4 de abril de 2024
Los reclamos por los haberes de los jubilados y pensionados forman una radiografía del país. Hoy como ayer, cualquier similitud no es mera coincidencia.
El mito del «merecido descanso» y la realidad de los jubilados hace 40 años era materia de análisis y visibilización en las páginas de Acción: el 90% cobraba el haber mínimo, luchaba «por una realidad mejor» y consideraba que encontrar la forma de seguir activos era la «única manera de poder sobrevivir».
En 1984, la cantidad de jubilados y pensionados se estimaba en cerca de tres millones y casi el noventa por ciento vivía con los haberes más bajos, mientras que solo un número pequeño accedía a las «máximas», que superaban en diez veces a las mínimas, revelando la enorme brecha entre ambas y la inequidad en la distribución.
La esperanza de ayer, como la de hoy, estaba puesta en el Congreso y en la promesa de un proyecto de ley que disminuyera «la injusta y abismal diferencia, en beneficio de los más postergados».
El informe cuenta que esa realidad los llevó a agruparse y organizarse y llegaron a contar con tres mil centros del sector desparramados por todo el país y una Mesa Coordinadora de Organizaciones de Jubilados y Pensionados.
«Queremos que los jubilados no sufran necesidades, que no dejen de comer ni de adquirir los medicamentos necesarios, así como queremos que ninguno sea desalojado de su vivienda», decían los referentes a la par que reclamaban «un aumento real y no el incremento porcentual, que para los haberes mínimos y bajos es prácticamente una burla». Además señalaban que la cifra que exigían (1.500 para una jubilación de 3.500 pesos) «alcanza apenas para comer y suplir malamente nuestras mínimas necesidades» y advertían que «con los últimos aumentos de tarifas, esa cifra debería ser revisada».
«La situación que atraviesa el país» y «el particular déficit que sobrellevan las cajas previsionales» determinaban por dónde pasaba el ajuste y así lo manifestaban: «Los que más sufrimos el costo de la canasta familiar somos los jubilados, ya que con entradas de tres mil quinientos pesos no es posible vivir. A los que dependen solo de esa suma, les queda solo ir a parar a los asilos».
También aludían sobre el precio de los medicamentos y pedían establecer un listado de aquellos «tan eficaces como económicos» o en caso contrario que «se acuerde el reconocimiento general del descuento del 70 por ciento, ya que unos pocos gozan de esa rebaja».
El sector reclamaba, además, otras «necesidades específicas»: hoteles con precios especiales para jubilados y pensionados, farmacias propias, que el PAMI construyera viviendas «de no más de tres pisos, donde funcionen bibliotecas, talleres de manualidades, escuelas, teléfonos personal o público, espacios verdes, unidad sanitaria». Pero sobre todo, una vez superada la emergencia, pedían alcanzar un haber móvil no menor al 85% del salario percibido por los trabajadores activos.
40 años después, son casi seis millones los adultos mayores que reciben un haber jubilatorio o pensión, y casi un 65% de los titulares del régimen general cobran la mínima de 171.217 pesos, cuando a marzo de este año el valor de una Canasta Básica Total según el INDEC es de 690.901,57 pesos.
Hoy, como ayer, cualquier similitud no es mera coincidencia.
