Uno de los organismos creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mantiene su actividad, pese al recorte de facultades y el estado de acefalía en que se encuentra desde hace un año por la falta de designación de un nuevo titular.
8 de noviembre de 2017
Apenas 20 días después de asumir, el gobierno de Mauricio Macri avanzó sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que se había creado para democratizar el sistema de medios. Lo hizo, decretos mediante, con la derogación de la aplicación del articulado antimonopólico de la ley que, no obstante, aún está vigente. Uno de los organismos novedosos que nació con la LSCA, la Defensoría del Público, continúa trabajando –a pesar de su acefalía y su recorte de facultades– en pos de la defensa de las audiencias de radio y televisión.
La Defensoría se creó formalmente en 2012, cuando el Congreso de la Nación nombró para el cargo a Cynthia Ottaviano. Su mandato venció en noviembre de 2016 y no hubo reemplazo. Por eso, el organismo, que ganó el Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva que otorga la Organización de los Estados Americanos por las políticas aplicadas entre 2013 y 2016, hoy está acéfalo. Y no hay indicios de un nuevo nombramiento: tampoco sigue vigente la comisión bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual encargada –entre otras cosas– de elegir al defensor.
Esta decisión política llevó a los integrantes del organismo a reclamarle al Congreso que nombre a un sucesor de Ottaviano, así como a mantener activa la institución. La Defensoría del Público es única en su tipo a nivel mundial y mantiene vigentes sus más importantes líneas de acción. «El organismo realiza desde 2013 audiencias públicas para que habitantes de todo el país digan qué comunicación necesitan y esperan», indica Ernesto Lamas, director de Capacitación y Promoción de la Defensoría. Se hicieron 20 audiencias en 4 años y medio. Además, la LSCA garantiza un 33% del espectro a los medios sin fines de lucro y acompaña a las instituciones que lo requieran con capacitación técnica y asesorías. Por caso, la ley establece que los pueblos originarios tengan sus medios: «La Defensoría apoya la gestación y gestión de más de 70 emisoras de radio y televisión de 25 pueblos ubicados en 17 provincias», precisa Lamas.
Acciones concretas
«También se siguen líneas de trabajo encaradas desde la capacitación y promoción, como son las de la niñez y adolescencia –que incluyen actividades con estudiantes y maestros– o la de género y diversidad», añade Lamas. Otra de las áreas de actividad de la Defensoría es atender requerimientos de las audiencias, que pueden pedir una reparación por parte de emisores de radio y TV en los casos en que se produzca alguna vulneración de la intimidad o discriminación de las personas, custodiada por las leyes vigentes. Asimismo, concluye Lamas, «un tráiler equipado con estudio de radio y televisión recorre el país difundiendo el derecho humano a la comunicación, la LSCA y poniendo al alcance de la ciudadanía un espacio donde todas y todos pueden producir contenidos».
Sin embargo, al estar acéfalo, el organismo vio menoscabadas algunas de sus facultades: no puede aplicar políticas públicas nuevas ni presentarse ante la Justicia para reclamar por algún derecho vulnerado. A la vez, desde el cambio de gestión, se redujo la entrega de fondos de fomento concursable para medios de comunicación audiovisual. En este contexto, vale preguntarse cuál es el futuro de la Defensoría. Desde el Ejecutivo se asegura que se está trabajando en una Ley de Comunicación Convergente con la que reemplazarla. Una de las versiones que circula es que cuando dicha normativa «integral» se apruebe
–contendría una legislación de TICs– se creará una Defensoría «amplia» que abarcará a la actual para dar respuesta a los usuarios de Internet, redes sociales y telefonía celular.
Lo cierto es que hasta que no se sancione la nueva ley, la LSCA seguirá vigente. Y con ella, la Defensoría y sus líneas de acción.
