7 de enero de 2025
Miles de personas congregadas en la exESMA repudiaron los despidos y el cierre del Centro Cultural Conti y otras áreas clave. El plan de impunidad del Gobierno libertario.
Verdad y justicia. Manifestantes con velas en la masiva movilización del sábado 4 de enero, frente al CC Conti.
2 de enero de 2025. Primer día hábil del año. El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti está cerrado. Sus trabajadores se reúnen en la puerta. Otros se acercan hasta la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ubicada a unos 100 metros dentro del mismo predio del Espacio Memoria y Derechos Humanos, que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Los esperan tres efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), que revisan en sus celulares si están autorizados para ingresar o engrosan las listas de «bajas» que envió el Ministerio de Justicia. Lo que para Javier Milei es el «año de la reconstrucción de la Nación Argentina» se insinúa como el año de la destrucción de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia.
La secuencia completa comienza el 31 de diciembre a las 14, cuando Marcela Godoy, secretaria privada de Alberto Baños, envía un mensaje por WhatsApp anunciando que, por decisión del secretario de Derechos Humanos, el Conti permanecerá cerrado y sus trabajadores en guardia pasiva.
Desde octubre, el ministro Mariano Cúneo Libarona puso en marcha un plan de retiros «voluntarios» para quienes están contratados por el ente de cooperación de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). No importa qué tarea haga cada trabajador sino su modalidad de contratación: ésa es la lógica con la que se pretende achicar el Estado.
Cuando arrancó la gestión de Baños en la Secretaría de Derechos Humanos, había 1.000 trabajadores. Para diciembre, en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), contabilizaban menos de 800. En los primeros días del año, estiman que se despidió a 252 empleados.
Desconcierto y respuesta
El Conti se creó en 2008. Lo fundó Eduardo Jozami, abogado, periodista, político y militante por los derechos humanos. Desde su fundación, el Conti apeló al arte como una forma de iluminar debates sobre la política y la memoria que costaba verbalizar. Jozami, que falleció en septiembre del año pasado, lo dirigió hasta finales de 2015. Pese a los recortes, el centro cultural sobrevivió al macrismo.
Baños no designó autoridades para el Conti, como para la mayoría de la Secretaría de Derechos Humanos. Su apuesta para el centro cultural es su profesor de bajo, pero protesta porque en el Ministerio de Justicia frenaron la designación. En el Conti trabajan 87 personas: 50 de ellas están contratadas por el ente de cooperación ACARA, lo que significa que más de la mitad del personal quedó fuera del espacio.
Baños intentó explicar que, en realidad, él no planea cerrar definitivamente el Conti. Busca «reestructurarlo», pero afirma que no quiere hacerlo en un contexto de protestas por parte de los trabajadores que fueron despedidos.
El viernes a la tarde, Baños convocó a seis coordinadores del Conti a su despacho. Les preguntó cuáles eran las metas para 2025. Los profesionales se miraron entre ellos mientras crecía el estupor. Le contestaron que no podían tener planificación alguna hasta que no se resolviera la situación del personal. Para que le quedara claro, le respondieron que no podrían planificar actividades con un tercio de los trabajadores.
Baños no explicita qué quiere hacer con el centro cultural. En el encuentro con los seis coordinadores mencionó una idea de arancelamiento, algo que ya había insinuado la primera vez que se reunió con los organismos de derechos humanos que integran el ente tripartito –con el Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad– que administra el Espacio Memoria y Derechos Humanos. Cuando le preguntaron cómo pensaba materializarlo porque es dinero que debería entrar a las arcas del Estado, el secretario habló de donaciones en una «cajita». Nuevamente hubo miradas de desconcierto.
En el Gobierno había preocupación por lo que iba a suceder el sábado 4 de enero: un festival convocado en defensa del Conti. La asistencia fue masiva. Los organizadores no logran calcular aún cuántas personas estuvieron en la exESMA. La única certeza es que nunca se vio tanta afluencia de visitantes. Todos se congregaron bajo una consigna, «una memoria que arde». Con velas encendidas, corearon que «el Conti no se cierra».
El predio de la exESMA viene siendo, como desde hace décadas, un espacio privilegiado para las disputas por la memoria. En enero de 1998, Carlos Menem –considerado «prócer» por el presidente Javier Milei– anunció que iba a demoler la exESMA para crear un parque para la «reconciliación». Lo impidió una cautelar que presentaron Graciela Lois, esposa de un desaparecido, y la Madre de Plaza de Mayo Laura Bonaparte, integrante de una familia diezmada por la represión.
Alberto Baños. A cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, impulsa recortes en programas y organismos.
En marzo de 2004, Néstor Kirchner decidió la salida de la Armada del predio y la construcción de un espacio de memoria –determinación con la que selló su alianza con el movimiento de derechos humanos–. En mayo de 2015, Cristina Fernández de Kirchner volvió al lugar para inaugurar el museo en lo que fue el Casino de Oficiales –por donde se calcula que pasaron 5.000 prisioneros y prisioneras–. Antes del balotaje, Victoria Villarruel había sugerido darle otra función al predio «para que las 17 hectáreas puedan ser disfrutadas por todo el pueblo». Baños habló poco desde que asumió en el cargo, pero, en la única entrevista radial que concedió, se diferenció de la vicepresidenta al decir que la exESMA no podía ser «tocada» porque rige sobre el terreno una medida de no innovar y porque fue declarada patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El Gobierno busca mecanismos para controlar lo que sucede en el espacio de memoria: la presencia policial es uno de ellos. La Comisión Provincial por la Memoria denunció que hubo tareas de inteligencia ilegal el 27 de diciembre pasado, cuando se realizó un abrazo simbólico a la exESMA en defensa de las políticas de derechos humanos. El tema está bajo análisis de Ariel Lijo. El juez tiene a su cargo la causa por crímenes cometidos en ese campo de concentración. En noviembre, ya le había dicho a Baños que no podía permitir actividades que desvirtuaran la búsqueda de memoria, verdad y justicia. La resolución de Lijo tenía un antecedente: la incursión de un grupo de retirados de la Marina que fue a celebrar el día de la fuerza al excentro clandestino de detención, tortura y exterminio con el visto bueno del ministro de Defensa, Luis Petri.
Políticas públicas en riesgo
Baños no descolla por su prepotencia de trabajo. En el Conti recuerdan únicamente haberlo visto tomando un café en el bar, que después terminó cerrando. Desde ATE denuncian que la única política pública que implementó fue el «vaciamiento, los despidos y la censura».
No visitó los otros espacios de memoria que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos, que ven peligrar su funcionamiento por los despidos. Hay uno de ellos que está en una situación especialmente frágil: el que funciona en lo que fue el centro clandestino de la calle Virrey Cevallos, un lugar regenteado por la Fuerza Aérea durante los años del terrorismo de Estado. Desde el gremio denuncian que no han quedado trabajadores ni para abrir y cerrar la puerta del espacio.
El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) es un espacio clave que resguarda, entre otros, el fondo documental producido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Tiene 5 kilómetros lineales de documentos. Contaba con 103 trabajadores: 36 fueron despedidos y otros 16 no saben qué pasará con sus contratos. La dotación de personal quedó reducida a la mitad. Esto implica, entre otras cosas, que quedó una única persona para responder los oficios judiciales que llegan incesantemente. Lijo también tiene que resolver si dicta una medida de no innovar para proteger el ANM, tal como le solicitó el abogado Pablo Llonto después de que la institución permaneciera cerrada por unas horas el 2 de enero pasado.
Un 10% de los abogados y abogadas que tenía la Secretaría de Derechos Humanos fue desvinculado. En el Centro de Asistencia a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos «Dr. Fernando Ulloa» también hubo despidos. «No vamos a poder acompañar en los juicios de lesa humanidad», dicen.
El vaticinio de parálisis se repite en la mayoría de las áreas, aunque en la exESMA los trabajadores y las trabajadoras respiran otro aire desde el encuentro masivo del sábado: se sienten acompañados en la pelea y saben que demostraron que la memoria sigue ardiendo.
