30 de junio de 2016
Escena uno. Un grupo de jueces y fiscales, actuando como una fuerza de tareas del oficialismo gobernante, no paran de generar sucesos judiciales; desde producir indagatorias y procesamientos hasta excavaciones en búsqueda de bóvedas secretas y dinero enterrado. Nada de ello ocurre sin que antes se produzcan prolijas filtraciones de información hacia medios y periodistas paraoficiales de manera de garantizar que las cámaras no pierdan detalles de los operativos en los que, sin ninguna razón que lo justifique, los detenidos aparecerán convenientemente ataviados con cascos y chalecos antibalas, como si se tratara de peligrosos comandantes de un ejército de terroristas o narcotraficantes. Claro está que todo esto se ve facilitado por la incontrastable existencia de ladrones como José López, con cuya imagen el gobierno intenta mimetizar a todos aquellos que fueron funcionarios del Frente para la Victoria.
Como contribución a la tarea de la que saca rédito, el gobierno de la alianza Cambiemos libera a los servicios de inteligencia para que actúen a su antojo, otorga autogestión a los militares y hace la vista gorda con los judiciales que se niegan a pagar impuesto a las ganancias aduciendo la «intangibilidad del salario». No contento con el cerco mediático de protección que le ofrece la cadena oficial de medios privados, el macrismo y sus aliados radicales intentan por todos los medios generar normas para impedir que los periodistas que no les son fieles informen la identidad de quienes, habiendo ocultado su dinero, ahora están dispuestos a blanquearlo a cambio del perdón fiscal.
Escena dos. El presidente Mauricio Macri dice sin ponerse colorado que no recordaba que tenía millones de pesos colocados en cuentas en el exterior y miente afirmando ser ajeno a las empresas de su entorno familiar, de las que está probado que participa. Mientras tanto, su ministro de Energía, Juan José Aranguren, no encuentra incompatibilidad ética entre ser titular de esa cartera y accionista de Shell. Frente a todo esto la Oficina Anticorrupción, que encabeza Laura Alonso, no considera que tenga que pronunciarse, y los mismos jueces y fiscales que ordenan allanamientos, excavaciones y hasta procesamientos en la escena anterior, entienden que los hechos generados por integrantes del oficialismo, incluyendo las maniobras descubiertas en los llamados «papeles de Panamá», no califican como corrupción.
Las pantallas de los noticieros y de los canales de noticias, que están ocupadas con los procedimientos contra López, Báez, De Vido y otros, carecen, por lo visto, de espacio para dedicarles a estos temas. También para informar a la ciudadanía sobre acciones represivas contra los trabajadores que reclaman para mantener sus fuentes de trabajo o conservar el poder adquisitivo de sus salarios.
No son dos países. Es la Argentina. La misma Argentina donde existe doble estándar para evaluar hechos que, teniendo similar presunción delictiva, acaso se diferencian por cuestiones estéticas o formales. Pareciera que la Justicia persigue a «desprolijos» o improvisados, y exonera a quienes con larga experiencia para evadir los recaudos legales son capaces de mantener las formas demandadas por el sistema capitalista.
A los «desprolijos» se los pena también con el escarnio público a través de los medios de comunicación. A los «prolijos», que además cuentan con una estética más adecuada para la televisión, se les facilitan los micrófonos para señalar acusatoriamente a los primeros.
Son diferentes criterios para evaluar un mismo mal: la corrupción. ¿Será también una expresión de «la grieta»?
