28 de agosto de 2014
El Congreso debate el proyecto de pago soberano impulsado por el Ejecutivo en busca de consenso para las acciones de respuesta al juez Griesa. Anticipado rechazo de las bancadas opositoras.
Atribución. El artículo 75 de la Constitución Nacional dispone que el Poder Legislativo debe arreglar el pago de la deuda externa. (Guido Piotrkowski)
El Congreso Nacional lleva adelante debates trascendentes en estas semanas. Integran la agenda parlamentaria actual un conjunto de proyectos de ley cuya resolución puede incidir en la situación económica argentina. Se están discutiendo las iniciativas del Poder Ejecutivo de actualización de la Ley de Abastecimiento y en defensa de los consumidores (ver página 12) y la nueva moratoria previsional, que permitiría a un universo estimado en medio millón de personas en edad de jubilarse –pero que no completaron sus aportes–, regularizar su situación para recibir el beneficio mediante un plan de pago de la deuda a 5 años. Además, el Senado inicia el tratamiento del proyecto de pago soberano local de deuda, anunciado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, en un mensaje difundido por cadena nacional.
Este último es un nuevo paso de la estrategia oficial ante el ataque de fondos especulativos respaldados por el juez del Segundo Distrito de Nueva York, Thomas Griesa, que intenta trabar los pagos a todos los bonistas para forzar el cobro de la sentencia a favor de los buitres, validada por la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema de los Estados Unidos, que se negó a analizar el caso.
La iniciativa gubernamental consiste en reemplazar el agente fiduciario responsable del pago de los bonos con jurisdicción estadounidense, proponiendo a Nación Fideicomisos en lugar del Bank of New York Mellon, y faculta a los tenedores de dichos bonos a designar un nuevo agente para garantizar que se puedan realizar los pagos de deuda previstos en los canjes de 2005 y 2010. Se trata de saltear las trabas impuestas por Griesa que determinan que hasta el presente se encuentren en una suerte de limbo los 539 millones de dólares depositados el 26 de junio por Argentina en pago de un vencimiento, que el juez neoyorquino no embargó pero ordenó al banco que los retuviera sin distribuirlo entre los bonistas.
El proyecto del Ejecutivo declara de interés público la reestructuración de la deuda soberana, autoriza al Ministerio de Economía a instrumentar un canje por nuevos títulos regidos por la legislación local en idénticas condiciones e igual valor que los títulos reestructurados, crea cuentas especiales de Nación Fideicomisos en el Banco Central a efectos de efectuar allí los pagos venideros. Deja establecida asimismo, la creación del fondo «Pago soberano de deuda pendiente de canje», es decir la posibilidad de depositar los montos que correspondan al 7,6% de los bonistas que no adhirieron a los canjes (los holdouts, buitres incluidos), ratificando de este modo la propuesta argentina de ofrecer las mismas condiciones que se acordaron oportunamente con la abrumadora mayoría de los tenedores de títulos de deuda (92,4%).
Alternativas
«No nos pueden extorsionar más en lo que hace al hecho de que a la Argentina no la vuelvan a sobreendeudar una y otra vez», dijo la Presidenta y señaló que el Congreso debía decidir sobre la cuestión tal como ordena el artículo 75 de la Constitución Nacional. En ese plano, recordó que los canjes de 2005 y 2010 pasaron por el Legislativo y dijo: «No ocurrió lo mismo en otras oportunidades, como en el megacanje o el blindaje».
La explicación técnica del proyecto quedó a cargo del ministro de Economía, Axel Kicillof y el secretario de Legal y Técnica de la presidencia, Carlos Zannini. En conferencia de prensa, este último aclaró que «no es un a canje» y recordó que el eventual cambio de agente de pago «es una circunstancia que se avizoró en el origen de la reestructuración. También los intentos de embargos eran previsibles, por la naturaleza del canje que se llevó a cabo y por los bonistas que no ingresaron». Por su parte, el ministro detalló que «el objetivo principal es establecer un modo local de pago ante las dificultades que presenta la plaza de Nueva York. No se trata de un cambio de jurisdicción y mucho menos es de forma compulsiva». Kicillof acusó a Griesa de «extorsionar a la Argentina» y poner en situación de «rehenes» a los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010.
A contramano de lo que auguraban y vaticinaban la mayoría de los economistas y analistas políticos con nostalgias neoliberales, el juez Griesa no declaró a la Argentina en «desacato», una figura judicial de muy discutible aplicación en el caso de un país. De todos modos, el magistrado estadounidense no se privó de declarar «ilegal» al proyecto de ley argentino y atribuyó esa condición a cualquier entidad financiera que colaborara con el país en este plano. El gobierno argentino respondió, a través del Ministerio de Economía, que «el hecho de declarar ilegal a un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envía al Congreso demuestra nuevamente su desprecio por la soberanía nacional de Argentina y su absoluto desconocimiento del funcionamiento de las instituciones democráticas».
En clave política
Interpelados por el proyecto gubernamental, los principales dirigentes políticos salieron a fijar posición ante el inminente debate parlamentario. El primero en salir al ruedo fue el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quien ya había dicho que ante el fallo, «hay que ir, sentarse en el tribunal de Griesa y lo que él termine diciendo, hay que hacerlo». De tal modo que no sorprendió que para el líder de Pro la propuesta del kirchnerismo resulte «pan para hoy y hambre para mañana». Según el precandidato presidencial, el cambio de sede de pago a acreedores «agravará los problemas» del país. Macri señaló asimismo que «este no es el camino, nos aleja del mundo y no traerá financiamiento externo». No se puede negar la coherencia del macrismo en el sentido de requerir condiciones favorables para endeudarse ya que, en lo que va de su gestión de gobierno, casi cuadruplicó la deuda en dólares de la ciudad.
En tanto, el Frente Renovador (FR) se plantó a medio camino. Tironeado entre la opinión de su máximo referente en el campo económico, el ex ministro Roberto Lavagna, quien había manifestado tiempo atrás que la Argentina tendría que hacer lo que ahora está intentando el Gobierno con este proyecto, y el perfil opositor que requiere su postulación presidencial, Sergio Massa planteó que su bloque votaría en contra del proyecto oficial y presentaría una propuesta alternativa que intentaría consensuar con el resto de los partidos opositores. Lanzado en campaña, el ex intendente de Tigre dijo que el problema «tiene solución» y que «si no nos escuchan, en 476 días lo vamos a resolver nosotros». Aludía al período que faltaba entonces para el final del mandato de la Presidenta. Lo hizo rodeado de su equipo de especialistas en economía, con la llamativa ausencia de Lavagna, lo cual abrió espacio a interpretaciones alusivas a disidencias internas en el FR.
Thomas Griesa. Su fallo favorece elaccionar de los fondos especulativos.
(EFE)
Como viene ocurriendo con cada uno de los temas de agenda que requieren posicionamientos claros, en el seno del Frente Amplio Unen (FAUNEN) salieron a la luz más diferencias que coincidencias. Elisa Carrió aprovechó la oportunidad, una vez más, para criticar a sus colegas a los que llamó tontos porque, dijo, «los domina el kirchnerismo y les impone la agenda». La diputada acusó a la Presidenta de intentar convertir a la oposición en buitre y anticipó que «nuestra abstención o retiro durante la sesión en la que se trate el proyecto tiene como razón el hecho de no alimentar la guerra maniquea que propone Cristina».
La Unión Cívica Radical, al cabo de un encuentro de legisladores nacionales y economistas, decidió rechazar el proyecto oficial. El senador nacional Ernesto Sanz anunció la posición del partido. «Es una ley innecesaria. Trae más incertidumbre, contribuyendo a empeorar la mala situación económica que la impericia del Gobierno ha provocado». En la misma sintonía, el diputado Julio Cobos, precandidato presidencial al igual que Sanz, coincidió: «No queremos comprometer el futuro de los argentinos, tenemos alternativas». No fue unánime la opinión dentro del partido fundado por Leandro Alem, el senador Eugenio Artaza y el diputado Eduardo Santín mostraron coincidencias con el proyecto gubernamental. Santín fue enfáticamente crítico con el partido que, señaló, «no es el de los ideales de Yrigoyen, Alem y Alfonsín».
El socialista Hermes Binner, también precandidato a la presidencia, coincidió con los radicales en cuanto a que «es una ley absolutamente innecesaria para solucionar serios problemas, que son muy graves». Pero aclaró que había que pensar muy bien cómo votar «para que no nos encasillen del lado de los buitres». Por su parte, el líder de Libres del Sur, Humberto Tumini, fue el único dirigente opositor que apoyó sin reticencias el proyecto, aunque criticó lo actuado hasta el momento por el Gobierno. «Estamos de acuerdo con pagar a los bonistas en el país», expresó el dirigente y aclaró: «Siempre hemos sostenido que era un gran error haber aceptado a Nueva York como ámbito donde se abona la deuda y donde se resuelven, bajo ley estadounidense, los diferendos y los conflictos que se pudieran presentar».
En el ámbito judicial las posiciones fueron divergentes, al menos entre los jueces de la Corte Suprema. Su presidente Ricardo Lorenzetti, si bien dijo que «el problema es que, en el ámbito internacional, no hay una ley que regule esto como sí la hay a niveles nacionales. En todos los países hay una ley de concursos y de quiebras: lo que resuelve la mayoría obliga a la minoría», y añadió: «Estamos todos en contra de los fondos buitre, del modo en que actúan, de la especulación financiera». Sin embargo expresó: «Las sentencias se tienen que cumplir en la Argentina y en todos lados». No opinó lo mismo el juez Eugenio Zaffaroni, que calificó a Griesa como «un juez provincial», equivalente a un juez de Avellaneda. «Lo insólito –dijo– es que da la impresión de que Griesa es el dueño de la Justicia de Estados Unidos». Zaffaroni se preguntó en una entrevista televisiva: «¿Te parece que el juez de Avellaneda puede tener competencia para resolver el destino de una nación, y la Corte Suprema decir “no me interesa el caso”? Está en juego el destino de un país, miles de millones de dólares».
Apoyo internacional
Los respaldos al proyecto fueron sólidos desde los distintos sectores del oficialismo y las fuerzas aliadas, como así también, por ejemplo, por parte de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), organismo del que participan Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. «Reafirmamos el apoyo a la República Argentina frente a un grupo minoritario de tenedores de títulos de deuda», señaló el bloque en un comunicado en el que también reclama «instrumentos que posibiliten acuerdos razonables y definitivos entre acreedores y deudores soberanos». El apoyo de ALADI se suma a los numerosos pronunciamientos favorables al país en el ámbito internacional, entre los que se destacan los de G77 más China, MERCOSUR, UNASUR, CEPAL, OEA, entre muchos otros. Además, el economista estadounidense Joseph Stiglitz, ganador del premio Nobel en 2001, respaldó la iniciativa del gobierno argentino y consideró que «desde una perspectiva global no es posible entender por qué un juez llega a tener el derecho de juzgar acerca de cualquier bono en el mundo». Concluyó: «La extraterritorialidad debería ser inaceptable».
—Jorge Vilas
