Política

Ciudadanos en emergencia

Pérdida y precarización de empleos e incremento de la informalidad marcan el momento político nacional. Cuatro de cada diez argentinos tienen problemas de malnutrición. Anuncios de medidas paliativas que resultan insuficientes.

Drama. En las calles porteñas hay más de 6.000 personas que no tienen dónde vivir. (Jorge Aloy)

Mientras el gobierno de Cambiemos negocia con los mandatarios provinciales un ajuste de 100.000 millones de pesos que, según la propuesta oficial, implicará –como mínimo– recortes de acuerdo con el porcentaje de coparticipación de cada provincia en materia de obra pública, transferencias de programas de salud y de subsidios, la situación social se torna explosiva en los suburbios de las grandes ciudades, donde los comedores se ven desbordados por una demanda incontenible. Sin embargo, hay un amplio consenso en que lo peor no ha llegado. Los economistas, tanto ortodoxos como heterodoxos, acuerdan en que falta trasladar a los precios el 20% de la devaluación y en que la recesión es inevitable. Quienes desde los movimientos sociales pugnan porque la situación no se desborde aseguran que la malnutrición afecta ya al 42% de la población, lo cual hace imprescindible la declaración de la Emergencia Alimentaria.
Ante este panorama, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se limitó a ordenar el pago de 1.500 pesos en tres cuotas de 500 que no se incorporarán a la asignación mensual de los asistidos. Mientras tanto, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció con bombos y platillos la entrega de 5.000 pesos mensuales a 1.000 comedores –lo que significa 170 pesos por día– además de rebajas del 50% dos veces por mes para compras en supermercados seleccionados, para aquellos que posean tarjetas de crédito y débito del Banco Provincia. El descuento no incluye los cortes cárnicos más populares, como los bifes, la nalga, la cuadrada o el asado.
Otro fenómeno que demuestra la profundidad de la crisis es el brutal incremento de las personas en situación de calle, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque las autoridades porteñas reconocen la existencia de poco más de un millar, las organizaciones que se ocupan del tema estiman que son más de 6.000 los que soportan el frío y la lluvia y se refugian por la noche en la entrada de los negocios o de los cines y teatros. Horacio Ávila, uno de los promotores del Proyecto 7, que sostiene tres albergues para los sin techo, señala, en una entrevista publicada por el sitio Contratapa Web: «Llegan las temperaturas bajas y el gobierno sale a hacer un circo enorme. Me molesta muchísimo que digan que están contentos porque gracias a ellos la gente puede comer un plato de comida caliente. La verdad es que resulta deprimente que el jefe de Gobierno de la ciudad más rica de la Argentina se conforme, como representante del Estado, con poder repartir un plato de guiso. Eso lo puedo hacer yo, lo podés hacer vos juntándote con amigos. La gestión está para resolver, no para asistir en determinados momentos».
Respecto de los censos realizados en la CABA, supuestamente para afrontar esta problemática, Ávila sostiene: «No es un censo, es un conteo. Todo el tiempo la gente se está moviendo, porque los expulsan; por los horarios o lo que fuera, van dejando los lugares. Al mediodía, cuando van a los sitios en los que pueden comer algo, obviamente no vas a encontrar a nadie. El censo del año pasado –y creo que el de este año también– se hizo un día de lluvia. La rotación que hay en esos días es impresionante, porque la gente busca un lugar donde no mojarse. A la vez, ellos lo hacen entre las 20 y la una de la mañana. Es una franja horaria muy limitada, cuando se están moviendo para comer. Además, lo hacen con muy poco personal y no recorren toda la ciudad, van a lugares muy específicos, y los barrios periféricos prácticamente no los tocan».

Variables laborales
También es incesante el aumento en el número de desocupados, aunque el presidente Mauricio Macri se empeñe en negarlo apelando a estadísticas surrealistas según las cuales se han creado 700.000 puestos de trabajo en los últimos dos años. Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indica que un promedio de 4.368 trabajadores y trabajadoras por mes fueron despedidos o suspendidos en los ámbitos público y privado, en el primer semestre de este año, lo que implica una suba del 17% en relación con el mismo período del año anterior. Solo en la industria del cuero, se perdieron 3.000 empleos.
Como consecuencia de ello, ascienden la informalidad y el monotributismo, una práctica, esta última, promocionada por Cambiemos para reducir salarios y obstaculizar la sindicalización. Las actividades que registran más trabajo en negro son la construcción (alrededor del 50%), el sector agropecuario (46%) y la gastronomía (36%), pero también son altas las cifras en el comercio y la industria textil, que además, en el orden nacional, cuenta con un 10% de trabajo esclavo. Quienes tienen un empleo no registrado carecen de derechos laborales y sociales, ya que el salario depende de la voluntad del patrón y se actualiza cuando este lo dispone. Los trabajadores en negro tampoco perciben asignaciones familiares, aguinaldo, vacaciones pagas o remuneración por horas extra y, muchas veces, ni siquiera están registrados en las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). En caso de despido, deben demostrar judicialmente la relación de dependencia. Así, los empresarios que adoptan esta modalidad bajan sus costos laborales, eluden cargas y compiten de manera desleal.
Por otra parte, aunque no hay estadísticas sobre el tema, se estima que más de 200.000 personas sobreviven merced a la venta clandestina. Los llamados «manteros» son víctimas de la persecución ordenada por funcionarios y ejecutada por agentes policiales con métodos violentos que incluyen el secuestro de la mercadería, la detención del vendedor y, a menudo, golpizas. Asimismo, la actividad se ha incrementado considerablemente en trenes y colectivos y florecen en los barrios las ferias de ropa usada. Pero la preocupante situación descripta, el drástico ajuste del gasto público y el virtual congelamiento hasta 2020 de los salarios de los empleados del Estado tienen una contrapartida. Según informó el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el gobierno de Macri ha llevado el número de ministerios a un máximo histórico: 21. En noviembre de 2015, los secretarios de Estado eran 69, y en marzo de 2018, 113. En tanto, los directores nacionales pasaron de 291 a 313, tras haber ascendido a 412 en diciembre de 2017, cuando se realizó un redimensionamiento cosmético.
No obstante, el quid de la cuestión no reside en la estructura de la planta. Los que aumentaron espectacularmente fueron los cargos extraescalafonarios que están excluidos del Sistema Nacional de Empleo Público y poseen un grado de jerarquía equivalente al de las secretarías, subsecretarías y coordinaciones. Entre 2015 y 2017, se crearon 1.111 cargos políticos y solo 64 de ellos pertenecen a la estructura formal. En el mismo lapso, 30.000 empleados fueron despedidos o no se les renovaron los contratos.