Con demoras desde la creación de la Ciudad Autónoma, el gobierno nacional avanza en un terreno sensible como el de la seguridad urbana en la Capital. Críticas y controversias sobre la forma de conciliar la llegada de los federales a la Metropolitana.
30 de mayo de 2016
Represión. Uno de los temas en debate es sobre el rol que ahora tienen las fuerzas policiales. (Jorge Aloy)
Con bombos y platillos, a comienzos de este año, el gobierno nacional anunció el traspaso de parte de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo cierto es que –según informan voceros de las fuerzas policiales– hasta ahora poco y nada ha cambiado, más allá de las promesas de más policías en las calles. Especialistas consultados por Acción consideraron que esos anuncios no contribuyen a una política de seguridad y que, más allá de algunas dificultades específicas –compatibilizar los sueldos, obra social y jubilaciones de los agentes, construir una conducción única– el problema es que falta pensar un modelo de policía que rompa con la autonomización de la Federal.
El presidente Mauricio Macri firmó un convenio de transferencia con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que implica el pase de 18.000 policías, 54 comisarías, así como las direcciones de Bomberos, Policía Científica, Tecnologías y Aviación de la Federal. Todo tiene un costo anual de 17.000 millones de pesos. Hasta 2017, habrá una forzada convivencia entre las autoridades de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez y Ricardo Pedace, y Guillermo Néstor Calviño, de la Federal. Estos jefes compiten en silencio para ver quién terminará conduciendo la policía unificada. «Por ahora, es todo de palabra, no hay hechos concretos», confiaron voceros de las fuerzas policiales, que señalaron que la coordinación entre ambas policías es la misma que antes (según cálculos del pro, el 75% de los policías de la Metropolitana vienen de la Federal).
El primer fusible que saltó fue su jefe Román Di Santo, que dejó el cargo de forma intempestiva. Su renuncia intentó ser desdramatizada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con quien tenía un buen vínculo. En cambio, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, en privado se mostró satisfecho por su salida y la de su número dos, Héctor Tebes. Otro conflicto podría desatarse cuando el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño defina qué hará con los adicionales que cobran los federales por hacer tareas de seguridad fuera de su horario (los metropolitanos lo tienen prohibido). Del lado de la Metropolitana, el principal miedo es que, con el traspaso, la Federal se los termine fagocitando.
«Obviamente que es un viejo anhelo de la Ciudad de Buenos Aires», indicó la exministra de Seguridad, Nilda Garré, a Acción. «Hasta ahora no hay un proyecto serio y hay una alta improvisación. Se aprovecharon los dnu para hacer esto, pero falta que lo apruebe el Congreso. El proyecto tiene que ser pensado seriamente porque tiene su complejidad», afirmó.
El Protocolo para las Manifestaciones Públicas difundido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no hizo más que sumar ruido. «Hay que empezar a hablar de qué tipo de policía queremos. Por qué la policía empezó a ejercer otras funciones de control social, que deviene en violencia institucional. Originalmente, la conformación de la Policía Metropolitana, con el Fino Palacios a cargo, no era más que una expresión de una tribu específica de la Federal. Se trata de un modelo vetusto, autoritario,
ineficaz para dar una función de seguridad en democracia», señala Carola Concaro, directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ilsed) y licenciada en Ciencias Políticas. Por ahora, el único anuncio que hizo el jefe de Gobierno fue que sacará a 500 policías de tareas administrativas para mandarlos a la calle. «Es darle respuesta a una demagogia punitiva: la idea de que uno está más seguro si hay más policías en la calle. En términos reales, no tiene asidero. No podés sacar porque sí –y sin una preparación– a 500 personas que están detrás de un escritorio y ponerlos en prevención», consideró Concaro, quien advirtió que la transferencia está «demasiado ligada con los intereses de la Federal».
