Mientras proclamaba su adhesión a los postulados del libre mercado, el gobierno generó un conflicto internacional por el intento de impedir el ingreso a organizaciones críticas del sistema de comercio. El juez Bonadio y sus prisiones preventivas.
13 de diciembre de 2017
Luego del escándalo internacional generado por la decisión de prohibir el ingreso al país a integrantes de ONG que habían sido autorizadas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), el presidente Mauricio Macri abrió, con un discurso de fuerte tono librecambista, la XI Conferencia Ministerial (MC11), un adelanto del encuentro entre los líderes de los países del G20 de 2018 y una ocasión para dar las últimas puntadas al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
Macri defendió la libertad de comercio, fustigó el proteccionismo y dijo que celebraba la realización en estas costas de una cumbre que «nos permite renovar nuestro firme compromiso con el fortalecimiento del sistema multilateral del comercio, que nos llevará a mejorar la vida de nuestra gente».
El presidente argentino agradeció la presencia de los mandatarios de Brasil, Michel Temer, de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Paraguay, Horacio Cartes. Con ellos y los representantes de Colombia, Chile, Guyana, México, Perú y Surinam firmaron la Declaración de Buenos Aires, en la que se comprometen a promover un «comercio abierto, con reglas, transparente, inclusivo, no discriminatorio y no discriminativo» que esté dotado «de las herramientas que le permitan afrontar los desafíos del siglo XXI».
El brasileño confió a medios de su país que esperaba acelerar los últimos detalles para la firma del Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea (UE), algo que podría ocurrir en Brasilia antes de fin de año. El acuerdo con la UE se tramita desde hace 22 años. Los gobiernos de Lula da Silva y Néstor y Cristina Kirchner lo fueron demorando porque consideraban que ponía en riesgo a la industria local sin ofrecer demasiadas ventajas para los productores primarios.
Seguridad bajo críticas
La nota de este encuentro global la dio el gobierno nacional al prohibir la entrada de unos 60 miembros de ONG, medios alternativos y activistas que ya tenían autorización de la OMC para intervenir en el MC11. La chispa saltó cuando el noruego Petter Titland, titular de Attac Norge, fue retenido en Ezeiza y deportado a Brasil. Lo mismo se hizo con la periodista británica Sally Burch, de la Agencia Latinoamericana de Información. El gobierno noruego y el ecuatoriano presentarons las quejas de rigor y el escándalo fue creciendo hasta que debieron levantar la prohibición.
La excusa del área de Seguridad fue que habían revisado antecedentes y publicaciones en las redes sociales y los consideraban violentos. El grupo Attac (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana) propugna la aplicación de una tasa a los capitales financieros que circulan por el mundo de acuerdo con las tesis del Premio Nobel de Economía de 1971, James Tobin, un liberal que proponía usar esos tributos en planes sociales, reducción de la pobreza y el cuidado del medio ambiente.
La excanciller Susana Malcorra, presidenta de la MC11, debió dar la cara por el incidente. «No es mi responsabilidad manejar ese tema. Lo único que puedo decir es que están autorizadas 600 personas, y es cierto que hay un número, de alrededor de 60, que no fueron autorizadas. Cuando se viene a la Argentina se tiene que venir con una visa».
El endurecimiento de los controles y de las medidas represivas del gobierno nacional son evidentes desde que, al asumir, creó un nuevo protocolo de seguridad. Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron dos casos emblemáticos. Pero vale recordar que a poco de haber jurado su cargo, la ministra Patricia Bullrich quedó en el ojo de la tormenta por la violenta represión con balas de goma contra los trabajadores del frigorífico Cresta Roja.
El Poder Judicial también hizo su aporte con las detenciones de exmiembros del anterior gobierno, en algún caso, por causas que ya tenían más de cinco años.
El apresamiento del exvicepresidente Amado Boudou impactó porque fue filmado en plena madrugada, esposado y descalzo en su residencia mientras le leían sus derechos. La detención de Lázaro Báez, mostrado con chaleco antibalas y casco, había adelantado que la exhibición de los procesados y de la parafernalia policial marcarían este «cambio de época».
La detención del excandidato a vicepresidente y exsecretario legal y técnico, Carlos Zanini, fue también otra muestra de «marketing político», cuestionaron desde rincones opositores no solo alineados con el kirchnerismo. También detuvieron a Luis DʼElía, Fernando Esteche y Jorge Khalil mientras que al exministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, se le concedió la prisión domiciliaria por su estado de salud. El juez Claudio Bonadio pidió el desafuero y la detención de Cristina Fernández de Kirchner.
Es una vuelta de tuerca a la denuncia del fiscal Alberto Nisman por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Desestimada por el juez Daniel Rafecas, luego por la Cámara y por Casación Penal, volvió a Tribunales con una nueva figura, traición a la patria.
Doctrina Irurzun
El juez que le encontró un resquicio al artículo 119 de la Constitución Nacional para sentar en el banquillo a Cristina Fernández, un proceso criticado por juristas de todos los sectores, es el que más denuncias acumula en su contra en el Consejo de la Magistratura y que en 2005 fue separado de la instrucción del atentado a la AMIA por «falta de imparcialidad» y por tener un doble rol de magistrado y sospechoso.
Esta arremetida desatapó un huracán que afecta tanto al gobierno como a la oposición y despertó las mayores conjeturas sobre las reales motivaciones de Bonadio. Para Cristina Fernández, «Macri es el director de orquesta y Bonadio el ejecutor» de una operación destinada a quitar del debate mediático iniciativas que afectarán derechos del grueso de la población, a votarse en extraordinarias.
Los analistas sugieren una coordinación entre Bonadio y el camarista Martín Irurzun, creador de la llamada «doctrina Irurzun», por la cual una persona puede ser detenida aun sin condena si el juez entiende que hay riesgo de fuga o puede interferir en la investigación. Lo que se cuestiona en los casos de Boudou y del exministro Julio De Vido, por ejemplo, es que mientras estuvieron en el poder nunca habían sido apresados por las mismas causas. «¿Ahora son más peligrosos que antes?», ironizan.
Esto despierta alarmas también en el gobierno. No son pocos los que ven a los juzgados de Comodoro Py en estado de anarquía y temen un futuro búmeran. La misma doctrina podría ser aplicada más temprano que tarde contra los integrantes de este gabinete y el propio Macri, que por ahora logran sobreseimientos en cada una de las denuncias en su contra. Varias de esas causas tienen vinculación con fondos y cuentas en paraísos fiscales. Uno de los objetivos de Attac es el combate de esos artilugios para la evasión impositiva. ¿Será ese el motivo del celo aplicado a los controles migratorios para sus integrantes?
