31 de mayo de 2021
Desde hace 584 semanas los habitantes de Andalgalá, provincia de Catamarca, manifiestan su rechazo al proyecto de megaminería a cielo abierto Agua Rica, mientras que el Gobierno local incrementa las intimidaciones contra los activistas que impulsan las protestas.
Para los lugareños, este es un tema conocido. Desde hace más de 20 años se movilizan contra el proyecto de Bajo La Alumbrera –el primer emprendimiento de megaminería a cielo abierto de Sudamérica–, mientras que, en la actualidad, la resistencia se focaliza en una explotación minera de oro, cobre, plata y molibdeno, que sería tres veces mayor que aquella: Agua Rica –en el cordón montañoso El Aconquija– propiedad de las trasnacionales Yamana Gold, Glencore y Newmont. «Agua Rica o MARA es un proyecto de minería a cielo abierto ubicado en la cuenca del río Andalgalá, más cerca del río Minas, que es uno de sus afluentes principales, en una zona
de glaciares y periglaciares, a 14 kilómetros del centro de Andalgalá», explica Melina Zocchi, de la Asamblea El Algarrobo, una de las organizaciones que moviliza la protesta.
«Este es un proyecto inviable por ser megaminero, porque lo que es inviable es la megaminería a cielo abierto», afirma Zocchi. A mediados de abril, tras la Marcha por el agua y la vida, 12 personas fueron detenidas acusadas de haber participado en disturbios. Mientras que organizaciones de derechos humanos condenaron las detenciones, el Gobierno catamarqueño emitió un comunicado asegurando que desde hace una década garantiza la participación ciudadana en proyectos mineros.
