25 de marzo de 2025
Mientras una gran parte del pueblo sostiene las banderas democráticas y los acuerdos básicos para la convivencia, el Gobierno avanza con la destrucción de las políticas públicas de derechos humanos.
CC Haroldo Conti. La policía solo permite el ingreso a aquellos trabajadores que no fueron despedidos, a partir del anuncio del cierre en diciembre pasado.
Foto: NA
El Gobierno de Javier Milei aceleró el proceso de destrucción de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia a días de que se cumplan 49 años del golpe de Estado que implantó la desaparición de personas como una práctica sistemática cuyos efectos impactan hasta hoy.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) tiene su sede principal en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Con la designación del exjuez Alberto Baños al frente de esa dependencia, una presencia se hizo permanente: la de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en la puerta.
Desde principios de año, la PFA controló el ingreso de los trabajadores para filtrar a aquellos que estaban en las listas que se armaron desde el Ministerio de Justicia. Esa vigilancia coincidió con el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Pese a que la administración libertaria dijo que no sería una clausura permanente, sino que buscaría diseñar su nueva programación, el lugar está clausurado desde el 2 de enero.
Desde octubre del año pasado, el Gobierno puso en marcha un proceso de retiros para vaciar la SDH. Quienes no lo aceptaban eran despedidos y perdían el derecho a la indemnización: ese fue el mensaje que se bajó desde el Poder Ejecutivo. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) contabilizan 358 despidos. A esos hay que sumarles los de 15 delegados, que están en lo que describen como un limbo. «Pero, además, mucha otra gente que se fue por pase o directamente renunció. Por eso pasamos de ser 1.050 en diciembre de 2023 a menos de 500 hoy», precisan desde el gremio.
Baños tenía prevista una tanda de despidos para el 31 de marzo, pero decidió acelerarla para mitad de mes. Argumentó que hubo actos de indisciplina por parte de los trabajadores por participar de asambleas.
La Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos resultó prácticamente desmembrada. En redes sociales, circula un video en el que se ven los escritorios que quedaron vacíos. El Gobierno echó a abogados que querellaban en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos en los juicios de lesa humanidad y se terminó con el equipo de peritos que había conformado la gestión de Horacio Pietragalla Corti.
Sin personal
Adriana Taboada es psicóloga y fue la última integrante de ese equipo en ser desvinculada. Su despido había sido pedido por la Unión de Personal Militar Asociación Civil (Upmac) –que reclama una amnistía para los perpetradores de la dictadura– y fue celebrado por Justicia y Concordia, que agrupa a abogados que defienden a los acusados en los crímenes de lesa humanidad.
«Llegamos a este 24 de marzo con una SDH que tiene menos de la mitad del personal que tenía hace un año. No había personal ocioso. Hay tareas que ya no se van a poder hacer», dice. Ya no hay abogados querellantes, por ejemplo, en Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Corrientes, Mar del Plata y Bahía Blanca. Para atender las causas de la Ciudad de Buenos Aires y las que tramitan en San Martín –que incluyen la ESMA y Campo de Mayo– solo quedaron tres letrados. El sector de investigación se vio reducido a la mitad.
Lo que ahora se percibe en la SDH es una tendencia que arrancó con fuerza el año pasado. Tan solo cuatro días después de la marcha del 24 de marzo, Luis Petri desmanteló los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) que funcionaban dentro del Ministerio de Defensa. En enero de este año, la Armada quiso mudar su archivo y destruir documentación. El proceso se interrumpió porque la jueza Alicia Vence se lo impidió.
Milei eliminó la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba desde 2004 al interior de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y estaba facultada a acceder a archivos en manos del Poder Ejecutivo. No fueron las únicas áreas afectadas: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta denunciaron que se descontinuó la mesa que trabajaba con los archivos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y en la Cancillería la Dirección Nacional de Derechos Humanos quedó bajo la influencia de la abogada antiderechos Úrsula Basset, aliada de Karina Milei.
Convocatoria. Trabajadores del Conti, en el predio de la exESMA, organizan un festival artístico en defensa de la institución, ante la clausura anunciada por el Gobierno.
Foto: NA
El rol de la Justicia
«En un año y tres meses, el Poder Ejecutivo se dedicó a destruir todas las herramientas que aportan a los juicios, y creo que lo va a seguir haciendo. En parte, el Gobierno va a continuar llevando adelante esta destrucción en la medida que el Poder Judicial no le ponga freno», sostiene el abogado querellante Pablo Llonto.
Hubo algunos impedimentos por parte de los tribunales. La jueza Vence impidió la mudanza del archivo de la Armada. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó, además, preservar los archivos de Defensa y de la Conadi. El fiscal Alejandro Alagia hizo una inspección en el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y advirtió que la documentación estaba en riesgo.
El 27 de marzo próximo, el juez federal Daniel Rafecas tiene previsto inspeccionar el sitio de memoria que funciona en lo que fue el centro clandestino conocido como Club Atlético. Es una medida que dispuso después de que querellantes denunciaran que el Gobierno estaba poniendo en riesgo la preservación del lugar –que es una prueba para las investigaciones– con el desfinanciamiento y el despido de trabajadores. La situación se replica en los otros sitios que dependen del Gobierno nacional.
«Los juicios continúan –prosigue Llonto–. El panorama es parecido al de otros años en ese sentido: lentitud y falta de fijación de fechas de comienzo de las audiencias. La Comisión Interpoderes (que depende de la Corte Suprema) sigue sin reunirse –dice el abogado–. A pesar del contexto, no se ve un cambio en la jurisprudencia. Lo que sí se notó es que el Poder Judicial no tiene el coraje para enfrentar a un Ejecutivo que te pisotea cuando se trata de proteger a los equipos de investigación o los archivos».
Plan de impunidad
La Casa Rosada difundió un spot para conmemorar los 49 años del golpe de Estado. Ya lo había hecho el año pasado con un video que discutía el número de desaparecidos y caracterizaba como un «curro» la lucha de los organismos de derechos humanos. Este año, la narrativa ratifica esa línea negacionista y reivindicatoria de los crímenes de la dictadura. La provocación oficial insiste en la necesidad de una «memoria completa».
No se trata solo de un discurso provocador y una motosierra encendida contra los trabajadores estatales, detrás de la ofensiva hay algo más. A mediados del año pasado, quedó al descubierto que había un plan de impunidad en ciernes. Fue cuando se conoció que seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) se reunieron con Alfredo Astiz y otros represores presos en el penal de Ezeiza.
Una de las visitantes, la diputada Lourdes Arrieta, denunció haber ido engañada y expuso una serie de chats que mostraban una articulación entre legisladores oficialistas, abogados defensores, un cura y hasta un exjuez de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. Entre lo que discutían estaban distintas iniciativas para lograr la prisión automática para los mayores de 70 y el freno a las investigaciones que se estaban iniciando, lo que incluso generó un pedido de respuesta por parte de distintos relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El lunes 24 de marzo, miles de personas saldrán a las calles para renovar el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Será en un contexto marcado por el endurecimiento de la represión a la protesta. «A todo lo que fuimos advirtiendo desde antes de que este Gobierno asumiera respecto de sus políticas reivindicadoras del genocidio, ahora hay que agregar un componente más: los esfuerzos del campo popular están centrados en las violaciones a los derechos humanos del presente –la violencia institucional y la ofensiva represiva– y eso va en desmedro también de los juicios», sostiene Guadalupe Godoy, abogada querellante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH).
Sin embargo, como siempre, la memoria se abre paso.
