Política

Acuerdos y enigmas

Los nuevos convenios suscriptos en Beijing consolidan el carácter estratégico del vínculo bilateral con la principal potencia emergente. El caso Nisman, entre la investigación y las especulaciones.

 

Encuentro. El presidente chino, Xi Jinping, recibió a su par argentina Cristina Fernández en el Gran Palacio del Pueblo. (Télam)

La relación de nuestro país con China, si bien tiene una larga historia, se fortaleció desde 2003. En los últimos 11 años hubo tres viajes presidenciales hacia China: 2004, 2010 y 2015. El lazo bilateral tiene un fuerte componente económico, aunque no menos trascendente es lo geopolítico. La cercanía de la diplomacia argentina con su par china se pone de relieve en el acta de la primera reunión de la Comisión Bilateral Permanente, suscripta en Beijing en el marco de la visita de Cristina Fernández. En ese documento se establece que «como grandes países en vías de desarrollo e importantes actores de mercados emergentes, China y Argentina estrecharán la cooperación estratégica en las organizaciones internacionales y mecanismos multilaterales tales como la ONU, la Organización Mundial de Comercio y el G20 para coordinar oportunamente su postura sobre los importantes temas internacionales y regionales, defender los intereses comunes de los numerosos países en vías de desarrollo e impulsar la evolución del orden internacional hacia una dirección más justa, equitativa y racional». La presidenta Cristina Fernández –que encabezó una comitiva integrada por el canciller Héctor Timerman, los ministros de Planificación Federal, Julio De Vido; de Economía, Axel Kicillof; de Agricultura, Carlos Casamiquela; de Turismo, Enrique Meyer, el secretario de Comunicación Publica, Alfredo Scoccimarro, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Bianco– sostuvo que la relación con China «es una política de Estado en la República Argentina».

 

Tribulaciones judiciales
En tanto, el caso de la «muerte dudosa» –según la calificación judicial vigente– del fiscal Alberto Nisman, se debate entre la investigación y las especulaciones. La instrucción, a cargo de la fiscal Viviana Fein, avanza a paso lento. Al cierre de esta edición, transcurridas varias semanas de la aparición del cuerpo sin vida de Nisman en su departamento de Puerto Madero, aún no se completaron pericias básicas como la toxicológica o el cruce de llamados de los teléfonos móviles, y la incertidumbre alimenta versiones de todo tipo. Si bien hasta el momento lo más concreto es la conclusión de la autopsia, en la que los forenses actuantes determinaron que «en la muerte del doctor Nisman no hubo intervención de terceras personas», sobran teorías acerca de lo ocurrido con el fiscal.
En ese contexto, un grupo de fiscales encabezados por Guillermo Marijuán, Carlos Rívolo, José María Campagnoli, Ricardo Sáenz, Raúl Plee y Germán Moldes, convocaron a una marcha para el 18 de febrero, a un mes de la muerte de Nisman. Si bien aclararon que la idea era manifestar en silencio y sin banderas políticas, a modo de homenaje a Nisman y reclamo de justicia (vale preguntarse quién puede hacer justicia más que el propio Poder Judicial al que pertenecen los demandantes), poco duró esa intención. El propio Stornelli dijo que «este caso es el primero, pero podría no ser el último», instalando la idea de una persecución política a los fiscales. En tanto Moldes, fiscal de la Cámara Federal porteña, fue más lejos: «A mí me tocó vivir una época de miedo y veo que algunas de las características de esa época, donde la gente se tiraba muertos por la cabeza todos los días, está lamentablemente volviendo», aseguró. Los propios fiscales que hablan sin ambages de un supuesto homicidio no parecen respetar el trabajo de su colega Fein, quien aún no llegó siquiera a una conclusión primaria sobre el hecho.
No todos los funcionarios judiciales  coinciden con la manifestación. «Esto es una bravuconada y me sorprende porque está tan fuera del universo judicial: acá no hay discusión jurídica, ni discusión sobre cosas como posibles formas de trabajo. Acá no hay ninguna discusión en juego: esto es una manifestación simplemente política. Me parece bien que tengan expresiones políticas, lo que no me parece bien es que la expresión política encubra otras cosas.» Así calificó a la marcha María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital y titular de Justicia Legítima. Por su parte, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Carlos Gonella, advirtió sobre la desnaturalización de la convocatoria y señaló que «muchos de los colegas que están convocando han sido denunciados por organismos querellantes en el caso por el atentado a la AMIA, como por ejemplo Memoria Activa».
La politización que los organizadores de la marcha supuestamente pretenden evitar parece ineludible. La casi inmediata adhesión de todo el arco opositor y del establishment económico –con la Asociación Empresaria Argentina y la Sociedad Rural a la cabeza–, quedó registrada en una solicitada publicada en los diarios del domingo 8 del corriente. Compitiendo en virulencia con los dichos de Moldes, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, manifestó que «hay que ponerle el cuerpo a la República y a la Constitución y salir a la libertad de la dictadura K». Con otros modos, pero ratificando el carácter de la marcha, se pronunció el precandidato presidencial del Frente Renovador, Sergio Massa. «Es muy importante –expresó– que en silencio, sin carteles políticos, sin buscar ventaja partidaria, salgamos todos a la calle a decir que en Argentina no toleramos más la impunidad».

Fiscales. Viviana Fein está a cargo de la instrucción de la causa Nisman. (Télam)

La marcha, en suma, probablemente comprenda tanto a quienes manifestarán su genuina preocupación por la muerte del fiscal de la causa Amia y denunciante de la presidenta de la Nación, un reclamo de justicia, así como a aquellos que estarán allí con ánimo de expresar su repudio hacia el gobierno nacional. Lo cierto es que la Justicia tiene en sus manos una gran responsabilidad: dar una respuesta cierta acerca de lo ocurrido, mediante una investigación profunda y transparente que esté por encima de las especulaciones que, hasta ahora, parecen ir ganando la partida.

 

En busca de votos
Una de las reacciones del gobierno ante el caso Nisman fue la presentación de un proyecto de ley que disuelve la Secretaría de Inteligencia y la reemplaza por una Agencia Federal, fijando nuevas reglas de juego para la actividad. Los bloques opositores decidieron no participar del debate. De este modo, el oficialismo se encamina hacia la sanción con su propia mayoría en ambas cámaras de una ley fundamental para la democracia, que merece una discusión profunda. Con dictamen de comisión en el Senado, el proyecto orginal fue modificado en base a críticas formuladas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el especialista Marcelo Saín. Sin embargo, el CELS, al tiempo que valoró los cambios introducidos en la iniciativa, advirtió que aún «no resuelve graves problemas de fondo». El organismo reclamó que «el saludable debate iniciado no debería clausurarse a las apuradas, con algunas enmiendas valiosas pero sin modificar las cuestiones de fondo que condujeron a la autonomización de ese sistema y a su relación perversa con jueces y fiscales». Entre otros puntos, el CELS consideró fundamental «regular cómo se fiscalizarán los gastos reservados». Reclamó, además, derogar «la legislación que creó el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, con la autorización de infiltrarse en cualquier organización pública o privada».
En lo que hace a la campaña electoral en ciernes, en medio de la conmoción por el caso Nisman, se presentó el acuerdo entre el jefe de gobierno porteño y candidato presidencial, Mauricio Macri, con la diputada Elisa Carrió, quien formalizó de este modo su salida del Frente Amplio UNEN (FAUNEN). Más allá del riesgo que implica para el PRO incorporar a una figura experta en dinamitar los acuerdos a los que suscribe, la chaqueña le brinda a Macri la posibilidad de competir en las PASO como instancia previa de acumulación electoral. El jefe de Gobierno porteño no tenía rival en la interna de Pro y hasta el momento su espacio no aceptaría participar de una gran interna opositora, aspiración cada vez más impulsada por dirigentes del sector más conservador del radicalismo, como Ernesto Sanz y Gerardo Morales. Justamente, los radicales son interpelados por el acuerdo, que divide aguas en el partido. La postura de Sanz y Morales es rechazada en forma contundente por Julio Cobos, precandidato presidencial, y Ricardo Alfonsín, entre otros, que quieren mantenerse en el marco del FAUNEN y no admiten la posibilidad de compartir candidaturas con el PRO.
En este marco, la crisis del FAUNEN resulta inocultable y las chances de sus precandidatos, Hermes Binner y Julio Cobos, se complican. A la indefinición del radicalismo –se zanjaría en la convención nacional que se realizará en marzo–, se suma la fuga de dirigentes emblemáticos del espacio. Uno de ellos, el senador nacional del Frente Cívico de Córdoba, Luis Juez, dejó de lado viejas críticas formuladas contra el alcalde de Buenos Aires y manifestó su intención de «trabajar para que Mauricio Macri sea presidente». El líder de PRO conquistó además el respaldo de un importante dirigente radical de la provincia de Santa Fe, el concejal de Rosario Jorge Boasso, quien será el compañero de fórmula del candidato a gobernador Miguel Del Sel.
Estos acuerdos fortalecen a Macri frente al otro candidato que aspira a encabezar la oposición al kirchnerismo, Sergio Massa. El diputado y ex intendente de Tigre ve con preocupación los logros que viene cosechando el jefe de Gobierno, al tiempo que sufre por algunas deserciones. En el ámbito bonaerense, el legislador provincial Mariano San Pedro, que respondía al jefe de la bancada renovadora en Diputados, Darío Giustozzi, anunció su regreso al kirchnerismo. En tanto el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien era considerado tropa propia en las oficinas de Massa, anunció la creación de un nuevo partido político, sembrando dudas acerca de su alineamiento a nivel nacional. Así como en la provincia de Buenos Aires Massa impulsa candidaturas a gobernador que pueden lograr fuerte impacto electoral, con Francisco de Narváez y Felipe Solá al frente, y con un devaluado Giustozzi todavía en carrera, en las filas renovadoras no ocultan la frustración que les provoca que no se hayan concretado los traspasos esperados de intendentes kirchneristas hacia el espacio fundado por el tigrense.

Jorge Vilas