Ante crecientes reclamos y movilizaciones y el deterioro de la situación socioeconómica, el gobierno nacional abrió negociaciones políticas en el Congreso y con movimientos sociales en busca de alcanzar acuerdos sobre medidas de contención.
30 de noviembre de 2016
Marcha. Multitudinario respaldo al proyecto de ley de Emergencia Social, aprobado en el Senado y que se debatirá en sesiones extraordinarias. (DYN)
La pérdida de los ingresos de los sectores populares y la caída abrupta de todos los indicadores económicos y sociales preanuncian un verano caliente. En ese clima, los movimientos sociales redoblaron los reclamos en la calle primero, y en rondas de negociación después, para obtener al menos paliativos para la difícil situación. Al mismo tiempo, desde sectores políticos que acostumbraban acompañar al oficialismo en el sostenimiento de los ejes centrales del modelo, como el Frente Renovador, comenzaron a mostrar los dientes ante la cercanía de un nuevo turno electoral en el que debe encontrar un lugar un poco más claro que el de «opo-oficialismo» que ha venido desarrollando hasta el momento.
Quienes más padecen los rigores del ajuste –«sinceramiento» en el particular lenguaje macrista– son, como habitualmente sucede, los más vulnerables, desocupados, cuentapropistas, cooperativistas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, a los que se pretende conformar con 250 pesos por cada vástago que se adicionarían al aguinaldo de 1.000. La mayoría de los observadores considera que la tensión existente podría derivar en una ola de reclamos de alimentos en las puertas de los supermercados, una situación indeseable que los movimientos sociales intentan evitar. Poco contribuyen a ese objetivo dádivas como la que prometió la gobernación de la provincia de Buenos Aires: una canasta navideña con un pan dulce de medio kilo, una lata de ananá, dos budines y un paquete de garrapiñada.
En ese contexto, el gobierno de Cambiemos se vio obligado a negociar con los movimientos sociales, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la pastoral social de la Iglesia Católica, que ganaron mayor protagonismo con una importante marcha en apoyo al proyecto de ley de Emergencia Social respaldada por todos los partidos representados en el Congreso, excepto el oficialismo. Así, y contra lo esperado después de que hubiesen calificado como «ridícula» la iniciativa, los ministros de Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, acordaron una reunión con la oposición a efectos de incluirla en sesiones extraordinarias, mientras paralelamente se conversaba con la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) para precisar cuáles serían los paliativos, aunque se rechazó la petición de que se crearan un millón de nuevos empleos por considerarla impracticable en las actuales circunstancias.
Reforma con antecedentes
Algunos datos definen el crítico escenario. La inflación, cuya baja era el principal objetivo de la ortodoxia neoliberal, supera ya el 40% según todas las estimaciones y los sectores más vulnerables asisten azorados a una sucesión de subas en los artículos de primera necesidad. Además, el consumo de carne per cápita registró en setiembre una caída interanual del 8,7%. A esto se agrega la audiencia pública convocada para el 7 de diciembre que derivará en el aumento de la tarifa del gas y otros dos tarifazos en abril y octubre cuando se produzca la suba del precio en boca de pozo, así como la liberación de las importaciones de computadoras, notebooks y tablets a partir de marzo de 2017, lo que implicaría la pérdida de entre 5.000 y 10.000 puestos de trabajo.
Pero lo que ha llamado poderosamente la atención es la decisión gubernamental de presentar un proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias que se cobra a los asalariados que no solo incumple la reiterada promesa electoral de eliminar lo que durante toda la campaña denominaron «impuesto al trabajo», sino que agrega alrededor de 800.000 aportantes, una determinación que puede erosionar el apoyo de gran parte de su base electoral, el sector de ingresos medios. La ocasión fue aprovechada por el Frente Renovador para marcar diferencias mediante un proyecto propio, intentando evitar, por esta vez al menos, jugar el rol de ladero del ajuste, y ganar de ese modo credenciales opositoras con la mira en los próximos comicios legislativos. Tampoco el segmento más negociador del PJ estaría dispuesto a rifar su limitado espacio acompañando la iniciativa.
No obstante, todo indica que el macrismo ha resuelto huir hacia adelante y jugar todas sus cartas. Ello se deduce, entre otras cuestiones, de la declarada intención presidencial de imponer la flexibilización laboral «para adaptarse al siglo XXI». La experiencia de la década del 90 indica claramente que abaratar despidos y aminorar cargas sociales con la promesa de generar más empleo sirvió en verdad para que el desempleo abierto pasara del 7% al 21%. El entonces ministro de Trabajo, Armando Caro Figueroa, enfatizaba: «Las reglas de juego que operan sobre el mercado de trabajo argentino, definidas en sus grandes trazos en las primeras cuatro décadas de este siglo, se han demostrado inadecuadas para acompañar el proceso de crecimiento, estabilidad e integración en los mercados mundiales en el que se encuentra inmersa la economía argentina». Después, durante el gobierno de Fernando de la Rúa fue votada una norma en ese sentido que derivó en un escándalo cuando se denunciaron sobornos a los legisladores, por lo cual fue denominada «Ley Banelco».
Si subsistía alguna duda sobre los planes gubernamentales, el presidente se encargó de disiparla en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina, donde disparó: «Hay que definir en qué vamos a recortar. Esa es la discusión que comienza en 2017» y, evidenció su propósito de destruir a las organizaciones sindicales cuando dijo: «No podemos salir al mundo y enfrentar la tremenda renovación tecnológica con convenios laborales del siglo XX».
