Política | MEDIDAS Y REACCIONES

Decreto a la cacerola

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Demián Verduga

El presidente anunció un DNU que pretende derribar décadas de legislación sin pasar por el Congreso. Desregulación y privatización, ejes de un proyecto cuya viabilidad jurídica y política está en cuestión.

Cadena nacional. Javier Milei y su gabinete durante el mensaje grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Foto: NA

El mensaje duró 16 minutos. El presidente Javier Milei estaba sentado detrás de un escritorio señorial en el Salón Blanco de la Casa Rosada. A sus espaldas, los ministros del gabinete mantenían una expresión adusta y había un invitado: el economista Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri y exmiembro del equipo económico de Fernando de la Rúa; dos antecedentes que no son como para sacar pecho y buscar el Nobel.
Sturzenegger miraba de reojo a Milei, que leía la creación jurídica del exfuncionario de la Alianza: el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que pretende derribar décadas de legislación argentina sin pasar por el Congreso Nacional.
La norma firmada por Milei en la noche del 20 de diciembre es tan amplia que modifica desde el derecho de huelga hasta el estatuto jurídico de los clubes de fútbol. Sus ejes fundamentales son: una desregulación económica más ambiciosa que la impulsada por la última dictadura militar y la demolición de todas las normas que protegen a los trabajadores y a la clase media. 
Algunos puntos centrales: 
*Declara servicio esencial a una gran cantidad de actividades, entre ellas los servicios de educación, producción de medicamentos, transporte público, comercialización del combustible, servicios de telecomunicación y bancarios. Al ser englobados en este marco, el derecho a la huelga se limita porque es obligatorio garantizar un servicio de entre un 50% y un 75%, según la rama. 
*Prohíbe las asambleas de trabajadores en los lugares de trabajo. 
*El período de prueba se extiende a ocho meses.
*Autoriza a cada convenio colectivo a buscar formas de indemnización alternativas a la ley actual y propone revisar la «ultraactividad», es decir, los acuerdos salariales por rama.
Entre los puntos que pulverizan el bolsillo de la clase media se destacan: 
*La derogación la Ley de Alquileres, que permite pactar en cualquier moneda y elimina los índices para los aumentos. 
*Libera los precios de la medicina prepaga, que hasta ahora debían pasar por la aprobación del Ejecutivo. 
*Deja sin limitación a los intereses que puedan aplicar los bancos sobre las tarjetas de crédito. 
Estos son solo algunos ejemplos del impacto inmediato en la vida cotidiana. También deroga la Ley de Abastecimiento, la de Tierras, la de Servicios de Comunicación Audiovisual. Deshace las sociedades del Estado para que todas sean sociedades anónimas y abrir la privatización. Se propone refundar la estructura legal argentina de una forma que solo utilizaron las dictaduras.

Viabilidad y reacciones
La apuesta de Milei camina por un terreno complejo. El mandatario parece inspirarse en el expresidente de Perú Alberto Fujimori, que en la década de 1990 reformó a piacere la Constitución de su país sentado en un escritorio. Antes había hecho un golpe de Estado clásico, el Fujimorazo, y cerrado el Congreso. 
Otro ejemplo de reformas de esta magnitud, dejando de lado el sesgo ideológico, son las que implementó Hugo Chávez en Venezuela, en ese caso por izquierda, pero luego de ganar elecciones por el 60% en primera vuelta. 
Es decir que los giros con la profundidad del que propone Milei suelen llevarse a cabo en dos tipos de contextos políticos: una dictadura militar o un respaldo popular tan potente que permita que dos tercios del Congreso apoyen el rumbo, como sucede hoy con el derechista Nayib Bukele en El Salvador. Milei, por ahora, no dio un golpe y saco solo el 29% de los votos en la primera vuelta. 
Antes de que se conociera el DNU, el abogado constitucionalista y dirigente de la UCR Ricardo Gil Lavedra había planteado una definición: «El principio republicano de gobierno consagrado en la Constitución Nacional indica que quien legisla es el Congreso. El DNU debe ser una excepción». Milei lo transformó en regla. 
Los amparos inundarán Tribunales en los próximos días. Y entonces se verá si por esta vez la Justicia Federal pone por delante la Constitución. El accionar del Poder Judicial durante la última década, la del denominado lawfare, no inspira demasiada confianza. Sin embargo, pueden aparecer sorpresas. 
Detrás de la norma están escondidos una serie de grupos económicos que son los grandes beneficiarios de la medida y tienen una fuerte ascendencia sobre la Justicia. Habrá que ver qué pesa más en los juzgados.
Lo formal que viene por delante es que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, tiene 10 días hábiles para enviar la norma al Congreso, donde deberá ser tratada por la Comisión Bicameral. Luego, para ser anulada, debería ser rechazada por ambas cámaras. No es un trámite fácil. La Comisión aún no fue constituida y los tiempos de la negociación política no suelen ser los más veloces. El punto es que es tan desmesurada la pretensión del presidente que probablemente haya reacciones excepcionales en otros ámbitos del poder estatal.
Las centrales sindicales dejaron de lado su estilo pausado y ante la magnitud de las medidas evalúan una huelga general. Es otro síntoma que muestra las dificultades que tendrá Milei para estabilizar política y socialmente su mega DNU. 

Máquina del tiempo
Habían pasado cinco minutos desde que el presidente había terminado de leer el decreto, con el que emuló a los zares de la Rusia del siglo XIX, y en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a escucharse un golpeteo. Eran miles de personas que hacían sonar cacerolas, fuentes de pizza, cucharas soperas. Parecía que una máquina del tiempo había traído desde el pasado la explosión social de diciembre de 2001. 
A las cacerolas le siguieron manifestaciones en distintos puntos de la CABA, el Conurbano, y otras ciudades del país. El centro neurálgico fue la Plaza del Congreso. 
El interrogante que dejó la reacción espontánea es cuántas de esas personas eran votantes del Milei. En un primer análisis daría la impresión de que la mayoría habían acompañado a Unión por la Patria en el balotaje del 19 de noviembre. 
A pesar del impacto de las primeras medidas de ajuste, más este avance sobre las potestades del Congreso, Milei lleva recién 10 días en la jefatura del Estado. Es poco tiempo para que se arrepienta una porción significativa de su electorado. No es posible afirmar que el presidente perdió el apoyo de la mayoría de la sociedad. Los efectos del ajuste se sienten, aunque no en toda su magnitud. Por doloroso que suene, experimentar el impacto de las políticas de Milei es lo que provocará el giro que cambiará la relación de fuerzas.

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