22 de febrero de 2017
Como cada vez que el gobierno de Cambiemos adelanta medidas difíciles de digerir, en las últimas semanas de febrero comenzaron a circular en los medios afines al oficialismo estadísticas sobre el consumo excesivo de agua en Buenos Aires y el Conurbano. Según estudios de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en el área metropolitana, la que cubre AYSA, cada usuario gasta un promedio de 336 litros de agua al día, el doble de Uruguay, Chile y Brasil y el triple de México, Colombia y Perú.
Probablemente el dato sea correcto, no hace falta sino ver, sobre todo por las mañanas, la cantidad que se gasta en la clásica «manguereada» a las veredas de los edificios porteños o los fines de semana, cuando los vecinos limpian generosamente sus autos a puro baldazo.
En distritos del interior es normal que este tipo de acciones estén penalizadas y que para evitar una multa se deba aclarar que para los patios se usa agua de pozo y no del servicio público. Potabilizar es caro y más cuando el agua no abunda.
Lo que en este caso oscurece el mensaje es que de inmediato sale el anuncio de que el gobierno proyecta subir un 22% la tarifa, quitar el subsidio a 1,5 millones de usuarios y poner medidores.
Una de las primeras medidas del gobierno al llegar a la Casa Rosada fue aumentar los servicios públicos. Tuvo tropiezos con la electricidad y el gas, pero el incremento del agua, que fue de un 400%, pasó casi inadvertido. Y hablando en términos crudamente reales, una vida sin electricidad ni gas es técnicamente posible, pero no sin agua.
Otro mal gusto que deja esta campaña es que se produce al mismo tiempo que en El Bolsón hubo otra masiva marcha contra el proyecto turístico de una empresa ligada a un amigo del presidente que pretende lotear las fuentes de las que muchos productores nutren sus campos y muchos otros pobladores obtienen el agua para consumo personal.
