28 de agosto de 2025
En el mundo, las adquisiciones de equipamiento militar están atravesadas por tensiones geopolíticas. En Argentina, se determinan por el alineamiento del Gobierno con los Estados Unidos.
F16. El ministro de Defensa, Luis Petri, en las instalaciones destinadas a las aeronaves danesas.
Foto: NA
La subordinación con la administración de Donald Trump, adoptada como orientación estratégica por Javier Milei, condiciona buena parte de las decisiones en materia de defensa. La adquisición de armamento no es la excepción. «Los Estados Unidos presionan para que nuestras Fuerzas Armadas asuman tareas de seguridad interior, algo que el propio Estados Unidos evita dentro de sus fronteras», advierte Luciano Anzellini, profesor de Relaciones Internacionales en la UBA, la Unsam, Quilmes y Di Tella, en diálogo con Acción.
En la Argentina existe una distinción explícita entre la defensa nacional –responsabilidad exclusiva de las Fuerzas Armadas– y la seguridad interior, asignada a las fuerzas policiales y de seguridad. Sin embargo, Washington promueve una redefinición de esos límites, en un contexto marcado por la disputa geopolítica en el Atlántico Sur, la proyección Antártica y el enfrentamiento global con China.
Desde el punto de vista presupuestario, prepararse para tareas de seguridad implica un costo significativamente menor que desarrollar capacidades de defensa frente a amenazas externas. «El Gobierno atiende las demandas estadounidenses, lo que se traduce en menos recursos para fortalecer la defensa nacional», concluye Anzellini.
Ese enfoque se vio reflejado en decisiones recientes, con la compra de 24 aviones F-16 de origen danés y de vehículos blindados M1126 Stryker, cuestionada por exfuncionarios, tanto por razones técnicas y financieras como por condicionantes geopolíticos. «Estaríamos violando un acuerdo bilateral si esos aviones operaran en la zona de exclusión pactada con el Reino Unido», explica Juan Battaleme, secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, en referencia a las limitaciones impuestas por los Acuerdos de Madrid.
Para el Gobierno nacional esos compromisos siguen siendo prioritarios, lo que impide el despliegue aeronáutico en una extensa franja del Atlántico Sur. Battaleme aclara, sin embargo, que «las aeronaves británicas que utilizan nuestro mar territorial suelen pedir autorización». Por otra parte, Francisco Cafiero, exsecretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa durante la gestión de Alberto Fernández, es categórico: «El Reino Unido viola la normativa internacional explotando recursos en zonas reconocidas como área en disputa y realizando además ejercicios militares».
Desde la cartera de Defensa rechazan que los F-16 tengan restricciones operativas y destacan, en cambio, su supuesta capacidad para interceptar aeronaves no autorizadas dentro del espacio aéreo argentino. Señalan que se trata de la inversión más significativa de las últimas décadas, destinada a atenuar el atraso generado desde la salida de los Mirage III y Mirage Dagger utilizados en la Guerra de Malvinas.
Cada F-16 representará un desembolso de alrededor de 650 millones de dólares: aproximadamente 300 millones corresponden a la aeronave y 350 millones al equipamiento, cuyo uso debe ser autorizado por Estados Unidos. De acuerdo con el calendario oficial, seis unidades estarían disponibles a fin de año, con pago contraentrega y sin financiamiento.
Alineados. Firma del ministro y su par estadounidense por la adquisición de los Stryker, un blindado inadecuado para nuestra geografía.
Foto: @luispetri
El contraste con las negociaciones del Gobierno anterior es notorio. Los JF-17 Thunder desarrollados por China –cuya adquisición estaba en estudio durante la gestión de Alberto Fernández– eran compatibles con reabastecimiento en vuelo mediante los Hércules de la Fuerza Aérea, tenían un costo similar al de los aparatos daneses e incluían condiciones de financiación. Además, su hora de vuelo era sensiblemente más económica (4.000 dólares frente a los 20.000 dólares del F-16). Ese convenio, además, contemplaba la transferencia tecnológica y la producción local de componentes en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea).
Anzellini recuerda que «la última compra de aeronaves la realizó el Gobierno de Mauricio Macri». Se refiere a los cinco Super Étendard Modernisé adquiridos para la Armada en 2018, actualmente depositados en la Base Naval Comandante Espora. «No están operativos porque varios de sus componentes, como los asientos eyectables, son de origen británico», explica.
La misma lógica se observa en la compra de vehículos blindados. El ministro Luis Petri firmó junto a su par estadounidense, Pete Hegseth, una carta de intención para adquirir los M1126 Stryker.
En su momento, Jorge Taiana –exministro de Defensa– había alcanzado un acuerdo con Brasil para adquirir 156 vehículos 6×6 Guaraní con financiamiento del Banco de Desarrollo (Bndes). El esquema incluía una garantía de Iveco Italia, fabricante del modelo tanto en Brasil como en Córdoba. El cambio de Gobierno, sin embargo, dejó sin efecto la operación.
«El Stryker fue diseñado para escenarios de alta intensidad, como Irak o Afganistán, con una logística compleja y totalmente dependiente del proveedor», señala Anzellini. En cambio, destaca que el Guaraní incluía transferencia tecnológica mediante Iveco-Fiat, «un aspecto clave al definir una compra de esta magnitud».
Además, mientras los Stryker no son anfibios y fueron desarrollados para zonas montañosas sin cursos de agua, los Guaraní pueden vadear ríos y adaptarse a diversas geografías del país, como en Formosa, Chaco o la Mesopotamia.
Todo esto ocurre en un contexto de desfinanciamiento del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), creado en 2020 para fortalecer el equipamiento de las Fuerzas Armadas mediante una asignación progresiva que debía pasar del 0,35% al 0,8% del PIB. El actual Gobierno suspendió esa trayectoria y el fondo permanece prácticamente sin ejecución.
