Política

Derechos en la mira

Declaraciones del presidente Macri contra la Justicia laboral e intervenciones a sindicatos configuran la antesala de un intento de reforma de la legislación que protege a los empleados en relación de dependencia. Respuesta de los abogados del sector.


Canillitas. El gremio fue intervenido y la sede ocupada por gendarmes. Omar Plaini, destituido por un juez penal. (Dyn)

Con afirmaciones del presidente Mauricio Macri y de representantes de las grandes empresas, se afianza una embestida contra el modelo de protección de los derechos de los trabajadores que no deja dudas en el mundo sindical acerca de que el gobierno nacional busca una reforma laboral regresiva.
Y a esta altura ya tienen más de un botón de muestra para esta interpretación de hechos que se vienen sumando desde el 10 de diciembre de 2015. La primera señal, destacan en los foros jurídicos, fue el intento de nombrar a dos jueces de la Corte Suprema por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Si bien no está específicamente relacionado con lo laboral, esta suerte de «pecado original» se replicó en el ámbito de la Justicia en general y se verificó especialmente en el universo del trabajo.
En este contexto, a la catarata de despidos y cierres de fábricas de los últimos meses, se le sumó una andanada de explicaciones que tienden a construir un sentido común que culpa de la crisis económica no solo a la «herencia recibida», sino también a beneficios laborales que «atentan contra la productividad» y el «clima favorable a las inversiones».
Es así que el presidente viene fustigando a lo que llama la «mafia» de abogados que –recurriendo a una vieja figura aplicada por la derecha– trabajan en una suerte de sociedad espuria con jueces laborales. Los letrados, según Macri, convencen «a los trabajadores de hacer un juicio indebido y se lo hacen ganar porque tienen armadita la cosa para llevarse la mayor parte del juicio ellos». El primer mandatario le puso nombre y apellido al jefe de esta presunta mafia: el veterano laboralista y diputado por el Frente para la Victoria, Héctor Recalde.
Desde algunos medios alineados con el gobierno acompañaron este discurso agregando que muchas pymes bajan las persianas porque son víctimas de la conflictividad laboral.
El debate se profundizó cuando, a comienzos de año, el oficialismo impulsó una reforma a la ley de ART, que primero intentó imponer con un DNU. El ataque contra quienes rechazaban la norma fue intenso. Sobre todo en un escenario en el que la Asociación Bancaria había logrado el aval de una Cámara laboral a un acuerdo paritario firmado con las patronales superior al techo que planteaba el Ministerio de Trabajo y que este se negaba a homologar. Los camaristas Enrique Arias Gilbert y Graciela Marino terminaron acusados de mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave e incumplimiento de la Constitución Nacional y enfrentan la amenaza de un juicio político.


Recalde. El diputado fue acusado por el gobierno de dirigir una mafia en el fuero del trabajo. (Jorge Aloy)

Pero el gobierno también cuenta con aliados en la cúpula del Poder Judicial para esta política de avance sobre derechos consagrados hace décadas. En un fallo interpretado como una fuerte señal de la Corte Suprema hacia los jueces subalternos, saltó sobre expedientes de mayor premura y resolvió el caso López, Enrique Eduardo c/ Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. s/ accidente ley especial, contrariando la jurisprudencia en tanto dictaminó que el trabajador debe pagar las costas de un juicio con fallo adverso.

La parte débil
Las leyes en vigencia consideran que un trabajador es el eslabón más débil en una relación laboral. El fuero respectivo asume dicha debilidad porque el empleado solo tiene para vender su capacidad de trabajo, y no está en condiciones de negociar con el empleador, que no tiene urgencia por el sustento. Un argumento similar se aplica a las leyes que indemnizan a un empleado ante un accidente o un despido. Se suponía en el momento de dictar las normas que en un mundo regido por el interés económico,  una fuerte indemnización por alguna de estas motivaciones obligaría al empresario a extremar precauciones para evitar accidentes y buscar todas las salidas posibles antes de cerrar las puertas. De allí el irónico argumento de los laboralistas: «Ningún trabajador quiere perder una mano para sacarle dinero al patrón».
Este argumento sobrevoló un encuentro que la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) realizó en el Hotel Bauen. La reunión ocurrió días después de que la Justicia penal interviniera el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SIVENDIA) y depusiera a su conductor, el diputado nacional Omar Plaini. Y en vísperas del  aniversario de la Noche de las Corbatas, como se conoció al secuestro y desaparición de  abogados laboralistas en Mar del Plata, entre el 6 y el 13 de julio de 1977. Uno de ellos, Norberto Centeno, había sido redactor de la Ley de Contrato de Trabajo votada en el Congreso democrático en 1974 y en gran medida desarticulada por la dictadura militar ni bien tomó el poder, dos años más tarde  
El titular de la AAL, Matías Cremonte, caracterizó a la ofensiva del gobierno como el intento de «preparar a la opinión pública para su proyecto de desregulación y flexibilidad laboral» para el que precisa, puntualizó, una «Justicia dócil y sumisa que no le ponga palos en las ruedas».
La intervención del SIVENDIA por orden del juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi es el quinto caso desde diciembre de 2015. Antes se habían intervenido el Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), el gremio de los azucareros de Jujuy, los judiciales de Mendoza y el de vigiladores privados. En este último caso, el interventor, Rodolfo Alonso, es un hombre vinculado con el operador del radicalismo Enrique Coti Nosiglia.
La interventora de SOMU fue Gladys González, quien cuando la Justicia determinó la normalización del gremio pasó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Finalmente fue designada como precandidata de Cambiemos a una banca en el Senado Nacional por la provincia de Buenos Aires, acompañando a Esteban Bullrich.
Está claro que para el oficialismo, ser un emblema de la  supuesta  «lucha contra las mafias» es una carta ganadora a jugar ante el desafío de los comicios de medio término.