20 de noviembre de 2025
La Justicia avanza en la investigación por sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad. Acusaciones, delitos y nexos políticos de una causa de alto impacto para el Gobierno libertario.
Buenos Aires. Una de las protestas frente a la sede del organismo ubicado en el barrio de Belgrano.
Foto: NA
La Justicia logró determinar que en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) funcionó «una enorme trama de corrupción y un aceitado esquema de pagos indebidos a funcionarios/as públicos/as». Así lo estableció el fiscal Franco Picardi, quien está cargo de la investigación del «Coimagate», el caso que se abrió a partir de una filtración de audios en los que se escucha decir al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que en el organismo bajo su mando funcionaba su sistema de coimas que terminaba en manos de la hermana del jefe de Estado, Karina Milei.
Spagnuolo, íntimo amigo y exabogado del presidente Javier Milei, se presentó este miércoles a prestar declaración indagatoria y rechazó los hechos que le adjudica Picardi, realizó algunas aclaraciones, pero se negó a declarar y responder preguntas. Su situación es muy comprometida. En el dictamen en el que el fiscal pidió su citación hay menciones de pagos millonarios para él en efectivo y para otros funcionarios. Hay chats, videos y documentación que lo complican. Si bien el juez Sebastián Casanello rechazó un pedido de detención en su contra requerido por Picardi, le prohibió la salida del país y le ordenó presentarse cada 15 días en el juzgado.
¿De qué se acusa a Spagnuolo? De que como titular de la ANDIS «permitió, consintió y supervisó el direccionamiento de compulsas de precios, para que finalmente determinadas droguerías y firmas vendedoras de insumos resultaran adjudicatarias y ganaran millonarias sumas de dinero, en un corto plazo y en muchas ocasiones con elevados sobreprecios; en detrimento del erario público y de los principios que guían la administración de recursos estatales. Todo lo cual, lo realizaba a cambio de diversos beneficios económicos indebidos para él».
Spagnuolo es el tercer acusado que se presenta ante la Justicia y decide guardar silencio. Previamente fueron indagados Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete, ambos considerados «jefes paraestatales de la ANDIS».
Atchabahian integró la ANDIS durante el macrismo y según Picardi fue clave en el esquema desenmascarado. Está relacionado con el laboratorio Roche y es el único acusado detenido en el marco de esta causa. Fue apresado y llevado a declarar a Comodoro Py el 14 de noviembre. Está con prisión domiciliaria.
Miguel Ángel Calvete es un multifacético empresario que estuvo vinculado a la causa AMIA, a sectores carapintadas y presidió la Federación de Supermercados Chinos. Al día de hoy está detenido en el marco de otra causa por facilitar la prostitución. Según indicaron fuentes judiciales, su reclusión se decidió luego de que en el mes de octubre, en el marco del «Coimagate», Casanello ordenara el allanamiento de sus domicilios. Para Picardi fue «el jefe de la asociación ilícita» que funcionó en la ANDIS. Fue citado a declarar en esta causa el 18 de noviembre pasado. En la acusación en su contra se destacó que está vinculado a múltiples droguerías y firmas proveedoras de insumos de alta complejidad de la agencia. Tenía influencia directa sobre Spagnuolo y Garbellini, «a quienes consultaba por pagos que debían ser dispuestos desde la ANDIS y con quienes se reunía», indicó el fiscal. También tenía operadores en la agencia. «Logró obtener adjudicaciones de sumas de miles de millones de pesos», precisó Picardi, que agregó que Calvete actuaba como «conector entre ANDIS y el sector privado vinculado a la salud» y que «fue uno de los encargados de gestionar numerosos pagos indebidos a diversos/as funcionarios/as de ANDIS». Entre ellos, 5 millones de pesos en efectivo para Spagnuolo. Su hija, Ornella Calvete, estuvo a cargo de una dirección en el Ministerio de Economía de la Nación desde el 1° de septiembre de 2024 hasta este miércoles, cuando fue desafectada en medio del escándalo. En la casa de Ornella, que también es investigada en esta causa, «se secuestraron cerca de 700.000 dólares» en un operativo del 9 de octubre pasado.
La fiscalía también investiga si Calvete blanqueó el dinero obtenido de forma «indebida» en la ANDIS a través de Sergio Mastropietro, vinculado a la firma Baires Fly. Mastropietro es un exsocio de Federico «Fred» Machado, el argentino extraditado a los Estados Unidos acusado de integrar una organización dedicada al narcotráfico y el lavado de activos, vinculado al diputado libertario José Luis Espert. Se ordenaron allanamientos en domicilios de Mastropietro, quien visitaba junto a Calvete a Spagnuolo en su casa.
El interrogante que se abre ahora es si alguno de los restantes 12 acusados que están citados a prestar declaración indagatoria en los próximos días seguirá la misma estrategia de Spagnuolo, Calvete y Atchabahian o alguno de ellos decidirá hablar.
Íntimos. Diego Spagnuolo, uno de los acusados, junto al presidente Javier Milei.
Firmas acusadas
El viernes 14 de noviembre, cuando se levantó el secreto de sumario, se conoció un dictamen de Picardi en el que expuso la red de corrupción que funcionó en la ANDIS y donde pidió 6 detenciones y 15 indagatorias. El acusador público sostuvo que en la agencia hubo entre diciembre del 2023 y octubre del 2025 una gran red de corrupción integrada por funcionarios y personas relacionadas con droguerías y prestadoras de medicamentos e insumos de alto costo.
El fiscal determinó que la ANDIS «fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo».
Las firmas acusadas eran parte del Programa Incluir Salud de la ANDIS, donde se adquirían los medicamentos e insumos de alto costo (PACBI). Según los audios de Spagnuolo, de allí salía el 3%. En la causa hay chats, por ejemplo de Calvete, que hacen referencia a ese porcentaje para «KM».
De acuerdo a la fiscalía, hasta el momento «cuatro empresas fueron las principales receptoras de amplias sumas de dinero de manera indebida».
Las 12 próximas indagatorias
La ronda de indagatorias del Coimagate continuará y se extenderá hasta diciembre. Están programadas al menos 12 citaciones más: la de Daniel Garbellini, quien era director de Incluir Salud y se negó a declarar; Eduardo González y Lorena Di Giorno, acusados de ser los articuladores «entre el mundo de las contrataciones de medicamentos e insumos PACBI y las firmas beneficiadas por el esquema de corrupción»; Roger Grant, quien «fungió como el ejecutor directo de los mandatos de Garbellini»; Luciana Ferrari, que trabajaba en secreto para la ANDIS a pesar de ser parte de uno de los laboratorios más importantes del país y recibía «ayudas» por su «colaboración»; Federico Santich, Patricio Rama, Ruth Lozano, Andrés Arnaudo, Silvana Escudero y Alejandro Fuentes Acosta, todos vinculados con las cuatro droguerías que fueron beneficiadas por el sistema de corrupción; y Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete, acusada de «conseguir gran cantidad de dinero en efectivo para Spagnuolo». Tras escuchar a todos, el juez deberá resolver su situación procesal.
A este grupo de imputados se suman otros 8 acusados que no fueron convocados a indagatoria pero que están siendo investigados. Entre ellos se destacan el exsocio de Machado, Sergio Mastropietro; Alan Pocoví; y Sebastián Nuner Uner. A los dos primeros se los investiga por, presuntamente, haber blanqueado el dinero obtenido de forma ilegal de la ANDIS. El tercero es director de la droguería Suizo Argentina, también acusada en toda esta «enorme trama de corrupción» que impacta al Gobierno.
