7 de noviembre de 2022
Las investigaciones judiciales sobre el ataque avanzan lentamente, apuntan a grupos de ultraderecha e indagan en sus fuentes de financiamiento. Las críticas de la vicepresidenta.
Plaza de Mayo. Revolución Federal y agrupaciones que incitan al odio quedaron en la mira judicial.
Foto: Enrique García Medina
En los tribunales de Comodoro Py tramitan diversas causas que hacen foco en Revolución Federal, la violenta organización que ataca a dirigentes políticos y puede transformarse en el eslabón que une el atentado contra Cristina Fernández con grupos de extrema derecha. Una de las investigaciones mantiene en vilo al mundo político por las relaciones que empiezan a revelarse. La propia víctima se mostró escéptica ante el lento avance de las investigaciones: «Estoy resignada a que la Justicia no investigue, porque me quieren acusada, no de víctima», dijo en el acto organizado por la Unión Obrera Metalúrgica. Y agregó: «esos presuntos indignados tiraban teas a la Casa Rosada y eran pagados por empresarios vinculados al anterior gobierno, alguno de los que endeudó a la Argentina».
El expediente central que involucra a Revolución Federal tramita ante el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi e interviene el fiscal Gerardo Pollicita. El caso se inició por una denuncia que recibió el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, donde una persona alertó sobre las manifestaciones violentas y las amenazas que hacía Revolución Federal, creada en mayo pasado, fundamentalmente contra dirigentes del kirchnerismo, aunque no únicamente. El 20 de octubre el magistrado ordenó cuatro detenciones que fueron revocadas días después por la Cámara Federal porteña por considerar que no existen riesgos procesales. No obstante, los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dispusieron que el juez ordene alguna medida para que los detenidos se mantengan sujetos al proceso.
En la investigación judicial se corroboró que los integrantes de esa organización «alentaron e incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional» y que «en ese contexto atentaron entonces contra el orden público».
La fiscalía realizó una cronología de los ataques. La primera manifestación violenta fue el 25 de mayo pasado con una marcha de antorchas hacia el Congreso. En total, Pollicita contabilizó al menos 17 episodios. Consideró que los ataques fueron in crescendo hasta llegar al 1º de septiembre cuando se intentó asesinar a la vicepresidenta de la Nación. Es que para los investigadores de este caso el accionar de Revolución Federal y el atentado están relacionados aunque por ahora ambas investigaciones correrán por caminos separados por decisión de la Cámara Federal porteña.
Violencia y odio
Entre las agresiones se cuentan el ataque a golpes al auto con el que Sergio Massa ingresaba a la Casa Rosada el día de su asunción en Economía; las consignas «Al kirchnerismo, cárcel o bala» en las marchas como la del 18A en la que participó Brenda Uliarte, detenida en el caso del atentado a Cristina Fernández por los audios que aportó la AFI de una conversación pública en las redes sociales del 26 de agosto donde Jonathan Morel, uno de los referentes de Revolución Federal, explicita el plan para matar a la vicepresidenta, que como un calco terminó ejecutando Fernando Sabag Montiel seis días después. En esa conversación pública de Morel también manifestó el deseo de matar al presidente Alberto Fernández y al diputado Máximo Kirchner, deseo que también figura en chats de los procesados que tiene la causa por el intento de magnicidio.
El fiscal Pollicita consideró que Revolución Federal fue «uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidente de la Nación, el pasado 1° de septiembre». Con ese marco, el 20 de octubre fueron detenidos los referentes de la organización, Jonathan Morel y Leonardo Sosa, al que se le encontraron alrededor de 50.000 dólares en un allanamiento a su domicilio. También fueron apresados en aquella jornada Gastón Guerra y Sabrina Basile, hija del ex DT de la selección Alfio Basile. Los cuatro fueron indagados al día siguiente de su detención. Todos pidieron sus excarcelaciones, que fueron rechazadas por Martínez de Giorgi. El planteo fue revisado por la Cámara Federal porteña y revocó las detenciones preventivas. Tras este pronunciamiento, el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos repudió la decisión y acusó a los jueces de la Cámara de «restar gravedad al asunto, acotar la investigación y aislar elementos claramente vinculados».
En tanto, el proceso continúa y no se descartan nuevas imputaciones. Por ejemplo, Sosa y Guerra estuvieron en el piso de arriba del departamento de Cristina el 28 de agosto, cuatro días antes del atentado. Según la defensa de ambos jóvenes, aquel día habían ido a buscar unos documentos a lo de su abogada Gladys Egui quien justo está viviendo hace unos meses en lo de la vecina de Fernández, Ximena Tezanos Pinto, quien le da alojamiento. Egui asumió sus defensas también en este caso.
Según indicaron fuentes con acceso al expediente se están peritando teléfonos celulares y computadoras secuestradas a los imputados. Los delitos que se les imputan son incitar a la violencia colectiva contra dirigentes kirchneristas y llevar a «cabo un esquema que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor».
Al cierre de esta edición, el juez tomó una decena de medidas de prueba, como el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de muchos de los involucrados. Se espera que defina la situación procesal de los apresados.
En el expediente que comanda la dupla Martínez de Giorgi-Pollicita consta que Brenda Uliarte, detenida por planificar y ejecutar el atentado contra Cristina Fernández, participó de al menos una marcha de Revolución Federal, la del 18 de agosto pasado. En uno de sus dictámenes, el fiscal Pollicita destacó que Uliarte posee «la misma afinidad ideológica, política y social que detentan los miembros de Revolución Federal y que apoya al movimiento».
La pista del dinero
Uno de los ejes que tiene la pesquisa es la ruta del dinero con la que se financiaba Revolución Federal. Esa línea condujo a la empresa Caputo Hermanos S.A, que giró al menos 8,7 millones de pesos a Morel y allegados suyos en una serie de transferencias en blanco, pero sospechosas por la adquisición de una importante cantidad de muebles.
Caputo Hermanos es una desarrolladora inmobiliaria constituida en junio de 2004 por Flavio y Hugo Caputo. Son hermanos, junto con Rossana Pía, de Luis «Toto» Caputo, exministro de Finanzas de Mauricio Macri, y son primos de Nicolás Caputo, el «hermano de la vida» del expresidente.
¿Cómo se dio la relación financiera con Morel? El joven posee la carpintería «Dogo» en el partido de San Isidro, que abrió el año pasado tras aprender el oficio por YouTube. Morel fue contactado por la decoradora Rossana Pía Caputo para realizar trabajos de carpintería por los que Caputo Hermanos, vía dos fideicomisos, le pagó al joven, sus socias y otros allegados casi 9 millones de pesos. Esos pagos son analizados por la Justicia. Hubo giros que coincidieron con escraches que realizó Revolución Federal. Desde la empresa niegan terminantemente cualquier relación con la violenta organización y afirman que Rossana Pía contactó a Morel por ser quien ofrecía el precio más bajo para los bienes que buscaban.
Los muebles tuvieron dos destinos. Uno fue el barrio Santa Clara, al Sur, ubicado en la localidad bonaerense de San Vicente, y otro, el edificio «Espacio Añelo», situado en la zona de Vaca Muerta, en Neuquén. En el primero, Morel hizo unos pocos trabajos de carpintería. En el segundo, que está a 1.100 kilómetros de distancia de la carpintería sanisidrense, intervino como intermediario porque no podía cubrir la demanda. El segundo contacto se dio en mayo de 2022, justo cuando nació Revolución Federal.
En este contexto, el 28 de octubre Martínez de Giorgi autorizó a levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de personas, sociedades y fideicomisos vinculados a las trasferencias de dinero que están en la mira judicial.
