Política | CAUSA VIALIDAD

Alegato y acusaciones

En una contundente exposición la vicepresidenta planteó los argumentos por los cuales entiende que el proceso en su contra carece de justificación jurídica.

Senado. Desde su despacho, Cristina Fernández salió al cruce de los fiscales Luciani y Mola.

Foto: Télam

En una hora y cuarto de alegato por plataforma virtual, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fijó posición como abogada ante el Tribunal Oral Federal 2 sobre los puntos, explicó, que pensaba mencionar en la exposición que se le impidió realizar el 23 de agosto, un día después de que culminara la ronda de exposiciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. «Esto no es algo que graciosamente se me concede. Si no fuera porque soy abogada, hubiera estado en estado de indefensión» para responder a «una improcedente y arbitraria ampliación de los alegatos por parte del fiscal», en la etapa de instrucción, agregó.
La exmandataria, luego de fustigar a sus acusadores, a los que sindica como inmersos en un caso de prevaricato, centró su discurso en una suerte de clase de derecho en la que apeló a la Constitución de 1994, de la que fue constituyente. Fernández citó al jurista austríaco Hans Kelsen para afirmar que el orden jurídico de un país debe responder a las premisas de ser congruente, no contradictorio, bastarse a sí mismo y no tener lagunas.
Así, consideró que en la causa que sustanciaron los fiscales Luciani y Mola se violaron los criterios de federalismo al reabrir un caso que ya había juzgado el poder judicial de la provincia de Santa Cruz. Sostuvo que también se violó la separación de poderes al afirmar que los fiscales «se arrogaron la potestad de juzgar decisiones políticas» tomadas con anuencia de los poderes ejecutivo y legislativo –que votó leyes de presupuesto donde figura la financiación de la obra pública cuestionada– y también reclamó el derecho a que se juzgue con la misma lógica todos los actos de Gobierno y no solo los que atañen a Gobiernos peronistas.
En ese sentido, y tras hacer un repaso de las persecuciones contra Gobiernos populares en la historia argentina, adelantó que «todo esto que pasó en estas jornadas lo vamos a compendiar, lo voy a subir a mis redes, para que el mundo pueda observar lo que fue este juicio».

De Gobiernos y asociaciones ilícitas
Luego, fue directo contra la imputación de que es jefa de una asociación ilícita: «Los Gobiernos somos elegidos por el pueblo y no podemos ser nunca una asociación ilícita», dijo, para recordar que el partido que integra gobernó 12 años consecutivos. Y agregó: «Néstor Kirchner, que fue intendente (de Río Gallegos) en 1987, gobernador electo en 1991 y reelecto en el 95 y en el 99, ¿hizo todo eso pensando en que iba a llegar a la presidencia de la Nación para hacer 51 obras viales a través de la provincia de la que había sido gobernador durante tres períodos consecutivos? (…) ¿Militamos toda la vida para 51 obras viales? ¿Por qué no las hizo en los 12 años de gobernador?».
«Los actos administrativos se presumen legítimos. Han traído de los pelos una situación porque tenían que traerme de los pelos a mí. Para traerme de los pelos a mí, a este juicio, trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Penal, al Código Civil, a la ley de Procedimientos Administrativos, a la jurisprudencia, a la lógica, a todo», protestó en otro tramo de su alocución, que se produjo desde su despacho en el Senado de la Nación.
A continuación, se permitió otra ironía –y no fueron pocas en esos intensos 76 minutos–: «Si todos los actos de la asociación ilícita son ilegítimos, por la aplicación de la teoría y principio del derecho penal, los frutos del árbol envenenado (…) llegaríamos al ridículo de que el fiscal Luciani no podría estar en esta causa porque no es fiscal, porque su nombramiento lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita ¿Se dan cuentan de a dónde vamos si agarramos de los pelos y retorcemos códigos y leyes? Vamos al desastre».
Cerca del final, expresó su preocupación por el atentado que sufrió el 1 de septiembre pasado, al que enmarcó en la estigmatización de su persona a cargo de la prensa opositora y en la inacción del poder judicial y de fuerzas de seguridad, tanto locales como nacionales, para intervenir en otros ataques como la andanada de piedrazos que sufrió en ese mismo despacho en marzo pasado.
Y cuestionó las acusaciones acerca de que busca impunidad. «Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado. Yo me siento en estado de indefensión, muy intranquila. Los jueces que me juzgan, ustedes, los que están en la Casación, el fiscal, son amigos y jugaban con (Mauricio) Macri al paddle. Las personas que están detenidas y a quien yo considero el jefe de la banda [de los «copitos»], sus abogados defensores eran asesores de un senador de la Nación, alguien que se sienta a metros mío. La asesora de otra diputada también…».
Con los ojos enfocados en la cámara, culminó con un mensaje directo al juez Jorge Gorini. «Si yo me siento en estado de indefensión, qué le pasaría a usted, Gorini, si le pasara lo mismo que a mí, que los defensores de ese que intentó matarlo sean asesores de legisladores peronistas? Imagínelo por un instante, porque yo siempre recomiendo que se pongan en el lugar del otro. Yo siempre me pongo en el lugar del otro, ayuda a resolver mejor las cosas. Sobre todo, cuando se tiene tanta responsabilidad».


Alberto López Girondo