Política

Causas sensibles

Quienes actúan en procesos que afectan a funcionarios del gobierno, familiares o personas vinculadas, sufren embates desde el oficialismo o sectores afines del propio Poder Judicial. Desplazamientos, denuncias y recusaciones.


En la mira. Delgado, investigado por Bonadio. Boquin, recusada por el Grupo Macri.

El mensaje que baja desde el poder hacia los fiscales parece cada vez más claro: quien investigue causas sensibles para el gobierno se verá en problemas. Así se desprende de la suerte de los que intervinieron en los expedientes del Correo, el caso Odebrecht o Panamá Papers. Dos fueron denunciados por el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas; otra intentó ser desplazada por los abogados del Grupo Macri; y un cuarto directamente fue apartado de su cargo.
El 6 de abril, el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, corrió a Juan Pedro Zoni de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 8, que tramita la causa penal por el acuerdo que el gobierno firmó con Correo Argentino S.A. Casal consideró ilegítimo el traslado que se había resuelto en torno a Zoni en 2015, cuando fue designado para la fiscalía federal Nº 2 de Santiago del Estero, dependencia que entonces –y aún hoy– no fue habilitada. Acto seguido lo desplazó y nombró en su lugar a Gerardo Pollicita.
Zoni investigaba «conductas delictivas» vinculadas con el proceso concursal de la firma postal y centraba su pesquisa en el presidente. El fiscal había solicitado medidas de prueba para esclarecer cómo se gestó el convenio por el que se intentó condonar el 98,87% de la deuda que la empresa de la familia Macri mantiene con el Estado (y que a cifras de hoy se ubica en los $ 4.000 millones). Entre otras cosas, requería allanamientos en dependencias oficiales y hacía foco en el estudio jurídico de la familia del diputado PRO Pablo Tonelli.
Zoni había seguido un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. El titular de este órgano es Sergio Rodríguez, quien analiza delitos de corrupción o irregularidades administrativas cometidas por funcionarios públicos.
El 26 de abril, el polémico juez Claudio Bonadio ordenó investigar a Rodríguez y al fiscal Federico Delgado. Se basó en un pedido del titular de la AFI y amigo de Macri, Gustavo Arribas, en el marco de un expediente relativo al Lava Jato en el que estaba acusado de recibir cuantiosas sumas de dinero. Rodríguez y Delgado le habían tomado declaración sin juramento al cambista brasileño Leonardo Meirelles, denunciante del jefe de la ex SIDE.
Bonadio, que ordenó la captura de Meirelles y exculpó a Arribas, pidió también que el propio Casal tome cartas en el asunto.  

Sin confianza
Delgado está a cargo de una de las pesquisas vinculadas con el Lava Jato nacional y fue el fiscal que escudriñó los Panamá Papers. «Siento una brutal desazón. Este es el peor incentivo que uno pueda pensar para seguir trabajando», dijo. Y agregó que la acusación puede tener como resultado que la gente no hable. «Es difícil que los argentinos consigamos construir un lazo de confianza con algún testigo que nos pueda contar que pasó en relación con Odebrecht y la comunidad de empresarios y políticos argentinos», concluyó.
La denuncia se conoció a días de que Ángelo Calcaterra, primo de Macri, fuera citado a indagatoria en otro de los expedientes del caso Odebrecht, el del soterramiento del Sarmiento, que investigan el fiscal Franco Picardi y el juez Marcelo Martínez de Giorgi. La cuarta representante del ministerio público que quedó en la mira es Gabriela Boquin, quien actúa ante la Cámara Comercial y es la principal impulsora de la causa del Correo.
El Grupo Macri intentó que se la suspendiera en una de las causas en las que se divide el affaire, la que se centra en el vaciamiento del Correo. Presentaron un recurso extraordinario ante la Cámara para intentar llegar a la Corte Suprema de Justicia: reclamaban que por su rol, Boquin no tiene facultades para investigar. El 2 de mayo el planteo fue rechazado.
El presidente quiere al frente del Ministerio Público Fiscal a la titular del Tribunal Superior de Justicia porteño y excompañera de gimnasio, Inés Weinberg de Roca, y espera el aval del Senado. Mientras tanto, varios fiscales no dudan en definir estos tiempos como «una caza de brujas».