23 de mayo de 2022
Entre declaraciones cruzadas, acusaciones públicas y proyectos legislativos de reforma de distintas instancias judiciales se desarrolla la puja entre poderes.
Acto. Rosatti, acompañado por los miembros de la Corte, toma juramento a Martín Doñate para el Consejo de la Magistratura.
TÉLAM
La disputa política entre el Gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia continúa su escalada luego de la cumbre antinarco que se realizó en Rosario, el 12 de mayo pasado, en la que los integrantes del máximo tribunal hicieron una demostración de autoridad. La contienda entre ambos poderes se da mientras se espera que la Corte resuelva el conflicto entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación por la coparticipación y avanza en el Senado un proyecto para reestructurar la cantidad de integrantes del tribunal supremo.
El encuentro en Rosario, que nucleó a un centenar de jueces federales, marcó un nuevo punto de quiebre entre el Ejecutivo y la cabeza del Poder Judicial. En Santa Fe, el Alto Tribunal pretendió mostrarse unido a pesar de sus diferencias internas y envió un claro mensaje al Gobierno, en medio de los cruces que mantiene con un sector del oficialismo que impulsa una reforma de la Corte y cuestiona el desembarco que hizo en el Consejo de la Magistratura. Desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, los ministros supremos Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti lanzaron críticas hacia el Frente de Todos. La Casa Rosada contraatacó en la voz del ministro de Justicia, Martín Soria, quien cuestionó a los jueces por su silencio sobre el mismo tema durante el macrismo. El contrapunto no culminó allí. Continuó en los días posteriores.
«Los ministros de la Corte Suprema son los padrinos de la persecución política, judicial y mediática del macrismo», sostuvo Soria en declaraciones radiales luego del evento en Rosario. La alusión fue al rol que cumplió el alto tribunal durante el macrismo, al que se acusa de avalar las decisiones de los jueces inferiores que impulsaron causas sin sustento probatorio y ordenaron detenciones preventivas de opositores.
Las respuestas no demoraron en llegar. En una entrevista con LN+, Lorenzetti contestó: «La verdad, desde el punto de vista de cada uno de los ciudadanos de la Argentina, importa poco esta cuestión de las declaraciones, el ruido, las peleas, los insultos. Hay que tratar de calmarse un poco, tener más madurez institucional y hablar de los problemas reales». Cuando se lo consultó por la marcha que se realizó contra el máximo tribunal dijo que «la Corte no cede a las presiones».
Lorenzetti ya había sido muy crítico de Soria en Rosario. En otra entrevista se refirió a la relación con el Ejecutivo y sostuvo que «no hay una política judicial concreta que habilite al diálogo. El diálogo debería ser con el Congreso ahora que está tratando leyes». Y sobre el ministro Soria, abundó: «No hemos tenido más que una visita, que fue pública. Después no hemos tenido ninguna relación». También había cuestionado la iniciativa oficialista para ampliar el tribunal supremo: «No se puede cambiar a cada rato la cantidad de miembros de una Corte como la del Congreso o como la de la presidencia. Hay que tratar de dar tranquilidad, serenidad», señaló.
Entredichos
Luego del encuentro en Rosario, Rosatti eligió el ciclo «Democracia y desarrollo», organizado por el Grupo Clarín, para criticar al oficialismo. «En los últimos tiempos, muchas veces escucho ideas sobre reformar la Constitución. Esa costumbre tan argentina de, en vez de cumplir lo reformado, reformar lo no cumplido», aseguró. ¿Quién había hecho referencias a las reformas constitucionales menos de una semana antes? La actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pocos días antes, durante un discurso en el Chaco en el que criticó a los supremos por su fallo sobre el Consejo de la Magistratura. La frase del presidente de la Corte no pareció azarosa. No fue su único dardo hacia el Gobierno. Por ejemplo, defendió la reforma del órgano que selecciona y sanciona jueces que cuestionó CFK: «En cuanto al Consejo de la Magistratura, celebro que se acató el fallo de la Corte, cuando muchas voces agoreras decían que no», dijo, desafiante.
Pese a los entredichos, la discusión en torno a la conformación del Consejo parece zanjada después de que el jueves 19 le tomaran juramento a los dos consejeros propuestos por el Parlamento: el senador Martín Doñate (Unidad Ciudadana) y la diputada Roxana Reyes (UCR).
Desde el oficialismo interpretan que los supremos, con sus cuestionamientos, se estarían «cubriendo» ante el avance de los proyectos de ley que se tratan en el Congreso para reformar el máximo tribunal y reestructurar a través de una nueva ley al Consejo de la Magistratura, recientemente modificado. Si alguna de esas iniciativas prospera –aunque será difícil que consigan el apoyo parlamentario necesario– el golpe para los supremos será duro. En el primer punto, se vería diluido su poder. En el segundo, quedaría expuesto su apuro para tomar la presidencia del organismo.
Incluso, en el Ejecutivo entienden que en el cuarto piso del Palacio de la calle Talcahuano están preparando el fallo de la coparticipación y podrían beneficiar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien mantiene una disputa millonaria con la Nación. Esa batalla legal está siendo seguida muy de cerca no solo por el presidente Alberto Fernández sino también por los gobernadores peronistas. Es en ese marco que se dan los ataques y contrataques retóricos entre ambos poderes. La duda que se abre es qué puede suceder si la Corte beneficia al distrito más rico del país en un fallo económico clave. ¿El Gobierno nacional está en condiciones de doblar la apuesta en su pulseada con la Corte? ¿Contaría para ello con el respaldo de los mandatarios provinciales? Ante este escenario, ¿qué harán los jueces de la Corte?
