Desde el inicio de la gestión de Cambiemos, los gremios docentes de la provincia vienen denunciando el progresivo deterioro de la infraestructura en instituciones de los tres niveles de enseñanza. La tragedia de Moreno como corolario de la situación.
27 de agosto de 2018
Escuela Primaria 6 de Merlo. Sin clases y con padres organizados en asambleas. (Alejandro Rodríguez)
El pedido de ayuda de la vicedirectora, Sandra Calamano, y del auxiliar, Rubén Rodríguez, víctimas de la explosión de gas en la Escuela 49 de Moreno, no fue escuchado. Ni sus seis reclamos al Consejo Escolar por fuertes olores a gas ni tampoco el de sus compañeros del Frente de Unidad Docente (FUD) cuando en mayo de este año presentaron el «carpetazo» ante las autoridades provinciales exigiendo, entre otras cosas, mejoras en la infraestructura escolar. Finalmente, los resultados de la desidia saltaron a la vista con la explosión.
Pero se hizo más evidente aún cuando apenas cuatro días después se suspendieron las clases en 786 instituciones educativas de toda la provincia, que afectó a 393.000 alumnos, cuando un relevamiento desnudó las inseguras condiciones edilicias de los establecimientos. Así, por ejemplo, 2.500 alumnos en Esteban Echeverría se quedaron sin clases por problemas urgentes en el edificio en el que funcionan las escuelas 212 y 214. Algo similar sucedió en el jardín de infantes 907 de Don Torcuato, donde se detectaron importantes fallas en las estufas, así como en la Escuela Primaria 6 de Merlo donde tampoco hubo clases y los padres se organizaron en asambleas para discutir la situación.
Del mismo modo, el riesgo de trabajar en las escuelas bonaerenses se vio descarnadamente cuando una semana después de la tragedia, casi muere electrocutado un docente de la escuela especial Nº 516 de Melchor Romero, La Plata, al intentar mover un armario metálico que estaba en contacto con un enchufe mal instalado.
Pero si de falta de respuestas se trata, los ejemplos son variados: En Lanús, la Primaria 39 y la Secundaria 37 llegaron a estar seis días sin luz y sin agua corriente. En Ituzaingó, la Escuela Secundaria 5 hace años que no cuenta con agua potable teniendo que conformar a 1.200 alumnos con un único dispenser. En ninguna de las dos instituciones nunca se suspendieron las clases, quedando al descubierto las permanentes presiones por parte de la provincia de no suspenderlas. En ese sentido, un caso elocuente se dio en la Primaria 8 de Merlo cuando, al encontrarse cinco pérdidas de gas, Inspección no suspendió las clases y fueron los propios padres quienes, luego de llamar a Defensa Civil, decidieron evacuar el colegio. O la Escuela Secundaria 11 de Morón que convive con un basural en una de sus calles laterales. O en la Primaria 7 y la Secundaria 33 del Barrio Delfino, en Tigre, donde casi terminan intoxicados docentes y auxiliares porque tras una desinfección no se suspendieron las actividades.
Ineficiencia
La gobernadora María Eugenia Vidal aseguró, en declaraciones televisivas, que ni bien asumieron detectaron que «los 12.000 establecimientos educativos, tenían algún tipo de problema edilicio». Además, cargó las culpas de la explosión de la Escuela 49 en el gasista –hoy detenido–, el Consejo Escolar de Moreno y el intendente local, Walter Festa, del FpV. Sin embargo, no hizo mención alguna sobre qué medidas tomó Sebastián Nasif, hoy renunciado interventor, en sus diez meses de gestión en ese Consejo. Tampoco por qué no se declaró la emergencia en infraestructura educativa como lo pedía el proyecto presentado hace dos años por el diputado provincial del FIT, Guillermo Kane. Ni por qué el presupuesto destinado a mejorar las escuelas no supera el 4% del total de lo destinado a infraestructura, según denunció Suteba. Ni tampoco por qué, si todo se trata de malas gestiones locales, se han detectado graves problemas en distritos como Quilmes y San Isidro, dirigidos por intendentes de Cambiemos.
Los gremios docentes denuncian que el gobierno provincial les declaró la guerra desatendiendo los problemas que la propia gobernadora dijo haber detectado al comienzo de su gestión. En ese contexto resultó casi una confesión del ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zini, cuando, consultado en una entrevista radial sobre cuantas escuelas se estima que tienen instalaciones precarias de gas, respondió: «Ya estamos trabajando en el tema, pero no tenemos el número exacto».
