Política

Bajo presión

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Las negociaciones con el gobierno por un pago extra de fin de año y la exención del aguinaldo del Impuesto a las Ganancias exponen las diferencias internas en la CGT. Tensiones en el oficialismo, el Frente Renovador y las distintas corrientes del justicialismo.


Contacto oficial. Ministros y dirigentes gremiales en una reunión sin acuerdos. (Télam)

 

Dos de las módicas condiciones que la reunificada Confederación General del Trabajo (CGT) le planteó al gobierno nacional para desactivar el paro general sin fecha que decidió su Comité Central Confederal eran el otorgamiento de un bono de fin de año para los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados y la exención del pago del Impuesto a las Ganancias en diciembre, mes en el que se cobra el aguinaldo.
La respuesta oficial se conoció antes de que transcurriera el plazo fijado de diez días y estuvo a cargo del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. El funcionario precisó que del análisis realizado surgía la necesidad de solucionar los problemas de los sectores más desfavorecidos, los beneficiarios de los planes sociales y los jubilados que cobran la asignación mínima, sin desfinanciar al Estado. Cuando le recordaron que el reclamo de la CGT era generalizado, Triaca puntualizó: «El escenario es muy heterogéneo entre quienes cerraron la paritaria entre marzo y mayo, los que la acordaron en agosto, los que pautaron un bono de fin de año y los que no; así como tampoco es igual la situación de las empresas», lo que en buen romance significa que el bono no sería percibido por los trabajadores que superen los mínimos de convenio.
Similar panorama se verificará en lo que hace a la exención impositiva del medio aguinaldo, ya que el ministro afirmó que se está estudiando para «algunos tramos de ingreso». De tal manera, y por primera vez en mucho tiempo, todos aquellos que excedan el límite actual verán afectados sus ingresos por un gravamen que el gobierno de Cambiemos había prometido eliminar y que incluye hoy a muchos más aportantes que en 2015.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, abrió el paraguas y aseguró que en la reunión con los sindicalistas «no se acordó absolutamente nada» y solo «se tomó nota de los reclamos». Estas declaraciones generaron un profundo malestar en el conjunto de la dirigencia cegetista. Además de la Corriente Sindical Federal, liderada por el bancario Sergio Palazzo y el gráfico Héctor Amichetti –que viene presionando desde hace tiempo por la concreción de la medida de fuerza– y del camionero Pablo Moyano, que ha decidido pasar a la acción, voceros del sector más dialoguista confesaron su decepción ante la escasa receptividad de sus reclamos por parte del oficialismo. No obstante, hubo excepciones, como la del líder de los colectiveros, Roberto Fernández, quien disparó un misil de imprevisibles alcances al sostener que antes que pelear por el salario hay que defender los puestos de trabajo, una concepción que forma parte del arsenal ideológico del macrismo.

 

Calle angosta
Estas controversias afectan notablemente al Frente Renovador, al que se le angosta cada día más «la ancha avenida del medio», ya que comienza a perder terreno en el ámbito sindical y teme que otro tanto pueda sucederle en el terreno parlamentario de prosperar un proyecto de Cambiemos que propone ampliar la cantidad de miembros de la Cámara Baja de acuerdo con el último censo nacional, lo que implicaría, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires incremente el número de legisladores en un 40%. Sergio Massa prevé que maniobras de esa naturaleza pueden afectar su capacidad de negociación y obligarlo a definiciones tajantes, ya que las decisiones unilaterales del macrismo lo empujan a despegarse de su habitual perfil moderado y plantarse como opositor en 2017, una determinación destinada a evitar el desgaste que sufrió en las últimas presidenciales y que lo llevó de ser el favorito durante un amplio tramo de la campaña a ocupar el tercer puesto en la primera vuelta.
En cuanto al oficialismo, si bien debió afrontar difíciles contingencias en las últimas semanas –el avance en la investigación del dinero hallado en la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti, las nuevas repercusiones de los Panamá Papers, la derrota de la canciller Susana Malcorra en la ONU– no son menores los problemas que se le presentarán en los próximos días, entre ellos uno que no estaba en la agenda. Sucede que el gobernador justicialista de Salta, Juan Manuel Urtubey, uno de los más firmes aliados de Macri,  manifestó su irritación por el trato preferencial que recibe su colega jujeño, Gerardo Morales, en materia de energía y obra pública. Es notorio que el favoritismo hacia Morales se debe a que está desarrollando una experiencia piloto de disciplinamiento social que se pretende extender a todo el país y cuyas expresiones más evidentes son la detención de Milagro Sala y sus compañeros, el incremento de la represión y la absoluta sujeción de la Justicia a las instrucciones del gobernador.

 

El enigmático
Por el lado del justicialismo, las novedades fueron la elección de la alcaldesa de La Matanza, Verónica Magario, como presidenta de la Federación Argentina de Municipios y la reaparición del exministro del Interior y Transporte de Cristina Fernández, Florencio Randazzo, alejado desde hace prácticamente un año de la actividad política pública.
Magario fue votada a mano alzada por dos centenares de sus pares que asumen así una postura rupturista con el gobierno nacional que se opuso fuertemente a su postulación porque planteaba una conducción colegiada. A tal punto que impulsó un vaciamiento del encuentro donde fue designada la jefa comunal de La Matanza, a la que no asistieron los intendentes del Frente Renovador, Cambiemos y el grupo Esmeralda del PJ. A su vez, Randazzo participó de una reunión con un grupo de intendentes peronistas –entre ellos Juan Zabaleta, de Hurlingham y Gabriel Katopodis, de San Martín– en la cual, según sus interlocutores, se describió la preocupante coyuntura caracterizada por el incremento de la inseguridad, la deteriorada economía y el conflicto social. Inevitablemente, el siguiente punto fue la reconstrucción del justicialismo en la cual –según el matutino La Nación– no le concedió papel alguno a Massa. Prefirió escuchar, fue enigmático respecto de su futuro político, pero repitió varias veces una frase que algunos de sus contertulios consideraron clave: «Yo estoy».

 

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