24 de abril de 2013
Entre el rápido tratamiento parlamentario de la reforma judicial impulsada por el oficialismo y el rechazo en pleno de la oposición, un debate caliente. Movilización del 18 de abril. El caso Lázaro Báez.
Senado. Los legisladores de ambas cámaras dieron tratamiento con celeridad a los seis proyectos enviados por el Poder Ejecutivo para modificar el funcionamiento de la Justicia. (Télam)
A medida que se acerca la fecha en la que se realizarán las Primarias Abiertas, Secretas y Obligatorias (PASO) y, por consiguiente, también las elecciones legislativas nacionales, la temperatura política se eleva hasta alcanzar niveles de alta intensidad. Los sectores más duros de la oposición han decidido recurrir a estrategias fuertemente beligerantes para esmerilar al partido gobernante, tal como lo demuestra la intensa campaña proselitista en televisión y vía pública, taxativamente prohibida por las leyes electorales vigentes. Además, a la decisión del oficialismo de impulsar un rápido tratamiento de los proyectos del Ejecutivo le correspondió la cerrada negativa de la totalidad de las fuerzas del espacio opositor a tratar en las comisiones la reforma judicial impulsada por el oficialismo. Dicha actitud y la abierta participación de buena parte de su dirigencia en la convocatoria de la protesta bautizada 18A son claros ejemplos de un comportamiento que desde 2009 en adelante les ha aportado más frustraciones que satisfacciones. Cercanos en el tiempo están el fracaso del denominado Grupo A en ambas cámaras del Congreso y el desmoronamiento electoral de las alianzas contra natura que participaron de los últimos comicios presidenciales.
En rigor, la «democratización de la Justicia», dada su importancia y trascendencia, merecía un debate más profundo, participativo y extendido en el tiempo, tal como sucedió en su momento con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, habida cuenta de que las objeciones planteadas provienen no sólo del núcleo duro opositor adverso a todas las iniciativas oficiales sin proponer alternativas o de los sectores más elitistas del Poder Judicial que rechazan con virulencia lo que consideran son intromisiones en su feudo. Por el contrario, muchas de ellas fueron formuladas por organizaciones sociales y profesionales progresistas y aun cercanas a los puntos de vista del kirchnerismo, a las cuales se consultó tardíamente cuando ya había comenzado y hasta culminado en algunos casos el tratamiento en comisiones.
Con cautela
En ese sentido, algunos de los cuestionamientos más fundados los aportó el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asociación de Abogados Laboralistas y están referidos en especial a la limitación de las medidas cautelares, que en la redacción original del proyecto y con el argumento de evitar el abuso que de ellas hacen los grandes grupos económicos, establecía que sólo podían aspirar a una decisión de esa naturaleza los individuos o colectivos que resultaran directamente afectados por situaciones atentatorias contra el derecho a la vida, la salud, la alimentación o el medio ambiente. La impugnación se basa en que existen numerosos casos en los cuales los referidos derechos pueden ser afectados indirectamente. Como señaló Horacio Verbitsky en una de sus habituales notas dominicales del matutino Página/12, «cuando se trata de relaciones de contenido patrimonial entre el Estado y las empresas, la regulación es valiosa, porque el Estado protege el interés social y la voluntad popular. Pero hay muchas situaciones en las que aun sin estar en juego “en forma directa” la vida, la salud, la alimentación ni el medio ambiente, las medidas cautelares amparan derechos fundamentales de personas o grupos sociales, como la protección de los migrantes contra la expulsión y su derecho a la educación; la definición de alternativas de vivienda de personas desalojadas; la suspensión de normas que limitan en forma inconstitucional la libertad personal; la defensa de la libertad sindical o la exigencia de acciones positivas del Estado, de modo de garantizar derechos en condiciones de igualdad. No es aceptable equiparar las cautelares en casos meramente patrimoniales, en los que el Estado suele ser la parte más débil de la relación, con aquellas que pueden oponerse a ciertos actos estatales violatorios de derechos fundamentales a favor de personas o colectivos indefensos».
Protesta. Miles de manifestantes hicieron oír su reclamo en la ciudad de Buenos Aires. (Horacio Paone)
Otros aspectos cuestionados son la exigencia de una garantía o caución con el fin de garantizar una compensación al demandado en el caso de que gane el juicio, que es de imposible cumplimiento para quienes no acreditan bienes, y el efecto suspensivo de la cautelar cuando existe una apelación, circunstancia que perjudica al que demanda. Algunas de estas objeciones generaron cambios en la redacción de la norma. Es el caso del artículo 17, donde se ha incorporado la precisión de que la limitación para solicitar una medida cautelar no se aplicará «cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la materia», lo cual implica la salvaguarda de los derechos gremiales, y en especial, de la libertad sindical.
Entre quienes consideran imperioso reformar y democratizar el Poder Judicial pero también creen necesario generar un amplio consenso, se promueve discutir a fondo temas como la ampliación y la forma de elección de los miembros del hoy paralizado Consejo de la Magistratura –el organismo que nombra, supervisa y remueve a los jueces nacionales y federales– especialmente en lo que concierne al aumento en el número de sus integrantes, que el propio oficialismo había reducido de 20 a 13, y al requerimiento de una mayoría simple para la toma de decisiones en lugar de los dos tercios actuales.
En cuanto a la elección popular de los consejeros, consideran que se trata de una decisión positiva ya que favorece la participación de sectores hasta el momento marginados, pero entienden que debe garantizarse la inclusión de candidatos extrapartidarios, e incrementar la diversidad de opiniones, para lo cual consideran conveniente evitar que la elección de los consejeros coincida con las presidenciales, donde se acentúa la polarización.
Curiosamente, o no tanto, un tema controvertido, que demanda un elemental conocimiento del funcionamiento de la justicia, fue banalizado por muchos medios de comunicación, en lugar de aportar a la calidad del debate público de una cuestión trascendente.
Cacerola en mano
En ese marco, la reforma se convirtió en uno de los ejes de la protesta que tuvo como escenario la Plaza de Mayo, el Obelisco en la ciudad de Buenos Aires y también en las principales capitales provinciales. La espontaneidad siempre destacada por los voceros corporativos como una característica distintiva de las manifestaciones y cacerolazos opositores quedó como un elemento marginal, ya que en esta oportunidad la mayor parte de los sectores opositores convocaron. Entre ellos estuvo el Jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Mauricio Macri, quien alentó a la gente a participar pero no concurrió a la marcha, para no exponerse a reclamos de los porteños. En tanto la diputada nacional Patricia Bullrich tropezó con su afán de protagonismo. En una entrevista con el diario La Nación se atribuyó el carácter de «articuladora» de la movilización y debió luego pedir disculpas ante la reacción de quienes difundieron la convocatoria por las redes sociales. De igual modo, se debe consignar la participación de representantes de la dirigencia política que, en esta marcha se dejaron ver junto a los manifestantes. Sin duda eso no contradice la presencia de numerosos sectores independientes y personas que encarnan ciertos malestares por algunas políticas oficiales y los expresaron en la calle.
Con todo, se percibe la falta de un líder capaz de articular tanta heterogeneidad y convertir en realidad la utopía de un frente nacional opositor que pueda transformarse en alternativa para 2015, más allá de los riesgos que implica gobernar sin un programa e intentar conformar a una variopinta multitud no exenta de contradicciones, entre ellas, exaltar la libertad de expresión pero compartir la calle con quienes agreden a equipos periodísticos, o levantar las banderas del republicanismo y entusiasmarse con la iniciativa de impedir el tratamiento de las leyes en el Parlamento, impulsada, créase o no, por la diputada Elisa Carrió. Por ahora, «el Henrique Capriles criollo» buscado por muchos no se vislumbra en el horizonte y ciertos dirigentes parecen no comprender que están inermes ante el que debería ser su auditorio, porque esa multitud, antes que una solución los considera parte del problema.
Al clima de la marcha seguramente hicieron su aporte las denuncias difundidas en el programa televisivo de Jorge Lanata, instalado en uno de los grandes y más poderosos grupos mediáticos, que si bien involucraban al empresario Lázaro Báez, apuntaron directamente a Néstor y Cristina Kirchner.
Así mucha gente se embanderó durante esa expresión callejera con consignas anticorrupción, un tema altamente sensible para la opinión pública que acompaña a los argentinos prácticamente desde los albores de la posdictadura y que en muy pocos casos ha encontrado, al final del periplo tribunalicio de rigor en cada caso, la condena judicial. Por eso más allá del escándalo mediático, potenciado esta vez por las idas y vueltas de los principales testimonios y las bizarras discusiones en programas de chimentos ya que estaban vinculados con figuras de la farándula, es preciso que el curso judicial abierto en estos mismos días para investigar el tema llegue lo más rápidamente posible a buen término. Esa será la única forma de evitar manipulaciones y suspicacias.
