Los procesos de mayor impacto institucional avanzan, al cabo de la feria tribunalicia, en medio de controversias y especulaciones políticas. Perspectivas de los juicios por delitos de lesa humanidad y derivaciones del caso de Milagro Sala en Jujuy.
11 de enero de 2017
Comodoro Py 2002. Sede de juzgados federales en el barrio porteño de Retiro. (Facundo Nívolo)
Los tribunales de todo el país se aprestan a volver a sus tareas luego de la feria judicial de enero. Y lo hacen en medio de una falta de credibilidad instalada hace años. Además de la percepción cotidiana, reflejada en encuestas y sondeos de opinión, como el publicado en el diario Clarín en octubre del año pasado, que determinó que el 77% de los consultados no confía en el sistema de justicia, el Poder Judicial manifiesta con su actuación en las causas de mayor resonancia institucional que el juego político no le es ajeno.
En cuanto el contexto lo permite, sale a la luz la mirada conservadora predominante en los tribunales. Se percibe con claridad desde el 10 de diciembre de 2015 el cambio en el ritmo de los juicios de lesa humanidad. Organismos defensores de los derechos humanos denunciaron en reiteradas oportunidades el desmantelamiento o achicamiento de unidades gubernamentales que aportaban a las investigaciones. De ahí que no sorprendió que el reciente informe de la Procuradoría de Crímenes contra la Humanidad dé cuenta de la ralentización de las causas vinculadas con crímenes de la dictadura. La Procuradoría destaca que «en 2016 se profundizaron algunos obstáculos que conllevan demoras en el avance de las causas». Esto ocurre pese a que en setiembre pasado, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reafirmó que los juicios constituyen una política de Estado.
Preocupación
La escasa confiabilidad del sistema judicial entorpece cuestiones esenciales, como la investigación de los supuestos casos de corrupción. Cuán necesario es para una sociedad encontrar fallos claros y precisos, insospechados de cualquier influencia política, que determinen culpables o inocentes en forma irrefutable. En cambio, la justicia actúa, aquí y en la región, tal como se puede ver en el presente, por ejemplo, en Brasil, como disciplinador de opositores. Por caso, cada una de las causas que se sustancian contra la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, ameritan una investigación seria, que llegue a la verdad de los hechos y no responda a intereses políticos ni electorales de circunstancia. En ese contexto, en los últimos días del año pasado, se encadenaron decisiones como si existiera una señal de avanzar en bloque contra la líder del Frente para la Victoria. Además, en ese contexto, una de las denunciantes de la expresidenta, la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, apuntó, quizás, al centro de la cuestión: «Me parece un espanto, un motivo de preocupación enorme que Cristina pueda volver a ser candidata con chances electorales». ¿Con esto se pretende decir que ninguna de las acusaciones tiene sustento? Si bien algunas de ellas parecen disparatadas, es necesario que se lleven a cabo investigaciones serias e independientes que determinen culpabilidad o inocencia con total claridad.
En tanto, la Argentina vuelve a estar bajo la observación de organismos internacionales defensores de derechos humanos por lo que ocurre en Jujuy con la dirigente social Milagro Sala. La detención de Sala motivó pronunciamientos del Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria de la ONU, la Organización de los Estados Americanos, frente a los que el gobierno nacional, por el momento, mantiene una posición de apoyo a su aliado político. Para el gobernador radical Gerardo Morales, llamativamente, la ONU y la OEA «hacen kirchnerismo explícito», y argumenta que Milagro Sala «se robó todo». El problema aquí es que en lugar de investigar las denuncias con seriedad, se mantiene a la dirigente presa y se despliega en la provincia un estado de persecución hacia el movimiento liderado por Sala, afectando gravemente el derecho a la protesta.
Bajo presión
El jurista Roberto Gargarella, crítico de los gobiernos kirchneristas y de la dirigente social jujeña, señaló: «Sobre la prisión preventiva que se le impusiera a Milagro Sala hace más de un año, habrá que decir, en primer lugar, que dicha medida en la Argentina se administra, comúnmente, de modo gravemente abusivo. Bastante más de la mitad de los presos que se alojan en las cárceles argentinas se encuentran hoy privados de libertad sin condena, y en algunas provincias, incluyendo la de Buenos Aires, superan el 80%».
Mientras tanto, según consignó la periodista Irina Hauser, el gobierno nacional intenta moldear a su gusto el fuero federal –donde se sustancian las causas de mayor impacto político- con la creación de nuevos juzgados y la integración de jueces afines. La batalla se libra en el Consejo de la Magistratura donde el oficialismo, aliado con los representantes de los estamentos judiciales, alcanza la mayoría. Las presiones contra magistrados están a la orden del día. La experimentada jueza María Romilda Servini de Cubría lo expresó en declaraciones al diario Ámbito Financiero: «Esto yo no lo he vivido con ningún gobierno. Estos no dejan de ser aprietes y en 42 años de justicia no los he vivido nunca», expresó luego de renunciar a la subrogancia del tribunal electoral de la provincia de Buenos Aires.
Y en la Corte Suprema tampoco dan señales de confiabilidad. Su presidente, Ricardo Lorenzetti, está apuntado por denuncias de la diputada oficialista Elisa Carrió. Y, una vez más, uno de sus miembros se resiste a cumplir con el tope de edad establecido por la Constitución Nacional. Ya había sucedido con el fallecido Carlos Fayt, quien se retiró del tribunal a los 97 años de edad, y en torno del cual se constituyó una suerte de cruzada republicana para sostenerlo en la Corte. Ahora, Elena Highton de Nolasco, que el próximo 7 de diciembre cumple 75 años, presentó una acción de amparo para evitar el retiro. Parece que la Constitución, que rige para todos los ciudadanos argentinos, no alcanza a todos por igual.
