueva situación».

Huelga general
El domingo 14 se produjeron distintas reuniones dirigenciales con el objetivo de definir la actitud a adoptar ante la nueva situación. Dada la heterogeneidad de las fuerzas que integraban la CGT y los cuestionamientos a su representatividad, no era posible arribar a criterios comunes. A quienes sostenían la urgencia de declarar una huelga general en defensa de las mejoras obtenidas y por la libertad de Perón, se enfrentaban aquellos que reclamaban que antes de adoptar una medida de fuerza se imponía entrevistarse con el general Ávalos y el presidente Edelmiro J. Farrell para imponerlos de lo que estaba sucediendo y solicitar garantías de continuidad en las políticas sociales, postura que compartían el secretariado de la CGT y la del gremio más poderoso, la Unión Ferroviaria.

Ninguno de estos posicionamientos logró imponerse y a partir de allí funcionaron en los hechos dos conducciones, una encabezada por el secretario general Silverio Pontieri y otra integrada por los asistentes al encuentro de Quilmes, a los que ya se habían sumado Cipriano Reyes, un opositor a la dirección del sindicato de la Carne, y emisarios de la Fotia, que encuadraba a los azucareros tucumanos. La principal preocupación de todos ellos era preparar las condiciones para una movilización masiva.

Cuando llegó la inesperada noticia de que Perón –que estaba detenido en la isla Martín García supuestamente «para protegerlo»– había sido trasladado al Hospital Militar, difundida el día 15, la actividad se retrasó, lo que permitió a la CGT conservar provisoriamente el control de los acontecimientos. Según el sociólogo Juan Carlos Torre, un estudioso del tema que rescató las actas de las reuniones cegetistas, «que la reacción de los trabajadores fuera espontánea, no significa sin embargo que no haya sido preparada previamente por la agitación de los dirigentes obreros y no contara con la coordinación de los sindicatos. Todos estos trabajos dieron unidad a las múltiples iniciativas y fueron supervisadas por la conducción paralela que funcionaba en la CGT».

Estado emotivo
Las actas constituyen un valioso elemento porque expresan con claridad las diferentes posturas que convivían en la central obrera y los gremios autónomos. Ramón Bustamante, del sindicato de la carne de Rosario, por ejemplo, expresó en la reunión: «Si este cuerpo no resuelve la huelga general les puedo asegurar que se producirá lo mismo, por el estado emotivo de los trabajadores». En cambio, José Manso, de la Unión Ferroviaria, advirtió: «Los hombres que tenemos alguna responsabilidad en la dirección del movimiento obrero y más directamente en los sindicatos mayoritarios no podemos hacerlos girar en forma caprichosa y muchas veces contraria al interés de los trabajadores. Por eso tenemos que pensar diez veces antes de tomar una resolución como la que aquí se propugna». Por su parte, el representante del gremio del transporte (UTA), Ramiro Lombardía, dio una voz de alarma: «Ninguno de ustedes ignora que el momento es sumamente grave, porque corremos el riesgo de perder el control del movimiento obrero que tanto trabajo nos ha costado organizar. Las masas obreras, para qué vamos a negarlo, nos están arrollando en forma desordenada».

Al no arribarse a un acuerdo se procedió a una votación en la que los partidarios de la huelga general se impusieron por 16 a 11 y se declaró la medida para el 18 de octubre. Posteriormente, se difundió un comunicado aprobado por unanimidad en el que se detallaban las reivindicaciones solicitadas, pero curiosamente en el punto 3 se solicitaba el levantamiento del estado de sitio y la libertad de los presos civiles y militares, pero se omitía el pedido expreso de la libertad de Perón. Torre señala que el hecho de que los acontecimientos se hubiesen adelantado 24 horas no puede ser analizado de manera simplista: «Sin duda que los trabajadores hayan tomado las calles un día antes prueba que la central obrera no estuvo entre los principales instigadores del movimiento (…) Dicho esto, la declaración de la huelga general por la CGT no debe ser tampoco subestimada».

Para Arturo Jauretche, el controvertido intelectual del nacionalismo popular, las causas y los protagonismos estaban claros: «Aquello era el enfrentamiento entre la Argentina conocida y la Argentina desconocida. Era como si aquellos estratos, considerados definitivamente inferiores por los viejos sectores conocidos del país, hubieran tocado de pronto el primer plano de la escena (…) El 17 de octubre fue un “Fuenteovejuna”, nadie y todos lo hicieron».

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