Sociedad

Contra multa y marea

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Esteban Magnani

Las sanciones a las grandes tecnológicas se multiplican, pero el negocio es tan rentable que resultan apenas otro costo operativo. ¿Algún país se atreverá a tomar medidas más firmes?

Washington. Manifestantes asisten a la audiencia en la que Mark Zuckerberg testificó ante Comité Senatorial de Justicia y Comercio.

Foto: Getty Image

Con creciente regularidad aparecen noticias sobre las multimillonarias multas que las grandes corporaciones tecnológicas deben pagar a algún organismo de control. Las razones son múltiples: prácticas monopólicas, manipulación de los usuarios, violación de la privacidad, ahorcamiento de los competidores y hasta provocar una crisis de salud mental. En particular, a partir de la nueva legislación europea, se multiplican los juicios y las demandas en ese continente. 
Si bien en los titulares los millones se acumulan, lo cierto es que buena parte de ellos no se pagan porque entran en un circuito sin fin de apelaciones. La parte que sí se abona, según algunos expertos, no parece ser suficiente castigo para estas corporaciones cuyos modelos de negocios alcanza para afrontar millones en multas. 
Un repaso de una pequeña parte de las multas permite tomar dimensión del problema.

El gran juicio
Podría señalarse el juicio de los Estados Unidos contra Microsoft iniciado en 1998 como el principal antecedente de intentos de regular a las tecnológicas. Por entonces internet despegaba y Microsoft aprovechaba la posición dominante de su sistema operativo Windows para instalar el Explorer como estándar de los navegadores. Los reguladores acusaron a la empresa de utilizar estrategias «predatorias» e instalar «barreras de entrada» contra los competidores para que los demás navegadores del momento, como Netscape, dejaran de utilizarse.
El caso se resolvió con un acuerdo antes de llegar a la Suprema Corte; así, Microsoft evitó el riesgo de que la dividieran en unidades independientes. Como parte del acuerdo la empresa debió permitir que los fabricantes de computadoras instalaran otros navegadores en el Windows. Hay quienes señalan que este tirón de orejas a Microsoft abrió una brecha para el surgimiento de otras empresas.
Pero si el caso recién mencionado es la abuela de estos juicios, se podría decir que el de Cambridge Analytica, empresa que usó datos tomados de Facebook, fue la madre de lo que vendría. Esta empresa británica recogió información de más de 80 millones de ciudadanos norteamericanos aprovechando distintas herramientas que ofrecía la red social y los utilizó para la campaña presidencial de 2016 que llevó a Donald Trump a la presidencia de los EE.UU. Luego de muchos avisos que habían caído en saco roto, distintos sectores de la política, la Justicia, el periodismo y el poder económico comenzaron a mirar con preocupación el poder de la inteligencia artificial alimentada con datos para detectar patrones de comportamiento e influir en ellos. Finalmente, Facebook fue multado con 5.000 millones de dólares, algo que no afectó demasiado su forma de funcionar pero sí su imagen y la del sector que quedó bajo una mirada más atenta.

Monopolios
Las empresas tecnológicas desarrolladas en los años 90 y 2000 picaron en punta para la conquista del ciberespacio. Eso les dio una gran ventaja frente a los competidores y tuvieron facilidades para controlar sectores del mercado. Sin embargo, con el correr de los años se volvieron cada vez más ambiciosas y usaron esa posición para, por medio de distintas prácticas, forzar a los competidores a negociaciones poco ventajosas, relegarlos entre las opciones de los menús que controlaban y otras formas de inclinar la cancha.
Un pequeño inventario podría recordar las demandas de «pequeños» como Netflix, Spotify o Fortnite contra Apple que no les permitía hacer cobros directos a sus clientes y los forzaba a usar el sistema de pago de la empresa a cambio de una comisión. Al igual que Apple controla la puerta de entrada de otras plataformas a su servicio operativo, Google controla el acceso en Android o tiene el poder de forzar a las empresas de celulares a utilizar ciertos programas. En 2020 se inició un juicio contra Google por utilizar distintos métodos para bloquear el uso de buscadores alternativos.
Otras empresas como Amazon sufren constantes demandas por presionar a los vendedores y por prácticas monopólicas que perjudican a pequeñas empresas y hasta Donald Trump comenzó a señalarla como un problema para la economía de los estadounidenses. Joe Biden, por su parte, apenas asumió acusó a la empresa por boicotear la organización sindical de los trabajadores. 
A la variedad de acusaciones contra las grandes tecnológicas ahora se sumó una demanda de 40 estados norteamericanos contra Meta, propietaria de Facebook e Instagram por estar provocando una crisis de salud mental entre los adolescentes. 

En Europa
Los europeos en particular están preocupados por el uso que las empresas estadounidenses hacen de los datos de sus ciudadanos y por el poco espacio que dejan estas grandes corporaciones a las empresas locales. 
Ya en 2017 multaron a Facebook con unos «modestos» 110 millones de euros por incumplir las condiciones impuestas para autorizar la compra de WhatsApp en 2014. La principal era que los datos de los usuarios de ambas plataformas no se cruzarían: como era de esperar, la promesa no se cumplió y las conversaciones privadas de los usuarios de WhatsApp también se utilizaron para nutrir los perfiles de Facebook.
En 2022, luego de siete años de juicio, el Tribunal General de la Unión Europea confirmó una multa por 4.100 millones de dólares contra Google por utilizar «restricciones ilegales» para consolidar la posición dominante de su motor de búsqueda.
Pero particularmente desde la aprobación de la nueva normativa de datos personales europea, conocida como GDPR, las multas se multiplicaron. En mayo de 2022 Facebook fue condenada a pagar 1.200 millones de euros, la multa más grande hasta ese momento, por violar la normativa y transferir datos de europeos a servidores en EE.UU. En estos últimos años Meta, corporación que contiene a Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, entre otras, pagó siete de las diez multas más grandes en Europa.

Miles de millones
Los millones se acumulan, las empresas apelan, hacen promesas, algunas veces incluso llegan a pagar, pero la cuestión de fondo no se resuelve. De esta manera los pagos por violar distintas normativas, cuando finalmente ocurren, se suman a los balances como un costo de funcionamiento. 
Incluso los responsables de regular a las grandes tecnológicas parecen poco esperanzados. En 2021 la Comisaria Europea de Competencia, Margrethe Vestager, logró tras una investigación de siete años que Google pagara 1.700 millones de dólares por la forma poco transparente en que funcionaba su servicio de publicidad. Sin embargo, poco después, a partir de un caso en Países Bajos contra Apple, aseguraba: «Tal como lo entendemos, Apple esencialmente prefiere pagar multas regularmente antes que cumplir con una decisión de la Autoridad para la Competencia de los Países Bajos acerca de los términos y condiciones para que terceras partes accedan al Appstore». Según Vestager la solución es forzar a estos monstruos a dividirse en unidades más pequeñas y aseguraba que eso «se puede hacer». 
Por su parte, la presidenta de la Autoridad Francesa para la Competencia, Isabelle da Silva, es un poco más optimista con respecto al efecto de las multas que se acumulan en los titulares produciendo un daño en el prestigio de las empresas que así deben cuidarse un poco más. 
De momento, todo indica que las empresas prefieren pagar millones y hacer algunos cambios menores para tranquilizar a las autoridades mientras sostienen firme un rumbo que arroja ganancias y mantiene contentos a los accionistas. Por otro lado, aunque crece la conciencia de los usuarios sobre el uso de datos para, por ejemplo, manipularlos o venderles pasajes más caros, la resignación parece primar. Incluso cuando ocurrió el escándalo de Cambrige Analytica hubo una campaña para abandonar Facebook que languideció rápidamente.
Las plataformas están entretejidas con las actividades cotidianas de la población de una manera que resulta difícil de desanudar. Mientras tanto, las entidades regulatorias siguen corriendo desde atrás, tratando de abrir la caja negra que encierra el complejo funcionamiento de estas empresas. Cada vez que se logra, no resulta agradable lo que se ve dentro.

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