17 de febrero de 2025
Las políticas de memoria, verdad y justicia están en la mira del Gobierno nacional que pone en riesgo el acervo documental que sustenta investigaciones sobre los crímenes de la dictadura cívico-militar.
ExESMA. El Archivo Nacional de la Memoria funciona en lo que fue un campo de concentración.
Foto: Enrique García Medina
«Yo no entiendo, si ya le habíamos dicho al Gobierno que debía preservar los archivos», dice, perplejo, Bernard Duhaime, relator especial sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Acaba de enterarse de que la Armada Argentina planea mudar su archivo general (AGA) y, para eso, autorizó la selección y trituración de documentación, lo que generó alarma entre querellantes, fiscales y jueces que intervienen en juicios por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado, porque podría tratarse de una maniobra para hacer desaparecer prueba fundamental para estos procesos. La de la Marina está lejos de ser una decisión aislada. Desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, las políticas orientadas a conocer la verdad sobre lo sucedido en los años 70 y 80 estuvieron bajo asedio.
«Estamos en medio de un proceso de destrucción de un patrimonio documental de toda la humanidad, no solo de Argentina», advierte Miguel Palazzani, fiscal general en Bahía Blanca y Neuquén, que viene reclamando que el Poder Judicial tome medidas para preservar ese acervo.
Cuando el proceso de justicia volvió a ponerse en marcha, Argentina emprendió una política para preservar la documentación sobre lo sucedido durante la última dictadura. En aquellos años, los organismos de derechos humanos, con sus propios medios y aprendiendo de los errores, se habían dedicado a documentar el accionar del terrorismo de Estado.
Documentación
En 2003, se creó el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que resguarda fondos documentales vinculados a la búsqueda de verdad y justicia. Desde hace más de 17 años, tiene sus instalaciones en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Según estimaciones, hay cinco kilómetros lineales de documentación preservada. La más importante, la que produjo la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) a partir de diciembre de 1983.
En junio de 2004, cuando todavía la Corte no había declarado la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Néstor Kirchner firmó el decreto 715, que creaba una unidad especial de investigación (UEI) dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Esta UEI debía agilizar la búsqueda de los cientos de bebés robados durante la dictadura y, para eso, tendría acceso a todos los archivos en poder del Ejecutivo.
En enero de 2010, Cristina Fernández de Kirchner rubricó el decreto 4, que desclasificó toda la información en poder de las Fuerzas Armadas que estuviera referida al período 1976-1983. Esta determinación tuvo su correlato dentro del Ministerio de Defensa. La entonces ministra Nilda Garré conformó los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) para que trabajaran sobre los archivos burocráticos militares. Cuando Garré fue designada al frente del Ministerio de Seguridad, replicó la experiencia de Defensa.
En 2012, la Cancillería suscribió un acuerdo con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para conformar una comisión de relevamiento para la recuperación de la memoria histórica, tendiente a revisar los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores y a coordinar con otros países que quisieran desclasificar sus propios documentos, tal como había hecho Estados Unidos en 2002 a partir del pedido de los organismos de derechos humanos.
La información de inteligencia siempre fue un asunto opaco. Recién a finales de 2019, cuando la exfiscal Cristina Caamaño fue enviada como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se corroboró que había documentación. En 2021 se conformó una mesa conjunta con organismos de derechos humanos y el ANM para avanzar en el análisis de la documentación.
Acceso en jaque
Todas estas políticas de acceso a la verdad fueron puestas en jaque tras la llegada al poder de Milei y Victoria Villarruel. «El Gobierno identificó la importancia de toda la documentación como una herramienta fundamental en el proceso de justicia», sostiene Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. «Avanzó contra estas áreas. Lo hizo en sintonía con la definición de borrar ese proceso histórico y de escribir una historia en la que se plantee la teoría de los dos demonios o directamente se reivindique el accionar de la dictadura cívico-militar», añade.
En Defensa, Luis Petri desmanteló los ERyA a fines de marzo, días después de la marcha por el 48º aniversario del golpe de Estado. Despidió a los trabajadores y los acusó de conformar un grupo parajudicial dedicado a perseguir militares. Si bien más de 30 fiscales se opusieron a la decisión, Petri no dio marcha atrás. En julio, derogó las resoluciones que regulaban su funcionamiento.
En Seguridad no hubo grupos de relevamiento para eliminar porque Bullrich ya lo había hecho en su anterior gestión como ministra. Lo que sí hizo Bullrich al igual que Petri fue negarle el acceso a legajos a la Conadi. La ministra calificó al ente, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, como un «organismo militante». En agosto, Milei derogó el decreto de Kirchner y, por lo tanto, eliminó la UEI que funcionaba dentro de la Conadi.
Petri. Desactivó los equipos de relevamiento y análisis que trabajaban sobre los archivos militares.
Foto: NA
«Son archivos que tienen un rol fundamental respecto de lo que ocurre en los distintos juicios que estamos llevando adelante y para las investigaciones que están en instrucción», explica la auxiliar fiscal Ana Oberlin, que interviene en las causas de lesa humanidad que tramitan en La Plata. «En el caso de Conadi, además, hay que destacar que es una institución que tiene más de 30 años y ha recopilado información de distintos organismos –algunos que ya ni siquiera existen–. Si hay temas que son de muchísima actualidad, sin duda tienen que ver con los nietos y las nietas que todavía no han recuperado su identidad y que deberían ser una gran preocupación para todos los organismos del Estado, principalmente para el sistema de justicia».
La Cancillería se vio sacudida por los despidos. Si bien la Comisión de relevamiento no se eliminó, todo está paralizado. Se detuvieron los pedidos de desclasificación que estaban en marcha y se desincentivó la recepción de todo tipo de documentación. Este proceso se aceleró tras la llegada de Nahuel Sotelo a la Secretaría de Culto y Civilización. El Ministerio tenía a su cargo, además, la coordinación de una mesa de archivos con distintas áreas del Estado y con la participación de la sociedad civil. Esa instancia ya no está activa.
El CELS y Memoria Abierta denunciaron que se descontinuó la mesa conjunta que trabajaba con la documentación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). En estas dependencias se registraron también despidos de quienes trabajaban con los archivos. En general, la SIDE solo responde a requerimientos judiciales, y sin especial ímpetu.
En enero, el ANM sufrió el despido del 40% de su personal, según denunció el Consejo Internacional de Archivos (ICA por su sigla en inglés). El 24 de enero, el fiscal general Alejandro Alagia –después de recibir la preocupación de un grupo de sobrevivientes y familiares– se apersonó para comprobar las condiciones de seguridad del ANM. En un informe que elevó a los tribunales hizo saber que encontró una serie de déficits que debían ser atendidos.
Conciencia judicial
La decisión de eliminar documentación de la Armada marcó el pulso de los tribunales durante la feria estival. Dos jueces dictaron medidas cautelares impidiéndolo: Alicia Vence (San Martín) y Ernesto Kreplak (La Plata). Kreplak ya había actuado en la misma línea tras la decisión de Petri de desarmar los equipos de Defensa y después de la eliminación de la UEI de la Conadi.
La Cámara Federal de Casación Penal recomendó en agosto pasado la preservación de los sitios de memoria y del acervo documental producido al calor del proceso de justicia.
«Mientras la historia sigue exhibiendo la total perversión de lo jurídico a través del rol de la judicatura en la instauración y mantenimiento de la última dictadura cívico-militar, continúa un deber institucional de memoria», afirma Alejandro Slokar, juez de la Cámara de Casación y coordinador de la Comisión que se encarga de velar por los derechos de las víctimas de delitos de lesa humanidad.
«Las defecciones cometidas por la magistratura en el marco del genocidio dictatorial constituyen un ejemplo paroxístico del abuso de poder. En tanto, la actualidad reclama una respuesta eficaz de parte de otra generación de jueces llamados a cautelar sin más dilaciones sitios y archivos documentales en razón de imperativos jushumanistas. El profuso material documental que resguardan los establecimientos de exterminio apela a la conciencia judicial en el cumplimiento de su deber –resalta–, so riesgo de que la tragedia se repita como farsa, fruto de una nueva defección jurídica».
