28 de enero de 2015
Denuncias y sanciones contra importantes bancos en nuestro país y el exterior ponen en evidencia el circuito internacional de la fuga de capitales. Creación de una Comisión bicameral investigadora.
En la mira. El HSBC fue denunciado por la AFIP por ocultar 4.040 cuentas de contribuyentes locales en su filial helvética. (AFP/Dachary)
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció –en noviembre del año pasado– por asociación ilícita y evasión fiscal a la filial argentina del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). Unos meses antes, los fiscales Carlos Gonella –titular de la Procelac– y Pedro Biscay –entonces coordinador del área de Fraude Económico y Bancario de ese organismo–, lo habían denunciado por su participación (conjuntamente con otras entidades bancarias) en la corrida bancaria de enero de 2014. El comienzo del año 2015 no fue mejor para el HSBC. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) le aplicó distintas sanciones y su sede central fue allanada, en el marco de una denuncia de la AFIP, por la Justicia y la Policía Federal. Las penalidades impuestas por la autoridad monetaria incluyeron una multa por incumplimiento de las normas sobre prevención del lavado de dinero y la suspensión transitoria para realizar operaciones de transferencia al exterior de divisas y títulos. La multa ascendió a 85,7 millones de pesos y los sancionados fueron el HSBC (42 millones) y sus principales directivos (43,7 millones). Entre estos últimos se destacaron las penas impuestas al presidente actual del banco, Gabriel Diego Martino (7,5 millones) y al vicepresidente Miguel Ángel Estévez (8,4 millones).
La sanción fue el resultado de un sumario iniciado ante la concreción de operaciones de compra-venta de moneda extranjera por parte de clientes que no acreditaron la licitud y origen de los fondos. El dictamen de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA explicó que el HSbc había incumplido «las normas sobre prevención del lavado de dinero vinculadas con el conocimiento del cliente, que apuntan a determinar la capacidad económica del mismo y/o ingresos suficientes que permitan determinar el verdadero origen de los fondos operados».
La resolución del sumario, cuya fecha de apertura data de 2008, es consecuencia del cambio de política impreso por el nuevo titular del BCRA. En efecto, las instrucciones de Alejandro Vanoli apuntaron a una rápida resolución de los cerca de 80.000 sumarios pendientes que se acumularon en los cajones de la entidad. Las causas en curso involucran desde entidades bancarias hasta grandes empresas (exportadores, petroleras, cerealeras) imputadas por operaciones irregulares en el mercado cambiario. En opinión del presidente del BCRA, las nuevas directivas desalentaron las maniobras especulativas en las operaciones de contado con liquidación. Eso se reflejó en una fuerte caída de la cotización del denominado dólar «contado con liqui».
La multa aplicada por la autoridad monetaria no podrá ser deducida por el HSBC en sus balances impositivos. En ese sentido, la AFIP aclaró que las multas y sanciones aplicadas por diversos organismos públicos (el BCRA, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Superintendencia de Seguros de la Nación) no son pasibles de ser deducidas impositivamente. La circular del organismo recaudador precisó que «las multas y sanciones no se encuentran vinculadas con la obtención ni conservación de ganancias gravadas por el Impuesto a las Ganancias».
El BCRA también suspendió por 30 días al HSBC para la realización de determinadas operaciones cambiarias. La medida fue adoptada debido a una serie de irregularidades detectadas en los sistemas informáticos. En concreto, las «deficiencias» informáticas impedían la correcta identificación de los actores involucrados en las operaciones con divisas. La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA intimó al banco a que subsanara esos inconvenientes. La falta de adecuación de los sistemas informáticos, en el plazo acordado, determinó la suspensión transitoria para realizar operaciones de transferencia al exterior de divisas y títulos. La autoridad monetaria explicó que «la entidad presenta serias irregularidades en materia de integridad en el registro y procesamiento de datos referidos a operaciones de transferencia al exterior. Ello trae aparejada la imposibilidad material de ejercer un control integral de las transferencias al exterior que curse la entidad, tanto de divisas como de títulos, lo cual impide el pleno ejercicio de las facultades de supervisión sobre la entidad».
La causa madre
La multa y sanción preventiva contra el HSBC no constituye la preocupación principal del holding bancario. El dolor de cabeza más alarmante continúa siendo la denuncia presentada por la AFIP en noviembre pasado. La causa judicial investiga la apertura y ocultamiento de cuentas de argentinos, en la sucursal suiza del HSBC, por alrededor de 3.000 millones de dólares. Los principales elementos probatorios para la acusación fueron aportados por un exempleado del holding, Hervé Falciani, quien trabajó en la migración informática de las cuentas bancarias de la filial suiza del HSBC. La historia comienza en 2009 cuando este ingeniero en sistemas francoitaliano le suministra al fisco francés un listado de 130.000 cuentas radicadas en la filial helvética. El trabajo realizado a partir de esa información le permitió al estado francés recaudar 1.200 millones de euros en carácter de impuestos impagos. Además, la base de datos aportada por Falciani fue aprovechada por España e Italia apelando a los convenios de intercambio suscriptos entre las naciones europeas. Así, el fisco español recobró 260 millones de euros detectando que entre los evasores más renombrados se encontraban los principales integrantes del Grupo Santander (la familia Botin). Por último, el fisco italiano detectó la existencia de casi 7.000 cuentas no declaradas de ciudadanos italianos por 6.900 millones de dólares.
Por su parte, la existencia de un convenio de intercambio de información entre Argentina y Francia posibilitó a la AFIP el acceso a los datos de 4.040 cuentas de empresas y ciudadanos argentinos (entre ellos, compañías del Grupo Clarín, el Deutsche Bank, Loma Negra, Bridas, Mastellone, Pampa Holding, Amalia Lacroze de Fortabat, Alfredo Roemmers, Adolfo Grobocopatel, Sebastián Eskenazi, entre otros) donde se encuentran depositados más de 3.000 millones de dólares. Algunos de los involucrados (por ejemplo, el grupo Mastellone) reconocieron las cuentas aunque manifestaron que estaban declaradas en sus declaraciones juradas impositivas. Lo cierto es que, más allá de casos puntuales, la mayoría de los depósitos no se encontrarían declarados ante la AFIP. Por esto, el organismo recaudador denunció al HSBC por «asociación fiscal ilícita» debido a «la plataforma ilegal montada por la entidad con el único fin y propósito de ayudar a contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos».
El exejecutivo del JP Morgan Chase, Hernán Arbizu, estimó que la cantidad de depósitos de argentinos en el exterior administrados por el HSBC ascendía a 10.000 millones de dólares en 2008. A su vez, Arbizu proporcionó un listado tentativo del dinero oculto administrado por otras entidades bancarias: Citibank (20.000 millones de dólares), Santader (8.000 millones de dólares), BBVA (8.000 millones), Itaú (3.000 millones), UBS (15.000 millones), Credit Suisse (10.000 millones), Goldman Sachs (5.000 millones), JP Morgan (5.000 millones), Morgan Stanley (1.000 millones). Los datos fueron aportados en la causa judicial abierta en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12.
La investigadora invitada del Cefidar Magdalena Belén Rúa sostiene en su trabajo Fuga de capitales V. Argentina 2014. Los «facilitadores» y sus modos de acción que «en el marco de la causa judicial que involucra al JP Morgan, Hernán Arbizu puso a disposición de la Justicia argentina una lista de 469 empresas y personas físicas residentes en el país que habrían participado de maniobras de autopréstamos, creación de estructuras corporativas complejas, tenencia de cuentas en el exterior no declaradas y el giro de fondos sin declarar al exterior, como parte de la operatoria habitual del banco, desviando capitales a guaridas fiscales y logrando ocultar la verdadera titularidad de los activos. Estas acciones reconfirman el rol preponderante que cumplen las entidades financieras en el circuito de la fuga. Por un lado, tienden los canales para enviar dinero al exterior y administran los activos financieros externos de sus clientes, brindando confidencialidad sobre la propiedad de la riqueza, y, por otro, generan las vías de regreso de los activos al país, para que puedan ser utilizados por parte de sus verdaderos titulares, a través de la simulación de préstamos del exterior».
La cuestión no es novedosa y excede a la Argentina. En La fuga de capitales. El escenario global 2002-2010, el economista Jorge Gaggero sostiene que las transferencias netas de recursos financieros desde los países pobres y «de desarrollo intermedio» hacia los desarrollados tiene una tendencia creciente pasando de los 46.000 (año 1995) hasta los 660.000 millones de dólares anuales (2006). La mayoría de esos flujos financieros se originan en maniobras ilícitas ejecutadas por bancos y empresas trasnacionales En esa línea, el ministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo que los depósitos argentinos en el HSBC de Suiza no son más que «la punta del iceberg» de la fuga de capitales.
Como respuesta a las maniobras llevadas adelante por el HSBC, el Ejecutivo envió al parlamento un proyecto de ley que establecía la creación de la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión tributaria y la salida de divisas del país, que fue sancionada a mediados de diciembre y promulgada el 20 de enero de este año. La Comisión –que estará integrada por 5 senadores y 5 diputados, elegidos por los presidentes de cada Cámara– tendrá como objetivo «investigar las modalidades de un esquema implementado para facilitar la apertura de cuentas bancarias en el extranjero, por agentes económicos que tributan por actividades en la Argentina, administrar las mismas y encubrir su existencia con la finalidad de promover la evasión de impuestos de dichos agentes y la salida de los capitales producidos por ese comportamiento». La norma indica que «la comisión, para cumplir su cometido, deberá procurar la identificación de los agentes económicos involucrados en el incumplimiento fiscal y la fuga de divisas, así como también las instituciones bancarias y financieras que hayan estructurado en el país el modo sistemático de violentar las normas impositivas y cambiarias vigentes». Como primera actividad, la Comisión prevé la «citación y audiencia» de las autoridades del HSBC y de los titulares de las más de 4.000 cuentas abiertas en Suiza y no declaradas.
Esta atávica conducta de los sectores económicos concentrados siempre constituyó una de las principales fuentes de inestabilidad cambiaria en los países latinoamericanos, que culminaba, en algunas ocasiones, en fuertes devaluaciones de la moneda doméstica y crisis económica. Por esto, la fuga de capitales fue limitando los márgenes de maniobra de las políticas económicas. El ciclo alcista de los precios de los commodities favoreció el frente externo de los países latinoamericanos, durante buena parte de la década anterior. La mejora en los términos de intercambio posibilitó un proceso de acumulación de reservas internacionales. Sin embargo, la caída de los precios de los productos básicos, entre otras cuestiones, provocaron un nuevo escenario. Así, las naciones latinoamericanas pasaron de acumular 104.935 millones de dólares en 2011 a un ingreso neto de apenas 2.003 millones de dólares durante 2013. Ese nuevo escenario redobla el interés en la histórica problemática de la fuga de capitales.
—Diego Rubinzal
