11 de diciembre de 2013
Acuartelamientos, reclamos, saqueos y muertes iniciados en Córdoba y con repercusiones en varias provincias empañaron la conmemoración de los 30 años de vigencia democrática.
En la calle. Vecinos y policías en el barrio Libertador San Martín de la capital cordobesa después del acuartelamiento y los saqueos. (Télam)
Cuando los argentinos se aprestaban a celebrar los 30 años de vigencia ininterrumpida del sistema constitucional, la sucesión de reclamos policiales en distintas provincias, algunos de ellos con episodios de violencia, mancharon el clima festivo que rodeaba al aniversario de la asunción presidencial de Raúl Alfonsín. No debería llamar la atención ya que las tres décadas transcurridas desde 1983 no depararon sólo alegrías. Más bien fue un período con avances y retrocesos, con recuperación de derechos pero al mismo tiempo con remezones de autoritarismo que, con todo, no lograron quebrar la institucionalidad, cuya consolidación en este tiempo parece ser uno de los principales logros del país.
En ese contexto, el autoacuartelamiento de la policía provincial en Córdoba fue el disparador del preciso operativo del que participaron bandas organizadas de saqueadores que se movilizaron en lujosas camionetas y motos de alta cilindrada y al que se sumaron posteriormente grupos de jóvenes marginalizados a quienes los agentes suelen apremiar habitualmente para impedir que accedan al centro de la ciudad. Durante las cerca de 40 horas que duró el alzamiento, fueron asaltados centenares de pequeños locales y algunos supermercados –no así los grandes hipermercados y shoppings– de la capital mediterránea, mientras el gobernador José Manuel de la Sota, quien debió regresar raudamente al país ya que se encontraba en el exterior, aseguraba que se había solicitado al Ejecutivo Nacional el envío de gendarmes, un hecho que había sido desmentido por su propia ministra de Seguridad –ya renunciada– y que se confirmó falso. A continuación, celebró un acuerdo con los amotinados a los que les dio prácticamente un tratamiento de héroes.
La algarada terminó con un saldo de un muerto, más de 100 heridos, dos centenares de detenidos y promovió el contagio a miembros de otras fuerzas de seguridad provinciales –al cierre de esta edición, se registraron episodios de este tipo en La Rioja, Catamarca, Río Negro, Entre Ríos, Chaco, Buenos Aires, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Jujuy, Neuquén, Tierra del Fuego y Chubut–, quienes parecieron descubrir un método fácil, rápido y efectivo para satisfacer sus reivindicaciones corporativas y salariales. El número de víctimas fatales de la violencia ya alcanzaba la decena.
Entrevistado por Reynaldo Sietecase en Radio Vorterix, el periodista Tomás Méndez, que se hizo conocido por sus investigaciones sobre los vínculos de los uniformados cordobeses con el narcotráfico y el hampa en su programa ADN que se emite por el canal 10 de la Universidad de Córdoba, sostuvo que en la policía se había bajado una línea clara: todos tenían que delinquir y el dinero así obtenido se repartía. «Como ahora los mandos superiores están presos o fuera de la institución ya no hay más caja chica y por eso piden un aumento desmedido». Esos ingresos, según Méndez, no provienen sólo del narcotráfico, sino también «de la sustracción de automotores y de robos y hurtos, porque también las comisarías tienen recaudaciones». En tanto, su colega Dante Leguizamón, que trabaja en el mismo canal, aseguró haber visto policías vestidos de civil participando de los saqueos organizados. La mayoría de los testigos de estos ominosos acontecimientos coincide en destacar la notable sincronización de los grupos que abandonaban rápidamente las zonas en las que los comerciantes habían erigido barricadas, para dirigirse hacia otros lugares menos conflictivos. Los focos se iniciaron de la misma manera en horarios simultáneos y con la misma metodología. Además, la reacción de algunos de los pequeños comerciantes afectados asumió características racistas y discriminadoras. Se castigó por portación de cara, se corrió a punta de pistola a los ciudadanos de piel morena que circulaban en motos. Una verdadera guerra de pobres contra pobres que seguramente dejará huellas.
Cabe señalar que hasta setiembre de este año, cuando fue obligado a renunciar por la referida investigación de Méndez, el ex comisario general de la policía cordobesa, Alejo Paredes, estaba a cargo del Ministerio de Seguridad, lo cual demuestra la autonomía, poder y protección de que gozaba la institución. Los organismos de derechos humanos habían impugnado su designación, ya que éste había secundado al ex jefe de Inteligencia Criminal durante el gobierno del radical Ramón Mestre, Carlos el Tucán Yanicelli, quien ha sido condenado dos veces por delitos aberrantes cometidos en la tristemente célebre D-2, desde donde operaba la Triple A local durante la última dictadura. A pesar de esos antecedentes, Yanicelli permaneció en actividad en la fuerza hasta 1996.
En tanto en Santa Fe, donde las fuerzas policiales, comprobadamente vinculadas con el narcotráfico, pretendieron sacar ventaja del miedo y la impotencia, la actitud del gobernador Antonio Bonfatti fue diferente. Con absoluta discreción, obtuvo de Nación el envío de 1.500 efectivos de la Gendarmería a fin de garantizar el orden público si la situación se complicaba como después sucedió.
Por su parte, el Gobierno nacional, mediante el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se declaró «consternado» por las «acciones deliberadas que pretenden generar caos y zozobra en la sociedad». El funcionario agregó que «es responsabilidad de los gobiernos provinciales encauzar las negociaciones, pero también es responsabilidad del Poder Judicial, que debe actuar ante estos hechos vandálicos». Capitanich, que recibió al gobernador cordobés De la Sota días después de los incidentes, advirtió: «No es casualidad que este aspecto autoritario pretenda socavar las bases de legitimidad democrática, al cumplirse 30 años de democracia ininterrumpida».
En el acto de conmemoración por el aniversario, la presidenta Cristina Fernández asignó motivaciones políticas a los violentos episodios. «Algunas cosas que pasan en determinadas fechas y con determinados protagonistas no son por contagio, son por planificación y ejecución quirúrgica», aseguró la mandataria.
En tanto, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó una comisión específica para coordinar las investigaciones en todo el país y dilucidar de este modo las eventuales vinculaciones entre ellas.
Causas profundas
El Congreso Nacional no se mantuvo ajeno a lo ocurrido. «Se decidió manifestar el apoyo de los partidos políticos aquí representados a la gestión de los gobernadores frente a los hechos de dominio público», manifestó un comunicado conjunto suscripto por los presidentes de cada una de las bancadas de la Cámara de Diputados. «La forma de expresarse de los efectivos es una injustificada modalidad que no se corresponde con la situación de personas que se encuentran armadas en defensa de la ley», señalaron los firmantes, Federico Pinedo (PRO), Juliana Di Tullio (FpV), Elisa Carrió (UNEN), Mario Negri (UCR), Carlos Brown (FE), Jorge Valinotto (Frente Cívico de Córdoba) Gerardo Milman (GEN), Carlos Heller (Frente Nuevo Encuentro), Darío Giustozzi (Frente Renovador), Mario Das Neves (Trabajo y Dignidad), Claudio Lozano (Unidad Popular) y Juan Carlos Zabalza (Socialista).
Casa de Gobierno. Capitanich y De la Sota, reunión y conferencia de prensa. (Télam)
Lo cierto es que, más allá de la connivencia entre las policías provinciales y cierta delincuencia, la situación social refleja las distorsiones y complejidades de décadas de exclusión y necesidades aún no satisfechas, que en los suburbios de los centros urbanos han repercutido en los comportamientos de amplios segmentos juveniles a los que con total liviandad se suele caracterizar como los ni-ni (ni estudian ni trabajan). Enrique Font, titular de la cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario e integrante del subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, en una entrevista firmada por Sebastián Ortega y publicada por Infojus Noticias, traza una lúcida descripción de esta circunstancia. Refiriéndose al crecimiento de los homicidios en Rosario apunta que ligarlo exclusivamente con la narcocriminalidad implica incurrir en una manipulación interpretativa del fenómeno y desvincularlo de las causas más profundas de los problemas en los barrios.
Para Font, el perfil de las víctimas y los victimarios de la violencia es el de jóvenes de algunos barrios en particular, profundamente excluidos en términos estructurales y de trabajo, hostigados y estigmatizados por la policía. «Pertenecer a una banda, participar de manera fluctuante de arrebatos, escruches y delitos es una alternativa para construir identidad, vínculos, redes», apunta, y detalla: «Los pibes la llaman junta, no banda, es una cosa elástica, fluctuante. Pueden ser parte porque se juntan en la esquina con el grupo equis, pero no roban ni andan a los tiros aunque producen un nivel de violencia muy alto que, con un buen enfoque social, se puede prevenir». El criminólogo destaca: «Esos pibes son fáciles de encontrar, están en la esquina, mostrándose, no son delincuentes profesionalizados», y agrega: «A veces trabajan, otras veces roban, hay mucho de ir y venir del trabajo legal al ilegal todo el tiempo. (…) La Justicia federal es catastrófica, no se mete con los poderosos e investiga mal y últimamente se ha dedicado al eslabón más visible, más básico, más vulnerable y más recambiable del fenómeno de la narcocriminalidad (…) Este conflicto siempre funcionó con autonomía policial, que algunos llaman delegación. Un Estado determinado, en lugar de asumir el control político de la seguridad, y por ende de la policía, dice “manejalo vos, quiero esto, esto y esto”. El acuerdo incluye una recaudación ilegal que se mantenga en niveles políticamente tolerables y esa autonomía tiene siempre como elemento central la sobrecriminalización y desprotección de los sectores populares».
—Daniel Vilá
