El gobierno derogó y modificó decenas de leyes a través de un decreto y desistió de la anunciada convocatoria a sesiones extraordinarias. Denuncia judicial y reacciones de la oposición. Tenso clima sindical ante el inicio de las paritarias.
24 de enero de 2018
Nadie puede llamarse a sorpresa con el «mega» DNU 27/2018, que el gobierno publicó en el Boletín Oficial el 11 de enero pasado. Después de todo, entre las primeras medidas trascendentes que tomó el presidente Mauricio Macri no bien asumió el cargo, el 10 de diciembre de 2015, se destacaron dos polémicos DNU. Uno para nombrar a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otro que desarticuló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que luego de años de intensos debates a lo largo de todo el país y múltiples instancias judiciales, quedó en el arcón del olvido, al menos en su articulado anticoncentración.
En el caso de la Corte, el rechazo fue tan contundente, incluso desde las propias filas de Cambiemos, que obligaron a dar marcha atrás y esperar la designación que la Constitución exige. Desde entonces hubo una tensión interna dentro de la alianza gobernante entre un ala dura que aspira a ir a fondo con su programa de reformulación del Estado sin miramientos y otra más acuerdista y con cierto prurito institucional.
Pero la controvertida votación por la reforma previsional en diciembre último fue un golpe que aún no se termina de digerir puertas adentro de Balcarce 50. La violenta represión de las protestas encontró voces de justificación en los medios hegemónicos. Pero nadie se llamó a engaño dentro del oficialismo: entre los que a pesar de esa misma represión salieron a protestar frente al Congreso Nacional y a cacerolear en calles y plazas había muchos opositores pero también votantes de Cambiemos que se sintieron estafados por promesas electorales que en esas tensas jornadas se tiraban por la borda.
Nulidad absoluta
El mega DNU, que bajo la consigna de «desburocratizar y simplificar» al Estado tiene 22 capítulos y 192 artículos que derogan 19 leyes y modifican otras 140, levantó críticas desde todos los sectores de la oposición. Hay varios aspectos que fueron especialmente cuestionados. Uno es el artículo que habilita el embargo de salarios, otro el que autoriza al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a realizar operaciones financieras. Además, el DNU redefine las tareas de la Unidad de Información Financiera en relación con casos de evasión, permite crear puertos y aeropuertos privados y facilita la condonación de aportes patronales.
«El DNU es una usurpación de actividades y potestades legislativas, taxativamente prohibidas por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que dice que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta emitir disposiciones legislativas», aseguró el constitucionalista Eduardo Barcesat. «Se trata de un golpe de Estado institucional porque se quebranta la rigurosa regulación que tiene la Carta Magna», no dudó en definir el profesor titular consulto de la Facultad de Derecho de la UBA. Barcesat denunció penalmente a Macri y sus ministros por violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad en concurso con malversación de caudales públicos y prevaricato. El caso recayó en el juzgado del magistrado Ariel Lijo.
¿Qué puede pasar con el mega DNU en el Congreso? El Poder Ejecutivo debe girar el dictamen a la Comisión Bicameral Permanente (CBP), la que debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. La CBP está integrada por ocho diputados y ocho senadores y el oficialismo ya se garantizó una mayoría que le podría permitir el bloqueo de cualquier rechazo.
Sin embargo, el presidente del bloque del Frente para la Victoria (FPV), Agustín Rossi, tras señalar que «el DNU no es una ley y está regulado por la Constitución», confiaba en poder tratarlo durante este mes a pesar de que el gobierno decidió no convocar a sesiones extraordinarias. Para ello se deben reunir 129 diputados, lo cual requiere el acuerdo del FPV, el bloque del PJ, el Frente Renovador, el Movimiento Evita y la izquierda.
Reforma por otra vía
Los viejos popes de la CGT, encabezados por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, pero con la presencia de dirigentes de otros sectores, como el bancario Sergio Palazzo, el canillita Omar Plaini y Omar Maturano, de La Fraternidad, se juntaron en Mar del Plata para lanzar un documento de fuerte tono crítico contra la reforma laboral y previsional, el plan económico, el DNU 27 y el intento del gobierno de planchar las paritarias en un 15%. Desde los medios oficialistas replicaron con denuncias contra esos mismos sindicalistas en una suerte de carpetazo público que incluye en una causa por facturas truchas a Hugo Moyano, Carlos Acuña y Luis Barrionuevo. Simultáneamente se anunciaba el recorte de 1.000 millones de pesos a las obras sociales que recibían de manera automática los gremios para financiar servicios de salud de los trabajadores.
Y con otro decreto, el número 52, Macri eliminó la paritaria nacional docente, medida que será denunciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ante organismos internacionales. «El decreto es una clara destrucción de la paritaria nacional. Elimina la posibilidad de discutir el salario básico nacional. Es el ajuste que tenían planeado con la reforma laboral pero aplicado rama por rama», afirmó Sonia Alesso, secretaria general de CTERA.
En este contexto, el gobierno se vio envuelto en un escándalo por la denuncia de una empleada del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. La difusión de un audio donde el funcionario maltrataba a Sandra Heredia fue apenas la punta del iceberg. Luego se sabría que la mujer había trabajado en negro y que además había sido contratada para trabajar en el SOMU, gremio intervenido por el gobierno.
En este escenario, es entendible que el gobierno no quiera someterse a la puja legislativa. Es que los debates públicos no solo exponen al oficialismo, también dejan al descubierto a sectores de la oposición que suelen acompañar al gobierno en medidas por demás irritativas para los votantes.
Informe: Franco Mizrahi
