Política

De eso no se habla

En el contexto del agravamiento de la situación social, sobre todo en el Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mar del Plata, se lleva adelante el tramo final de la campaña electoral. Para el oficialismo, el tema no forma parte de la agenda de debate.

Conurbano Sur. Sus zonas periféricas conforman la región con peores indicadores según un estudio titulado «Segundo monitor del clima social». (Nazareno Ausa)

En el tramo final de la campaña para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se realizarán el 13 de agosto, las discusiones y propuestas de la mayoría de los precandidatos se han centrado en cuestiones como los supuestos hechos de corrupción del gobierno anterior, que no constituyen la preocupación central de buena parte de los sectores más desfavorecidos, agredidos por políticas que los sumergen en inéditos niveles de pobreza y exclusión. En tanto, los bloques parlamentarios del oficialismo y de la oposición funcional al gobierno parecen más ocupados en atender las presiones del Poder Ejecutivo para lograr el desafuero de un diputado que, por ejemplo, en impulsar leyes que intervengan en los distintos eslabones de la cadena productiva para controlar los precios al consumidor, reimpulsar la vetada ley que prohíbe los despidos o aliviar los costos tarifarios de las pymes y empresas recuperadas.
Además de los datos proporcionadas por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) y la Universidad Católica Argentina (UCA) que demuestran claramente que la pobreza y la indigencia crecen permanentemente en los grandes centros urbanos, existen otros, más acotados, que reflejan la dramática situación social que se vive en el Conurbano Bonaerense, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, La Plata, Mar del Plata y Concordia, para solo citar los lugares donde la crisis es más evidente.

Números reveladores
Los resultados del Segundo Monitor del Clima Social –emprendimiento que es producto de un acuerdo entre la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (AMET) y la Universidad de Hurlingham– deberían encender luces de alarma. El estudio indica que la región con peores indicadores es el segundo cordón del Conurbano Sur. El 70% de los entrevistados afirmó haber limitado la cantidad de productos que consume, el 74% ha recurrido a segundas marcas y limitado los espacios de recreación, el 35% no consume carnes con frecuencia y el 43% aseguró haber disminuido la porción de comida por insuficiencia de recursos. La carga dramática del cuadro se acentúa si se considera que el 22% reconoció haber tenido hambre alguna vez en los últimos doce meses. En los que respecta a la salud, el 54% compró menos medicamentos o tuvo que cambiar de marca debido a los altos costos de los productos farmacéuticos.
El panorama no es mejor en La Matanza, donde la intendenta Verónica Magario admitió la imposibilidad de «sostener la situación social que se está generando». Los comedores escolares funcionan con el aporte del municipio, el 25% de los locales comerciales han cerrado sus puertas, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, y el hambre es una realidad concreta. En tanto, en Moreno, uno de los distritos más poblados del Conurbano –600.000 habitantes– el intendente Walter Festa ha solicitado que se declare la «emergencia social»debido a la angustiosa situación laboral, alimentaria y farmacológica. Los planes municipales para asistir a 20.000 personas que no tienen qué llevar a la mesa demandan una inversión de dos millones y medio de pesos y solo en remedios deberán gastar este año diez veces más que en 2015 debido a la falta de acompañamiento de las autoridades provinciales. En los comedores escolares se congeló el número de comensales por lo cual una cuarta parte de los alumnos quedan fuera del programa «Desayuno y meriendas completas».
Mar del Plata no exhibe números mejores. El 30,6% de sus habitantes vive en hogares pobres, mientras que el 7% es indigente, según se desprende del informe sociolaboral del Partido de General Pueyrredón, publicado por el Grupo de Estudios del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas. Los porcentajes se traducen en que alrededor de 190.000 habitantes cayeron en la pobreza y 43.300 en la indigencia, de acuerdo con una estimación que se realizó con datos y bases oficiales, correspondientes al año pasado.
La información proporcionada por la Fundación Crear desde la Educación Popular, donde se capacitan jóvenes para la búsqueda de trabajo, señala que en La Plata, la tasa de desempleo de los menores de 29 años bordea el 40%. No puede extrañar entonces que allí y en Berisso haya alrededor de quince nodos de trueque, espacios que suelen funcionar en casas, clubes u organizaciones barriales. Esta modalidad, indicativa del agravamiento de la crisis social, se ha extendido a todo el país, incluyendo localidades que hace años no estaban entre las más carenciadas como Tandil, Chivilcoy, Villaguay y Chascomús. Se estima que existen unas 800 en todo el territorio nacional.

Problema extra
El Gran Córdoba y el Gran Rosario son dos de las zonas más castigadas. Según el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes) la indigencia en el Conurbano cordobés es mayor que la del promedio del país (6,1%) y la pobreza asciende al 40,5%. La tasa rosarina equivale a dos tercios de la cordobesa, pero esto se debe a la cantidad de integrantes de cada hogar pobre. Mientras que en el Gran Córdoba se registra un promedio de 5,83 miembros, en el Gran Rosario –donde 50.000 familias que involucran a 230.000 personas viven en 174 villas o asentamientos–es de 4,71 integrantes.
Pero los cordobeses tienen un problema adicional: la persecución sistemática a los jóvenes vulnerables. Un reciente fallo del juez de Control de Faltas Nº 7, Esteban Díaz, declaró «arbitrarios» los procedimientos policiales realizados hace dos años en algunos barrios vulnerables de la ciudad. Al respecto, la abogada Victoria Siloff, miembro del Encuentro de Organizaciones (EO) puntualiza: «Ha quedado demostrado en este proceso judicial la ilegalidad de estos procedimientos, el daño ocasionado a estos vecinos y vecinas, el carácter racista, la violación sistemática por parte de las fuerzas policiales de los derechos humanos de la ciudadanía cordobesa. Si un ciudadano viola la ley, el sistema lo castiga, lo sanciona, pero si quien viola la ley es el mismo Estado, no aplica ninguna sanción».