20 de diciembre de 2025
Entre cambios en Defensa y en el área de Derechos Humanos y señales hacia los genocidas condenados, el Gobierno impulsa una revisión del relato histórico que amenaza con revertir décadas de construcción democrática.
Traspaso. Petri y Pestri: profundización de una política de reversión del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
Foto: NA
El Gobierno de Javier Milei entró en una nueva fase en materia de derechos humanos. Todo indica que, conjuntamente con la denuncia de que las Fuerzas Armadas fueron demonizadas, radicalizará su prédica de que debe existir una «memoria completa», un latiguillo que se acuñó hace 30 años en los cuarteles para contestar el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia que hacían los organismos de derechos humanos.
El Ministerio de Defensa funcionó como globo de ensayo. Desde allí salieron las medidas más claras contra el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad. Durante la gestión de Luis Petri, fue esa cartera la primera que obstaculizó la búsqueda de los bebés robados durante los años del terrorismo de Estado, al negarle información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), y la que mandó emisarios de visita a la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde están alojados los represores. Después, Petri dio su golpe maestro: eliminó los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) que funcionaban en el Ministerio.
El proceso no fue unívoco. En enero de este año, la relación de Petri con la familia militar más rancia se agrietó después de que el ministro firmara la baja de 23 oficiales del Ejército que tenían condenas firmes por crímenes de lesa humanidad. Desde el Ministerio buscaron explicarlo como una exigencia de la Justicia. Sin embargo, hubo gestos: voló por los aires el entonces director nacional de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario, Lucas Miles Erbes.
En ese momento hizo su entrada en escena Joaquín Ignacio Mogaburu, un secretario del Tribunal Oral Federal (TOF) 7 de Comodoro Py –el tribunal que juzga en este momento a Cristina Fernández de Kirchner en la causa de los cuadernos–, que pasó a estar al frente del área de Derechos Humanos de Defensa. Desde allí impulsó unos seminarios de «verdad completa» con dos asesores de Petri, Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure. Ambos son hijos de militares muertos durante los años 70 e integrantes de organizaciones que se presentan como de «memoria completa» y que no esconden su empatía con los represores presos.
Regreso militar
El viernes 12 de diciembre Carlos Alberto Presti juró como ministro de Defensa de la Nación en reemplazo de Petri, que asumió como diputado. Será el primer militar en ocupar el cargo en 44 años. Su presencia alerta sobre un proceso de militarización de la política y de partidización de las Fuerzas Armadas –a las que se buscó desactivar durante las últimas décadas para que no siguieran funcionando como un factor de riesgo para los gobiernos democráticos–. La figura de Presti encarna otra reivindicación: la de los oficiales portadores de apellidos vinculados a la represión. Su padre, Roque Presti, llegó a estar preso y procesado por crímenes cometidos durante la dictadura.
Los cambios no tienen sede únicamente en el edificio Libertador. Mogaburu, tras un regreso fugaz a los tribunales de Retiro, se hará cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), que quedó vacante tras la renuncia de Alberto Baños –que se lleva el triste récord de haber sido el primer funcionario argentino en acudir a un comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para negar el número de desaparecidos y acusar a los organismos de derechos humanos de falsear los datos en función de un supuesto rédito económico–.
Baños era un soldado del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Mogaburu llegará, cuando arregle su situación ante el Poder Judicial, con el aval del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, un hombre que se mueve entre las fuerzas del cielo de Santiago Caputo.
Durante el apogeo de Baños y Cúneo Libarona, el área de Derechos Humanos se degradó: pasó de secretaría a subsecretaría. En marzo de este año, el ministro se jactó de haber pasado la motosierra. «Desde que asumimos, despedimos a 405 empleados militantes de la SDH, lo que representa el 44% del personal recibido. También eliminamos el 39% de los cargos jerárquicos», escribió en X para la conmemoración de los 49 años del golpe de Estado.
«Ya no se trata de destruir. Eso ya se hizo. Se vaciaron las políticas públicas, las querellas en causas de lesa humanidad y lo que era el Programa Verdad y Justicia. Las leyes reparatorias se pagan a cuentagotas. Desapareció el área de violencia institucional y lo que era la asistencia a víctimas. Ya no se notifica a quienes pueden ser los niños y las niñas robados durante la dictadura», enumera la abogada Claudia Lencina, que ejerció hasta meses atrás como directora nacional de Asuntos Jurídicos de la SDH. «En materia de Memoria, Verdad y Justicia se viene una reconstrucción bajo el lema de memoria completa y bajo la criminalización de las víctimas de los años 70», advierte la experta.
La abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), Guadalupe Godoy, comparte la caracterización que hace su colega. «Finalizan estos dos años de desmantelamiento de las políticas públicas en torno a la Memoria, la Verdad, la Justicia y la Reparación. Conjuntamente con los ataques al movimiento de derechos humanos y a la memoria construida por el campo popular, preparan una ofensiva por la memoria completa con ánimo clausurante en torno a los 50 años», explica.
Al cumplirse 49 años del golpe de Estado, el Gobierno buscó ocupar la centralidad de la agenda: anunció que desclasificaría información en poder de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) –que sigue sin conocerse a pesar de que pasaron casi nueve meses– y que había firmado una solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para declarar que las acciones de la guerrilla fueron crímenes de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles.
La cruzada por perseguir penalmente a los militantes de los años 70, por el momento, no tuvo eco en los tribunales. En julio pasado, la Corte Suprema consideró inoficioso hacer un pronunciamiento en la causa en la que se investiga la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure. El argumento que emplearon los cortesanos fue que no debían dar una definición porque había muerto el dirigente del PRT-ERP que había sido acusado por la familia Larrabure. Existe un planteo para que el máximo tribunal revise su decisión que aún no ha sido evacuado.
En estos momentos, la Cámara Federal de Casación Penal define si debe abrirse una investigación por la bomba que estalló el 2 de julio de 1976 en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), donde tenía su sede la inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) –la fuerza con una tradición más arraigada de represión política– y funcionaba un centro clandestino de detención. Este es un hecho que se le atribuye a Montoneros.
Mogaburu. El nuevo subsecretario de Derechos Humanos tributa a Santiago Caputo en la interna oficialista.
Foto: redes sociales
Se dio vuelta la taba
La denuncia se radicó el 21 de agosto de 2003, horas después de que el Senado votara la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que impedían el juzgamiento de los criminales de la dictadura. En más de 20 años, la denuncia no tuvo impulso hasta que, en diciembre del año pasado, la Cámara Federal porteña sostuvo que el hecho debía investigarse como una grave violación a los derechos humanos. En este caso no hay grieta dentro del oficialismo: la prédica de la memoria completa es compartida por Milei y por Victoria Villarruel, que actúa como amicus curiae (amiga del tribunal) en este expediente.
El jueves 11 de diciembre, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal celebró una audiencia para escuchar a las partes. En este proceso, la taba se dio vuelta: la defensa es ocupada por referentes de organismos de derechos humanos –como Myriam Bregman o Liliana Mazea– y la querella es ejercida por los abogados de acusados por crímenes de lesa humanidad que están nucleados en Justicia y Concordia.
«Creo que fue una audiencia muy valiosa, ya que, al realizarse en forma presencial, con los jueces escuchando los distintos argumentos, se notó la debilidad, la calidad panfletaria y alocada de los argumentos de las querellas. Realmente se vieron como insostenibles», sostiene Bregman. «Claro que la decisión final la tiene la Sala, pero se vio cómo nuestra argumentación, exigiendo el archivo de esta causa, no es azarosa, sino que condensa una sólida construcción colectiva que hicimos durante años. Nuestra pelea es por la verdad y la justicia. Ellos usan la “verdad” como un elemento extorsivo para lograr la impunidad de los crímenes más aberrantes», añade.
La pregunta es si habrá un pronunciamiento de los camaristas antes de la feria de enero o si la definición quedará para los primeros meses de 2026, en la víspera de los 50 años del golpe, cuando el Gobierno esté redoblando su batalla para mostrar a los victimarios como víctimas.
