9 de julio de 2025
El Gobierno nacional puso en funcionamiento el Sistema Riachuelo un año más tarde de lo previsto y decidió paralizar las obras ya iniciadas, generando perjuicios económicos al país.
AYSA. Trabajadores de la empresa instalan un caño de agua potable subterráneo en Morón.
Foto: Aysa
«Una de las obras de saneamiento más importantes de la historia argentina la terminó finalmente este Gobierno». Manuel Adorni comenzó así su conferencia de prensa el pasado 25 de junio anunciando la culminación del Sistema Riachuelo Ingeniera Elisa Bachofen.
También puso en duda la administración de todas las empresas pertenecientes a la Nación, ya que durante la misma alocución señaló: «Esta es una administración que cumple los contratos, incluso con aquellos fraudulentos, heredados de gestiones anteriores».
En el balance de AySA de diciembre de 2024, la empresa indica que «se propone avanzar en la definición y consolidación del proceso de privatización, sólido e irreversible», consecuentemente con lo que el Congreso había definido a través de la Ley Bases respecto a que AySA está sujeta a ese proceso.
La actual empresa estatal es heredera de la privada Aguas Argentinas, la cual había adquirido a la también estatal Obras Sanitarias de la Nación (OSN). OSN fue privatizada el 1º de mayo de 1993, durante el Gobierno de Carlos Menem. Vendida entonces a Aguas Argentinas S.A. la empresa estaba compuesta por Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez, de Francia, y el grupo local Soldati.
Los pliegos de 1993 estipulaban el compromiso que para el final del contrato el 100% de los hogares en el área de concesión debían tener acceso a agua potable y el 95% de los hogares acceso a cloacas. Sin embargo, en su trabajo La privatización del sistema de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Discontinuidad regulatoria, incumplimientos empresarios, ganancias extraordinarias e inequidades distributivas, Daniel Azpiazu y Karina Forcinito aseguran que «no se realizaron, como establecía el contrato original, importantes obras vinculadas al tratamiento de los afluentes cloacales, ni a los planes de prevención de emergencias, hecho que derivó en la acumulación de niveles significativos –y crecientes– de deterioro ambiental».
Malena Galmarini, titular de AySA durante la gestión de Alberto Fernández, cuestionó los dichos del vocero presidencial Adorni. La exfuncionaria señaló que el actual Gobierno en realidad activó un Sistema Riachuelo que ya estaba terminado. Agregó que solo faltaba ejecutar la puesta en marcha, realizada tardíamente, un año después de los seis meses de lo previsto.
Galmarini añade que además la actual gestión decidió no pagarle a la empresa constructora del Sistema Riachuelo. La Corte Suprema intervino a través de la Causa Mendoza, que obliga al Estado nacional, a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo y a partir de ello decidió destrabar el proceso y avanzar con la puesta en marcha. «No fue decisión política. Fue necesidad jurídica», aclaró Galmarini. La obra fue realizada mediante financiamiento del Banco Mundial (BM) y se convirtió en la más grande de América Latina y el Caribe.
Deterioro
En el sitio Mapa de inversiones de la obra pública en Argentina se visualiza el grado de avance en cada distrito. «El Gobierno no pudo eliminar el sitio web, pues forma parte de un convenio con la Corporación Andina de Fomento (CAF)», indica Gustavo Villa Uría, exsecretario de Obras Hidráulicas del Gobierno del Frente de Todos.
Saneamiento. El Sistema Riachuelo ya estaba terminado y faltaba ponerlo en marcha. El Gobierno libertario lo hizo con más de un año de retraso.
Foto: Aysa
«Toda obra hídrica suspendida se abandona y deteriora por erosión hídrica y efectos climáticos», agrega el exfuncionario.
El Fondo Fiduciario para sostener el sistema hídrico fue creado por Fernando de la Rúa en 2001 por medio del Decreto 1381/01 y forma parte de la alícuota a los combustibles que hoy los gobernadores discuten con el Gobierno nacional para que sea «devuelta» a las provincias.
Los créditos que otorgan organismos como la CAF, Banco Mundial, Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo, Fonplata o el Banco Centroamericano de Inversión y Desarrollo son penados con intereses si no se utilizan; pero la administración nacional no cede esos montos a sus destinatarios directos utilizándolo para sostener el «déficit cero», consigna el Villa Uría.
La página Presupuesto Abierto brinda la información sobre los recursos destinados desde el año 2016 a Agua Potable y Alcantarillado. En base a esos datos se puede evaluar la valoración que para las administraciones anteriores y actual tuvo un derecho inherente como el acceso al agua.
Según consta allí, la reducción de la participación en 2025 y la ejecución menor al 50% en 2024 y al 10% al 25 de junio de este año, muestran el recorte ejecutado por el Gobierno de Javier Milei. Mauricio Macri en cuatro años redujo al 50% los recursos al sector, mientras el Gobierno de Alberto Fernández los incrementó sustancialmente.
El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) era el responsable de esas obras y fue disuelto mediante la Resolución 1.336/2024 el 4 de diciembre de 2024 por el Ministerio de Economía.
La medida fue justificada por el ministro Luis Caputo, quien lo llamó «antro de corrupción» y resaltó la supuesta superposición de tareas con la Subsecretaría de Recursos Hídricos, adonde decidió transferir los recursos.Otro perjudicado por las políticas actuales es el Instituto Nacional del Agua (INA), que realiza proyectos de investigación y asistencia técnica de calidad del agua y es un organismo descentralizado. El decreto 396/2025, emitido el 17 de junio pasado, establece su incorporación al Ministerio de Economía. «Ya no podremos hacer más investigación», denunció a Acción un miembro de la entidad, que prefirió quedar en el anonimato para evitar castigos de la administración libertaria.
