14 de mayo de 2014
La designación de autoridades del peronismo consolida un nuevo escenario partidario. Respaldo al Gobierno nacional y aprontes para 2015. El documento de la Iglesia y las políticas frente al delito.
Congreso. Gobernadores, funcionarios gubernamentales, legisladores y dirigentes sindicales integran la mesa directiva del justicialismo elegida por más de 900 delegados. (Dyn)
El futuro llegó, hace rato», cantaban Patricio Rey y los Redonditos de Ricota tiempo atrás, y lo sigue haciendo en formato solista su líder, Carlos el indio Solari en sus multitudinarios recitales. El estribillo parece estar de moda en la política nacional, ya que las elecciones presidenciales de octubre del año que viene mandan en cada acto y gesto partidario, como si no faltaran todavía 14 meses para las primarias.
En abril se realizó el lanzamiento del Frente Amplio Unen, que explícitamente se anunció como alternativa para las elecciones. Mientras autoproclamados candidatos presidenciales de este y otros espacios recorren el país, por si algo faltaba, el Partido Justicialista (PJ), la maquinaria política más poderosa, acaba de reorganizar su conducción de cara a la campaña que, según la ley, debería comenzar 30 días antes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (paso), es decir, en julio de 2015.
El PJ reunió a más de 900 congresales de todo el país en el predio Parque Norte de Buenos Aires, en el marco de un encuentro nacional en el que designó a las nuevas autoridades partidarias. La distribución de cargos en la mesa directiva justicialista refleja la situación del peronismo conducido por el kirchnerismo, con un esquema de representación que contiene a todos los precandidatos presidenciales, así como a gobernadores, intendentes, representantes de La Cámpora, funcionarios del Gobierno, legisladores y dirigentes sindicales. Luego de la derrota electoral a manos del Frente Renovador el año pasado, no pocos analistas anticiparon el inicio de una fuga masiva de dirigentes hacia el espacio liderado por Sergio Massa. No ocurrió tal cosa y la normalización del PJ consolida un nuevo escenario.
La designación del gobernador jujeño Eduardo Fellner al frente del partido responde a su prescindencia de la lucha política de 2015, ya que no tiene aspiraciones presidenciales, y conlleva la representación de quienes conducen gobernaciones como líderes territoriales. De ellos, precisamente, sólo tres se ausentaron del cónclave augurando una ruptura, aunque –según señalan desde el PJ– se mantienen contactos para evitarla. Se trata del cordobés José Manuel de la Sota, el puntano Claudio Poggi –jefe del distrito liderado por los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá– y el santacruceño Daniel Peralta. Ellos podrían ser, se esperanzan en el Frente Renovador, los que se alejen del PJ y acuerden con Massa. Sin embargo, por ahora, no dan señales concretas acerca de cómo dirimirán su destino político. El más decidido parece ser De la Sota, para quien el PJ se encuentra en «estado vegetativo». Massa, por su parte, descalificó lo ocurrido en Parque Norte al adjudicar a su espacio la representación del futuro mientras «ellos se abrazan a los cargos».
Lo cierto es que el PJ se alineó con la presidenta Cristina Fernández al tiempo que convalidó las aspiraciones de quienes manifestaron su intención de sucederla el año que viene. De tal modo, se crearon vicepresidencias «honorarias», otorgadas a los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli; Entre Ríos, Sergio Uribarri; y Salta, Juan Manuel Urtubey; el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo; el titular de Defensa, Agustín Rossi; el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez y el senador nacional Aníbal Fernández. Todos ellos, en principio, están en la grilla de largada hacia la presidencial, aunque con chances de distinto porte. Quien parece haber sacado cierta ventaja en esa carrera, al menos en su tramo inicial, es Scioli, que recorre el país en franca actividad de campaña y ya puede esgrimir un logro para nada menor: su postulación está legitimada y aceptada hasta por los kirchneristas más acérrimos, que, ciertamente, no lo ven con buenos ojos. Lo que está por verse es con qué apoyos contará si llega al final de la contienda y contra quienes competirá en una eventual primaria justicialista. «Hoy comienza una etapa, es el primer paso para el triunfo en 2015. Estamos unidos por el mismo objetivo», se entusiasmó el bonaerense. Las vicepresidencias institucionales fueron otorgadas al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el líder de la CGT, Antonio Caló; la senadora Beatriz Rojkés; y el diputado Eduardo De Pedro. Esta última designación significa la incorporación de la agrupación La Cámpora a la estructura orgánica del PJ. Y no fue De Pedro el único miembro de esa organización que obtuvo un cargo: 7 secretarías –entre ellas, la estratégica secretaría general– quedaron en manos de dirigentes del espacio juvenil creado por el kirchnerismo.
Los jefes territoriales del Conurbano también dijeron presente en la nueva conducción justicialista. Fernando Espinoza, de La Matanza, se quedó con la influyente secretaría política; Francisco Gutiérrez, de Quilmes, con Integración Regional; y Juan Patricio Mussi, de Berazategui, con Medio Ambiente. Los mandatarios locales de los distritos que rodean la ciudad de Buenos Aires se juegan una parada clave el año próximo: en paralelo a su suerte política, que deberán revalidar, se espera de ellos que traccionen votos para sus candidatos presidenciales. Vale recordar que en esa región se dirime en buena medida la suerte de un comicio nacional. Vive allí casi un cuarto de la población total del país –9.910.282 personas según el Censo 2010–; de ahí que los votos que aportan los intendentes o jefes distritales sean determinantes. Por caso, mucho tuvo que ver con el triunfo del Frente Renovador el año pasado el rol de los intendentes que jugaron con Massa. Por eso el justicialismo procuró contener a los jefes comunales que se mantuvieron alineados y se propone ahora recuperar territorios que desde el año pasado se presentan como «renovadores».
Operativo. El delito es una de las principales preocupaciones sociales. (Télam)
A poco de establecer su nueva conducción, el justicialismo mostró los dientes ante la intención manifestada por dirigentes de distintos bloques opositores de cambiar la metodología de las PASO. Para facilitar el armado de coaliciones, propugnan modificar la ley con el objetivo de que el candidato presidencial electo en las primarias pueda designar con posterioridad a su compañero de fórmula. De hecho, diputados de Pro presentaron en el Congreso un proyecto en ese sentido. La ley vigente establece que en las PASO se eligen binomios completos –candidato a presidente y vicepresidente– para la competencia definitiva, y el flamante titular del PJ, Eduardo Fellner, expresó desde Parque Norte «que el Partido Justicialista no va a acompañar ninguna modificación de las PASO». En resumen, el justicialismo, conducido por el kirchnerismo, comienza a jugar su partido: será, sin dudas, un actor clave en las elecciones del año próximo y, por ende, mucho tendrá que ver con lo que ocurra luego de 2015, cualquiera sea el resultado.
Distintas miradas
El delito, que sigue al frente de las preocupaciones de la población según recientes encuestas y sondeos de opinión, abre debates y discusiones en torno al supuesto aumento del índice de criminalidad tanto como acerca de la forma de combatirlo. En el informe mensual al Congreso que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, presentó en mayo, se suscitó una fuerte discusión con legisladores de la oposición que reclamaron estadísticas confiables en materia de hechos policiales, mientras el funcionario ponía el foco en la acción de los medios de comunicación. Capitanich hizo hincapié en la mayor difusión de episodios violentos mientras que «el índice de delitos no se modificó sustancialmente». Asimismo, se llevó a cabo un nuevo debate del Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular, del que participaron funcionarios del Gobierno, representantes del Poder Judicial, legisladores, organizaciones sociales y de derechos humanos. Al cabo de una jornada de discusión organizada en el marco del «Día contra la violencia institucional», el grupo reconoció en el documento final –leído por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto– que «los momentos actuales nos muestran las dificultades que la democracia y parte de la clase política todavía tienen para entrar de lleno y apropiarse de las instituciones de seguridad y de justicia. Y la forma en que deben hacerlo es con el debate público, popular y abarcativo de todos los sectores involucrados». El colectivo manifestó también en sus conclusiones un fuerte rechazo a las propuestas de mano dura: «Estos últimos tiempos nos permitieron demostrar que a los reclamos sociales se debe responder con más política e inclusión social y no con represión ni demagogia punitiva».
Quien salió al cruce del encuentro y estableció divergencias en el seno del oficialismo fue el secretario de Seguridad, Sergio Berni. El funcionario había sido invitado al debate, al igual que la ministra del área, María Cecilia Rodríguez, pero no participaron. El secretario manifestó sus diferencias en declaraciones periodísticas señalando que «una cosa es filosofar sobre la seguridad y otra es estar todos los días en la trinchera, en la calle, tener que estar con las víctimas, con los familiares de las víctimas y de nuestros policías que son abatidos en un enfrentamiento». Berni aclaró que no formó parte del encuentro porque «tengo una mirada distinta de la concepción íntegra de lo que significa la seguridad»; una diferencia de criterio preocupante, ya que quien la enarbola es uno de los máximos responsables de la política gubernamental en esta área.
Rezo por vos
Por su parte, terció en el debate la Conferencia Episcopal Argentina, que al cabo de su asamblea semestral difundió un documento que fue selectivamente difundido por los grandes medios de comunicación. La preocupación de la Iglesia, porque –según los obispos– «constatamos con dolor y preocupación que la Argentina está enferma de violencia», fue amplificada en títulos de portada y acreditó una gran cobertura televisiva y radial, al igual que las alusiones a que «los hechos delictivos no solamente han aumentado en cantidad sino también en agresividad» y que la caracterización de la corrupción como un «cáncer social». No ocurrió lo mismo con los párrafos dedicados a criticar la forma de difundir estos hechos –«los medios no siempre informan con objetividad y respeto a la privacidad y el dolor»–, la condena a los episodios de venganza y la crítica a la «lentitud de la Justicia». Lo cierto es que la Iglesia, como lo hizo seis meses atrás con un documento emitido sobre el narcotráfico, vuelve a meter baza en un tema de alta sensibilidad social y despierta adhesiones y rechazos. Entre las primeras, sobresalieron las de los representantes del poder económico concentrado, como la Asociación Empresaria Argentina, la Asociación de Bancos de la Argentina y dirigentes políticos opositores, como el gobernador cordobés De la Sota, y los diputados Mario Negri (UCR), Adrián Pérez (Frente Renovador), Laura Alonso (Pro) y Roy Cortina (Frente Amplio Unen). Los rechazos llegaron desde el Gobierno. La propia presidenta, Cristina Fernández, en el acto por el 40° aniversario del asesinato del padre Carlos Mugica, expresó que «cuando miré las tapas de los diarios y vi que alguien resumía o decía “hoy la Argentina es una Argentina violenta”, me di cuenta de que querían reeditar viejos enfrentamientos».
El periodista Washington Uranga, profundo conocedor de la institución católica, escribió en el matutino Página/12 que «pronunciarse a modo de queja sobre la situación actual de la Argentina, usando y haciendo suyos sólo los argumentos de una parte de la sociedad, no constituye una buena contribución de los obispos que ponderan a quienes trabajan por la paz». Uranga añadió: «Habría sido sumamente interesante escuchar a los obispos dando explicaciones sobre la forma en que la Iglesia afronta la situación del cura Aldo Vara, acusado por delitos de lesa humanidad y encubierto por la propia institución. O que, como se lo han pedido reiteradamente las Abuelas de Plaza de Mayo, digan qué están haciendo para aportar documentación que está en poder de la Iglesia y que podría ser sumamente útil para clarificar la suerte de desaparecidos y niños nacidos en cautiverio. Y que a todo ello agregaran, en un acto de justicia interna, pero también ciudadana, el reconocimiento de la condición martirial de muchos cristianos que murieron en la Argentina defendiendo sus ideas de justicia social, comenzando por el cura Carlos Mugica y el obispo Enrique Angelelli. Esto último también sería una forma de dar respuesta a múltiples reclamos que provienen de las propias filas católicas».
—Jorge Vilas
